Las muestras de que Brasil es un país brutalmente desigual son cotidianas. Esta misma semana quedó cruelmente expuesto. Mientras el porcentaje de familias brasileñas endeudadas bate un nuevo récord (el 80%) y entra con fuerza en el debate electoral, la reacción de una juez ante el temor de perder los extravagantes privilegios de la elite funcionarial ha causado estupefacción. Y escándalo. “Pronto no vamos a poder ni pagar las facturas”, se desahogó la magistrada durante una vista. Eva do Amaral Coelho, que es blanca, fue incluso más allá: “En breve, los jueces estaremos como esos funcionarios que trabajan en régimen de esclavitud”. La señora Coelho cobró en el mes pasado 91.211 reales entre salario y pluses (unos 18.000 dólares). Sus compatriotas lo saben gracias a las leyes de transparencia brasileñas.
Hay dos ojos que han condicionado la vida de los venezolanos durante más de dos décadas. Unos ojos simbólicos, que estuvieron en las fachadas, en las camisetas, en las escaleras de la ciudad. Eran los ojos de Hugo Chávez: una mirada diseñada para sugerir autoridad, vigilancia, omnipresencia. Una mirada que, incluso después de su muerte en 2013, seguía allí, como si el poder no necesitara ya cuerpo, solo presencia. Hoy esos ojos apenas se perciben en las calles de Caracas, la capital de Venezuela. Su rastro se ha ido borrando en las fachadas como se diluyó el aura que envolvió al chavismo. Ahora parece que hay otros ojos. Otra mirada que no está pintada en muros, pero que atraviesa decisiones, expectativas, miedos. Una presencia no física, pero igual de implacable: la de Donald Trump. El país que fue observado desde dentro ahora se siente observado desde fuera. Y en ese cruce de miradas, Venezuela sigue viviendo como siempre: mientras tanto.
Los carteles se amontonan uno encima del otro en los tablones que hay alrededor de la Plaça Major de Badia del Vallès (Barcelona, 13.000 habitantes). Los hay del No a la guerra, de citas célebres de autores literarios e incluso denuncias sociales. Pero los vecinos comentan uno que llama a la población a acudir el sábado delante del Ayuntamiento para participar en el rodaje de una película sobre el municipio. “¡Huy si hay para contar!“, dice Carmen. Solo el nacimiento de Badia ya es peculiar. El municipio fue proyectado en la década de 1960 en el Instituto de la Vivienda franquista como una zona exclusivamente de vivienda de protección oficial (VPO) que debía para solventar la crisis habitacional que sufría el área de Barcelona. La localidad, a unos 12 kilómetros de la capital catalana, acaba de festejar que hace medio siglo llegaron sus primeros vecinos. Esos 50 años, sin embargo, debían suponer otro hito. Badia debía haber dejado atrás el pasado 6 de febrero de 2026 su pasado de polígono de VPO al liberar las últimas 1.216 viviendas protegidas que quedaban tras un proceso de descalificación que arrancó en 2023. Pero un mes antes, la Generalitat decidió que esos pisos iban a seguir siendo protegidos —y, por tanto, sin posibilidad de venderse a precio de mercado— al hallarse en zona una tensionada por la crisis de la vivienda, lo cual ha puesto a los vecinos en pie de guerra.
El 28 de abril de 2025 amaneció soleado y con temperaturas templadas en toda la península Ibérica. La demanda prevista de electricidad era reducida, unos 26 gigavatios (GW), y la oferta de generación más que suficiente para cubrirla. Nada hacía presagiar que, a partir de las 12.32, ajenos a lo que pudiera haber ocurrido, millones de consumidores se dirigirían al cuadro eléctrico de sus casas para comprobar el automático pues se habían quedado sin luz. El caos en el transporte no tardó en aparecer: muchos pasajeros se vieron atrapados en trenes sin suministro eléctrico o en vehículos que no podían avanzar ante semáforos apagados. Las industrias pararon su producción y la inmensa mayoría de los negocios tuvo que echar el cierre. Para mayor asombro de los usuarios, también los teléfonos móviles y los equipos informáticos dejaron de funcionar.
