El empresario Julio Martínez Martínez ha ratificado este martes ante el juez José Luis Calama, instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, el escrito que envió el lunes al magistrado para señalar a José Luis Rodríguez Zapatero como la persona que “marcaba los pasos a seguir” en las gestiones que desembocaron en el rescate de 53 millones de euros que la compañía aérea recibió del Gobierno de Pedro Sánchez tras la pandemia de coronavirus. Varias fuentes presentes en el interrogatorio inciden en que el imputado, que ha declarado durante cerca de tres horas tras imprimir un giro de guion a su estrategia y ofrecerse a “colaborar” con la justicia, ha implicado al expresidente en los trabajos para la aerolínea, pero ha sostenido que él no sabe si el antiguo jefe del Ejecutivo intermedió ante alguien para agilizar la ayuda.
China y Filipinas han vuelto a elevar la tensión en las siempre agitadas aguas del mar del Sur de China. Los dos países han cruzado acusaciones este martes sobre qué parte inició el enfrentamiento que, la víspera, dejó a un marinero de la Armada filipina herido en la cabeza junto al arrecife de Second Thomas (conocido como Ayungin en Filipinas y Ren’ai Jiao en China), uno de los puntos más conflictivos de las disputas marítimas que mantienen las dos naciones asiáticas.
La ministra portavoz, Elma Saiz, ha reiterado este martes la confianza del Gobierno en la presunción de inocencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. “La actuación del Gobierno de España en el rescate de Plus Ultra fue correcta”, ha insistido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También la exvicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha asegurado este martes que mantiene su confianza en el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y ha dicho que las nuevas acusaciones contra él en el caso Plus Ultra responden a “estrategias” de las defensas de otros acusados. Montero se ha referido así a los escritos presentados ante el juez ayer por Julio Martínez Martínez, socio de la consultora Análisis Relevante y amigo del expresidente del Gobierno, y por los directivos de Plus Ultra, en los que involucraban a Zapatero en las gestiones para el rescate de la aerolínea durante la pandemia. Martínez ha declarado hoy ante el juez en la Audiencia Nacional. Mientras, el Gobierno volverá a llevar este martes al Consejo de Ministros la misma senda de déficit para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 que tumbó el Congreso el pasado martes, con 178 votos en contra, y se votará de nuevo en la Cámara Baja en el Pleno del 23 de julio.
Cuando la magistrada Raquel Rodríguez llegó a su nuevo destino el 9 de febrero, encontró una sala prácticamente vacía. Le esperaba una funcionaria sentada frente a una hilera de cuatro mesas. Ella no tenía ni ordenador en su despacho. Así nació el nuevo juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia en Madrid. Un tribunal de nueva creación que echó a andar ya con atasco de procedimientos. Hasta el 16 de julio ha recibido exactamente 3.751 causas. Rodríguez regresa cada tarde a su casa con una maleta llena de papeles. “No te atreves a aparcar o retrasar cosas”, reconoce la jueza. Sabe que aplazar una decisión puede tener consecuencias fatales en la vida de un menor.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de la ley del tabaco, que amplía los espacios sin humo para incluir playas y terrazas, entre otros, y endurece la legislación para vapeadores y otros dispositivos. El texto impulsado por el Ministerio de Sanidad será remitido posteriormente a las Cortes para su tramitación parlamentaria, donde dependerá del apoyo que reciba de fuerzas como el PP y Junts.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, un cambio legislativo que revoluciona la política farmacéutica tal y como ha funcionado en España durante las dos últimas décadas. La principal novedad es que los grupos de medicamentos idénticos, que ahora cuestan todos lo mismo en la farmacia si quieren ser financiados por la sanidad pública, podrán tener distintos precios y será el paciente el que podrá elegir cuál prefiere.