- “¿Me puedo levantar?"
Tres estudiantes del instituto público Rosa Chacel del madrileño distrito de Hortaleza han sido expulsados por la directora del centro, Luisa Capell, como represalia por participar en un artículo publicado por EL PAÍS que informaba de las protestas del alumnado por el cierre de los cuartos de baño en este instituto dedicado a las enseñanzas de Formación Profesional. La directora del Rosa Chacel, Luisa Capell, expone en los partes de expulsión que los tres jóvenes difundieron “a través del periódico EL PAÍS informaciones de ámbito escolar y personal relativas a la directora del centro que pueden menoscabar su imagen y consideración”, lo que tipifica como una falta grave que conlleva la expulsión durante cinco días del centro educativo. Tanto la directora del Rosa Chacel como la consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no han atendido las peticiones de este diario para recabar su versión de los hechos.
Flaubert es insuperable: “De vez en cuando llega una avalancha de mierda y lo sacude todo”, dice el genio con certera escatología sociológica. En las primeras décadas del siglo XXI, esa avalancha tiende a irrumpir después de un proceso de ajustes y reformas, dos eufemismos recalcitrantes de ese detonador sociopolítico que es la palabra recortes. La tijera suele encender una mecha de malestar. En Francia, la novedad es que ni siquiera hacen falta recortes para atizar el fuego: Macron, que llegó cargado de promesas y discursos a lo Kennedy, lleva años sin conjugar verbos como reformar, ajustar y recortar. Y aun así lo tiene todo patas arriba.
He leído con fascinación la novela La república de Jorge Volpi, cuyo tema es la inteligencia artificial concebida como un ente superior capaz de dirigir la instauración de un nuevo orden político de extrema derecha, guiada primero por quien la ha creado, y luego capaz de tomar decisiones por sí misma, como asesora de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos.
No existe probablemente estos días una forma más provechosa de prepararse para acudir a unas elecciones generales que ir al cine. Seguramente cerca de sus casas tengan en cartel la recién estrenada El precio de la red, del director y guionista Aaron Sorkin. La película está basada en una historia real, la de la ingeniera de datos de Facebook Frances Haugen, de quien alguna vez hemos hablado en esta columna. En 2020, alarmada por la pasividad que los responsables de Facebook mostraban ante los daños que sus algoritmos estaban provocando en los procesos electorales, la polarización social o en la salud de los adolescentes, Haugen sacó 22.000 documentos internos de la tecnológica y los filtró al periodista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, que ganó el Premio Pulitzer por la serie de reportajes que escribió sobre la cara oculta de Facebook. Estas revelaciones constituyen el cuerpo probatorio que ha sustentado muchas de las demandas que instituciones o padres de familia han interpuesto contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, en todo el mundo.
Quienes nos alejamos de los extremos y abogamos por la moderación estamos desamparados. Me duele la polarización creciente, alentada por los grupos extremistas y por los políticos. Es fácil caer en ella. Hay enfrentamientos entre familiares y entre amigos, y aumenta la tensión en la calle. Las condiciones debilitan el diálogo y el debate sano. Y no queda nada hasta las elecciones. Quiero reivindicar el centrismo, que pongamos el foco en aquello que nos une a casi todos. Los dos principales partidos, que engloban a la mayoría social, tienen la obligación de llegar a un pacto que aleje a los extremos del poder, como ha ocurrido en otros países europeos. Sé que es muy difícil, pero la política española y la cohesión social tienen que poder reconducirse.
Guau, guau, guau. Élmer Mendoza, el magnífico novelista de Sinaloa, acaba de recibir el premio Letras de la Humanidad en la Cámara de Diputados de México. Cuando intervino para dar las gracias, antes de defender el valor de la educación y la cultura en el difícil mundo que nos envuelve, se puso a ladrar como un perro. Guau, guau, en distintos tonos. Recordó que acababa de visitar un colegio y que había contado a los alumnos el cuento de un perro ladrador. Me sumé al auditorio de diputados, escritores y periodistas para aplaudir y reír, pero mientras ladraba sentí que en realidad yo soy un gato. Hace tiempo que me muevo con sigilo por los pasillos de la casa, voy sin hacer ruido de la biblioteca al dormitorio, de la butaca a la cama, y no necesito que nadie me saque a la calle para hacer mis necesidades. Entre muebles y sombras, me conformo con la arena de una palangana situada en un rincón.
“Buenas tardes, tengo 84 años y toda mi vida ha estado definida por la bomba”. Mitoe Matsumoto tenía tres años y cuatro meses el 9 de agosto de 1945, cuando a las 11.02 de la mañana estalló sobre Nagasaki la segunda bomba atómica que lanzó Estados Unidos contra Japón al final de la II Guerra Mundial. Se trataba de una bomba de plutonio, más potente que la de uranio, que tres días antes había explotado sobre Hiroshima. Nagasaki no era el objetivo y tampoco el barrio sobre el que fue lanzada. Pero el piloto del bombardero B-29 Bockscar vio un claro entre las nubes y decidió soltar el proyectil, cuyo nombre en clave era Fat Man, contra el valle de Urakami, donde vivía una importante población cristiana, unos cuatro kilómetros al norte del centro de la ciudad.
Un perro robot destinado a mejorar la agricultura es el sistema que está desarrollando el Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario con la ayuda de la inteligencia artificial. El objetivo de esta nueva herramienta es analizar el estado de los cultivos y ayudar a decidir cuándo y dónde comenzar la recolección. Según explican sus promotores, este perro robótico recorre explotaciones agrícolas de forma autónoma, permitiendo a los agricultores que tomen las decisiones correctas para mejorar sus producciones.
En el vídeo registrado por la cámara fija del laboratorio del Servicio de Armas de la Guardia Civil de Madrid, se ve al coronel Francisco Pallás entrando con un empleado de la empresa española USP (Uniformidad y Suministros de Protección S.L.) y un guardia, cogen las cajas de cinco fusiles de asalto del instituto armado y comienzan a superponer etiquetas y precintas de la citada empresa sobre los de la Guardia Civil, tapándolos. Esta burda operación, realizada a plena luz del día y con las cámaras de seguridad en funcionamiento, ha sentado esta semana en el banquillo al Coronel, a una directiva de la empresa armamentística y a un empleado de la misma. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el mando de la Guardia Civil por “un delito de falsificación de documento oficial”; y dos años para los miembros de la compañía por lo mismo. El ministerio público entiende que Pallás “falsificó unos documentos para favorecer durante el proceso de licitación a una empresa de cara a la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto”.