En sus dos años y medio, más de media legislatura, al frente del Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez (Abenójar, Ciudad Real, 44 años) dice que su mayor espina clavada es la dificultad de traducir en acuerdos parlamentarios “lo que forma parte del consenso social, económico, académico y de las soluciones al problema de la vivienda”. La ministra pone énfasis durante toda la entrevista en palabras como “consenso”, “pacto” o “acuerdo”, aunque no rehúye alusiones a algunas comunidades autónomas con las que su departamento ha chocado. Atiende a EL PAÍS un día después de aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que pone el foco en el blindaje a perpetuidad de las casas protegidas, y un día antes de visitar Andalucía en plena precampaña electoral.
Se hace de noche en Long Beach, la playa que bordea Georgetown, la capital de Isla de Ascensión. En la orilla, algo se mueve. Una masa oscura y enorme emerge del oleaje con una lentitud que parece deliberada. Es una hembra de tortuga verde (Chelonia mydas), que puede llegar a medir 1,3 metros y pesar más de 150 kilos de peso, y que acaba de cruzar 2.300 kilómetros de océano abierto desde las costas de Brasil. Ha tardado seis semanas. En el camino no ha comido nada. Está volviendo a la misma playa en la que nació. Y ahora tiene un trabajo que hacer.
La economía española afronta las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo en una situación más ventajosa de la que prevalece en otros países de su entorno. La inercia del ciclo expansivo, junto con la menor dependencia de los hidrocarburos, y un plus inesperado de turismo, garantizan un crecimiento del PIB relativamente vigoroso. Pero el propio dinamismo de la economía hace que el riesgo de inflación sea también mayor, y que el mix de políticas no deba coincidir con el que sería aconsejable en las otras grandes economías europeas.
El encarecimiento de las materias primas en los mercados internacionales empieza a trasladarse a la industria española. El índice de precios industriales elaborado por el INE se incrementó en marzo un 6,5%, quebrando la senda de estabilidad (en los doce meses anteriores, el indicador registró incluso un leve descenso, del 0,6%, en términos medios mensuales). Destaca la subida de los derivados de la energía y, en menor medida, de los metales basados en aluminio y de algunos productos químicos, afectados por la rarefacción del plástico y la escasez de hidrocarburos.
El Govern y Comuns han reactivado los contactos para allanar un futuro acuerdo presupuestario, a la espera de que el Ejecutivo cierre primero un pacto con Esquerra, imprescindible para garantizar la mayoría en el Parlament. El movimiento prepara el terreno para que, si finalmente llega la luz verde republicana, las negociaciones con el Ejecutivo se concreten lo antes posible. Los comunes pretenden poner el foco en las políticas de vivienda y reclaman la creación de una Dirección General de Disciplina de Vivienda que centralice a los inspectores que deben aplicar el régimen sancionador contra el fraude en el alquiler.
La frustración del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la reunión con el resto de líderes de la cumbre de Chipre este viernes era evidente. Tres días antes había comprobado que la propuesta conjunta de España, Irlanda y Eslovenia de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel por violar el derecho internacional volvía a encallar en el Consejo de la UE de Asuntos Exteriores. La situación se repetía la noche anterior, el jueves: “Desgraciadamente, hay Gobiernos que están a favor, otros Gobiernos que están en contra. No hay unidad al respecto”. Es decir, no hay mayoría suficiente, venía a decir el mandatario español, sobre uno de los elementos más divisivos en el seno de la UE: las relaciones con Israel y cómo actuar frente a la ocupación del sur del Líbano desde hace semanas, la norma que permite condenar a muerte por defecto a los palestinos sentenciados por terrorismo o las decenas de miles de muertos en Gaza en los últimos tres años.