El día nacional de Cataluña, la Diada, siempre ha servido de medidor de la salud de la reivindicación independentista. Este año, sin embargo, el catalanismo político, desde el secesionismo tradicional hasta el PSC y Comuns, lo ha utilizado también como revulsivo para hacer frente a la amenaza democrática que encarna la ola reaccionaria de Aliança Catalana, a la que las encuestas le dan la primacía en el bloque independentista y le da la llave de una posible mayoría parlamentaria tan imposible como envenenada.

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El profesor de la Universidad de Granada José Cesar Perales reflexionaba días atrás en su cuenta de X sobre la ola de catastrofismo que observa en ciertos medios y redes sociales, que parecen abonados ‘al cuanto peor, mejor’ sin poner contexto ni tener en cuenta de dónde venimos. Contaba que había crecido en un barrio devastado por la epidemia de la heroína, del sida y otros problemas y que ni en los peores momentos -que no son los actuales- nunca había visto el actual nivel de pesimismo existencial de sus vecinos. En otras palabras, que la influencia de estos profetas del desastre han creado una sensación de absoluta ausencia de futuro que no cuadra con la realidad de la calle. “La gente vive asustada, no por lo que les pasa, sino por lo que les cuentan que pasa”, sentenciaba.

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Las grandes tecnológicas internacionales despliegan toda su artillería antes de un potencial choque en los tribunales con el Gobierno de España por las nuevas exigencias que pretende implantar el Ejecutivo. Según señalan fuentes jurídicas al tanto de la situación, SpainDC, la asociación que agrupa a los grandes desarrolladores de centros de datos en España, ha acudido al Consejo de Estado para presentar las alegaciones al proyecto de real decreto que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica.

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