Que la llegada de la derecha radical a los gobiernos democráticos pueda representar una amenaza para la cultura abierta y la libertad de creación ya no es solo una sospecha: el arte crítico y la memoria cívica se encuentran en la diana de los extremistas. Sucede en América y en Europa. Y también en algunos lugares de España. Desde los primeros acuerdos autonómicos con el PP, Vox tuvo como prioridad la derogación de las Leyes de Memoria Democrática. No fue casualidad que en la Comunidad Valenciana se cancelase la suscripción a diversas revistas en catalán en bibliotecas municipales. Ya en 2023 se escucharon tímidas advertencias de lo que estaba por venir. En vano. El sábado estaba previsto que se representase en Valladolid la obra Federico, centrada en la muerte de García Lorca, pero ha sido cancelada y la compañía Proyecto 43-2 ha denunciado a la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, en manos de Vox, porque considera que dicha decisión obedece a motivos ideológicos. El episodio ha coincidido con la publicación el pasado día 9 de los requisitos que la Junta establece para solicitar subvenciones para la producción de películas y documentales: “No podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico”.
El 25 de octubre Brasil tendrá ante sí una clara disyuntiva, entre el candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ese día se medirán en la segunda vuelta de la elección presidencial.
Ojalá que los moros españoles pudiéramos vivir nuestras vida sin más, como simples seres humanos, sin la estrella amarilla de la mororidad, esa condición según la que somos culpables hasta cuando se demuestra lo contrario, hasta cuando estábamos a más de 600 kilómetros del delito cometido. Imagínate ser madre de un hijo que cumple con los rasgos raciales en los que se basa esa construcción y saber que la policía lo va a parar por la calle mucho más que a sus compañeros. Imagínate verlo crecer y darte cuenta de que la mororidad no solo no va a ser impugnada como sistema de discriminación, sino que encima se va a aplicar a quienes ya nacen españoles de hijos de españoles. Que no significa nada porque deberíamos ser tratados todos como personas independientemente de nuestra procedencia, de nuestra nacionalidad o nuestros rasgos físicos. Pero es que incluso para los que practican la persecución del moro por ser éste el extranjero, “el enemigo” perpetuo y principal, la alteridad demonizada, fantasma de guerras pasadas y pulsiones de Reconquista, incluso desde ese marco lo que se les ha hecho a Youssef Abraoui y Ahmed Benyahia es un crimen aberrante: difundir su imagen señalándolos como culpables del crimen atroz que acabó con la vida de una octogenaria en Burgos. Ojalá no ser siempre los primeros sospechosos de asesinatos de ancianas, de violaciones, de robos y agresiones. Incluso algunas webs que desmienten la noticia hablan de que no se trata de magrebíes sino de dos hombres “nacionalizados”. ¿Y eso qué más da? ¿por qué hay que hacer siquiera la distinción entre españoles cuando la nacionalidad se adquiere por nacimiento? ¿Cuántas generaciones de “nuevos” españoles tendrán que dar explicaciones por no encajar físicamente con lo que un patriotismo rancio y obsoleto considera que somos “nosotros”? El Imperial, parece que se llamaba la cuenta desde la que se difundió el bulo, lo cual es toda una declaración de intenciones porque no hay imperio sin racismo, no hay grandeza patria sin exterminio del “otro” construido justo para que pueda ser exterminado. Qué agallas, qué machos los cobardes que no saben articular una oposición que no esté basada en manipulaciones y maldades, qué rastreros y crueles matamoros que persiguen a chavales imberbes (no Abraoui y Benyahia, que son hombres adultos; hasta en eso equivocaron el tiro). Ese es el tipo de votantes a los que Alberto Núñez Feijóo dice que hay que respetar, a los crueles capaces de atizar el odio contra otros ciudadanos, tan españoles como ellos aunque les joda.
En el interior de una frase se producen tensiones de carácter sintáctico, semántico, silábico, fonético, ortográfico… Una palabra tira de otra que a su vez depende de una tercera, mientras el verbo intenta dirigir el tráfico y los adjetivos tratan de hacerse notar porque son muy narcisos. La puntuación vigila el conjunto. Una coma mal puesta puede provocar una catástrofe gramatical y un punto prematuro romper el ritmo de la oración. Lo increíble es que no percibamos la actividad bárbara de todas esas fuerzas al leer el periódico o un libro o un pasquín o una receta de cocina. Una buena frase parece inmóvil, aunque sea el fruto de una descarga sentimental insoportable. La atraviesas como se cruza una habitación en la que cada mueble ocupa su lugar, sin considerar que el techo pesa toneladas ni que las paredes se sostienen gracias a un pacto milagroso entre energías de diferente signo. Si de pronto se oye un crujido, levantamos con susto la cabeza. También al leer levantamos la cabeza cuando el texto hace ruido.
Francesc Augé ya tiene fecha para recibir la eutanasia que tanto ansiaba y que ha visto paralizada en los tribunales durante más de dos años. Será el próximo 27 de noviembre, la fecha que ha escogido para ejercer su derecho a morir con dignidad, según ha explicado él mismo y ha confirmado este diario a través de su abogada. “Quería hacerlo el día de las elecciones [del 29-N], pero en domingo no puede ser… Es el día más cercano, porque ningún partido político ha mostrado respeto”, explica a este diario Augé, que en este tiempo de espera, un total de 856 días desde que le fue concedido el derecho por el órgano competente, se ha mostrado muy crítico con los poderes públicos al ver lastrada su voluntad en los tribunales. “No respetan mi derecho a morir”, lamentaba en una entrevista con este diario.
