Nigel Farage siempre ha amado el lujo, los trajes bien confeccionados y el buen vino. El dinero, en suma. Por eso no ha extrañado a nadie la revelación del diario The Guardian de que su decisión final de presentarse como candidato, una vez más, en las elecciones parlamentarias de julio de 2024, a pesar de que había anunciado su retirada de la política, tuvo que ver con el regalo de cinco millones de libras esterlinas (unos 5,8 millones de euros) que le hizo el multimillonario Christopher Harborne. Farage justificó esa entrega, sin mostrar demasiado remordimiento, como el vehículo para reforzar su seguridad y la de su familia, su mayor preocupación en ese momento.
Esa sesentena larga de trabajadores, la mayoría periodistas, que se reunieron para celebrar el primer medio siglo de EL PAÍS, casi todos jubilados, muchos ya sin pelo o blanco el que les queda, fueron los que iniciaron aquella incierta aventura y los que proporcionaron “alma” al periódico, un alma que tantos han querido seguir. Entonces, la Redacción estaba a la izquierda ideológica de la dirección y de la propiedad. Bastantes de esos redactores no eran demócratas a no ser que al concepto de democracia se le añadiera algún apellido, por ejemplo el de popular (“democracia popular”). Y coqueteaban con el titular de aquel librito de Daniel Cohn-Bendit, uno de los héroes de Mayo del 68, “la revolución y nosotros, que la quisimos tanto”. Luego llovió mucho, cayeron el muro de Berlín y las Torres Gemelas de Nueva York, y casi todos sustituyeron la revolución por otra noción aparentemente más modesta: “La democracia y nosotros, que la quisimos tanto”.
Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.
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John Kenneth Galbraith publicó en 1967 su libro El nuevo Estado industrial. Una de sus conclusiones es que en las empresas modernas, a medida que crecen, un grupo de técnicos y directivos, a los que define como la “tecnoestructura”, asume más y más poder, desplazando a los accionistas. Como consecuencia de este empoderamiento y de la atomización de la propiedad de las corporaciones, la tecnoestructura tiene una influencia directa a la hora de decidir sobre sus propios sueldos. Casi seis décadas después de que el economista y diplomático canadiense advirtiese sobre este fenómeno, la maquinaria de la élite directiva sigue perfectamente engrasada.