Habla César Rina, profesor titular de Historia Contemporánea en la UNED: “Cuando me avisaron, pensé que era broma. Pero, ¿cómo voy a decir yo algo así? ¡Si sostengo justo lo contrario!”. Toma la palabra Miguel Ángel del Arco Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada: “Han deformado mi trabajo”. Reputados investigadores sobre el franquismo, Rina y Del Arco, que esta semana ha sido galardonado con el Premio Nacional de Historia de España, tienen otras dos cosas en común. La primera, que son citados como fuentes de autoridad en la resolución de la Junta de Extremadura, gobernada por el PP y Vox, que inicia el proceso para declarar Bien de Interés Cultural (BIC) una afamada cruz franquista y evitar así su retirada. La segunda es el estupor y la indignación.
El expediente para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres se ha convertido en un objeto de controversia política y debate social en Extremadura. A las alegaciones de los historiadores César Rina y Miguel Ángel del Arco se han sumado las de asociaciones memorialistas como Armhex y Amececa, a favor de la retirada del monumento, y las de organizaciones católicas como Hazte Oír y Abogados Cristianos, partidarias de su mantenimiento. En total, la Junta ha recibido alrededor de un centenar de alegaciones, a las que debe dar respuesta antes de que concluya el expediente, que tiene una duración máxima de 16 meses, explica la Consejería de Cultura. Entre quienes han presentado objeciones está el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que se opone a la protección de la Cruz de los Caídos con razones técnicas y también de fondo.
El texto presentado por el Gobierno recuerda que la Junta, que hasta este agosto no había adoptado medidas para proteger el monumento, inició el expediente de declaración como BIC después de que el Ejecutivo lo incluyera en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática y ordenara su retirada, lo cual puede suponer “desviación de poder”, es decir, un uso de una potestad administrativa para fines distintos a los fijados por la ley.
Las alegaciones gubernamentales aluden a la “ausencia de valores patrimoniales excepcionales” que justifiquen la protección, señalan que las modificaciones a la cruz en 1984 no desactivan su “función conmemorativa” y rechazan que pueda considerarse “un símbolo de reconciliación”. No es lo mismo —señala la Secretaría de Estado de Memoria Democrática— conservar, con ciertas modificaciones, un lugar que es testimonio de la represión, por ejemplo un antiguo campo de concentración, que preservar un monumento “construido expresamente para conmemorar y exaltar a los vencedores de la sublevación”.
No es la primera vez que administraciones del PP remolonean a la hora de retirar ese tipo de símbolos. El pasado 30 de junio, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció la incorporación al catálogo de vestigios franquistas de dos monumentos y dos inscripciones que, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Memoria Democrática, deberán ser retirados. Se trata del monumento a la Victoria de Santa Cruz de Tenerife, conocido coloquialmente como “monumento a Franco”; el de los rumanos caídos de Majadahonda (Madrid); y dos inscripciones de homenaje a José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, en las catedrales de Almería y de Murcia. Para su retirada, el Gobierno central dio plazos de entre tres y seis meses a los gobiernos del PP y los obispados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró en mayo “muy intensos” el “sufrimiento psíquico, la zozobra, la incertidumbre y el temor” causados por la actuación de la administración madrileña en una familia de San Fernando de Henares (40.000 habitantes) que perdió su vivienda por culpa de la línea 7B de Metro. La mejora de 15.000 euros en la indemnización recibida por esos conceptos por los demandantes es ahora un precedente para el resto de afectados, pues el razonamiento del tribunal viene siendo citado en los dictámenes de la Comisión jurídica asesora que proponen las indemnizaciones a nivel administrativo. Aun así, esas propuestas están siendo revisadas por la justicia al alza a favor de los vecinos: Madrid ha perdido ya nueve pleitos de este tipo, según una fuente conocedora del caso, tiene otros 19 pendientes de sentencia, y 27 en tramitación. Todo ello amenaza con elevar aún más una factura cuyo origen está en la llegada de la línea 7B de Metro a San Fernando, que alteró el subsuelo de la localidad y ha acabado obligando a derribar 73 viviendas, afectando a más de 200 personas.
No recuerdo si pertenece a un poema o a una canción algo tan incontestable como: “No hay que volver al lugar donde fuiste feliz”. Por si acaso, para protegerse, para evitar el desencanto. Y no me importa que en el cine recurran machaconamente al remake, a condición de que yo no tenga la obligación de tragármelos. Casi siempre son decepcionantes. Sobre todo los que vuelven a contar historias que te donaron encanto, emoción; las sensaciones que te regala lo que tú identificas con el gran cine.
Dirección: Georgia Oakley.
Intérpretes: Daisy Edgar-Jones, Esmé Creed-Miles, George MacKay, Fiona Shaw, Stacy Martin, Caitríona Balfe.
Género: drama. Reino Unido, 2026.
Duración: 132 minutos.
Estreno: 23 de octubre.
