Francia afronta la próxima primavera las elecciones presidenciales más trascendentes en décadas. Unos comicios en los que la ultraderecha, según todas las encuestas, se encuentra más cerca que nunca de llegar al poder desde la II Guerra Mundial. En un clima de máxima tensión, la izquierda no logra configurar un proyecto común que permita hacer frente a la amenaza y se empeña en presentarse dividida en tres bloques: la opción populista de La Francia Insumisa (LFI), los Ecologistas y el espectro socialdemócrata. Esta última corriente, también profundamente fragmentada, votará a su candidato los próximos 16 y 17 de entre una lista de cinco aspirantes oficalizada este miércoles.
No es la primera vez, ni la segunda, que Rosalía llega como nominada a los Grammy Latinos, que entrega anualmente la Academia de Grabación. Pero sí parece ser la ocasión en que la catalana, de 33 años, acude a ellos con más posibilidades de alzarse con más estatuillas, especialmente con la más deseada, la de álbum del año.
La mayor reforma en los 20 años de historia de la ley de dependencia ya es un hecho. El pleno del Congreso ha votado este miércoles las enmiendas introducidas la semana pasada por el Senado y, de esta forma, se aprueba definitivamente el texto, que también modifica la ley de discapacidad. Se prevén nuevos servicios, como el de cuidados en viviendas para personas con grandes necesidades de apoyo; mejoras en otros ya existentes, como la ayuda a domicilio —que podrá salir de las casas para acompañar a los usuarios a gestiones como hacer la compra—, y también reducir la burocracia, al crear una pasarela que permita obtener directamente un certificado de un 33% o un 65% de discapacidad, si ya se tiene alguno de los grados de dependencia reconocido. También se reconoce la accesibilidad universal como derecho, por lo que podrá reivindicarse ante cualquier instancia.
El Congreso ha tumbado este miércoles con el rechazo de las derechas de PP, Vox, Junts y UPN y la abstención de PNV, Podemos y tres diputados de Sumar el decreto del Gobierno que regula las relaciones de los grupos de interés con el sector público, una norma que creaba un registro estatal público y obligatorio de lobbies. El texto ha decaído por 179 votos en contra, 155 a favor y 12 abstenciones. El socio minoritario de la coalición, que se mostraba a media mañana muy molesto con el PSOE y adelantaba su negativa a la regulación con el argumento de que los socialistas no habían excluido a los agentes sociales, ha ido cambiando de posición hasta decantarse finalmente en su mayoría por el apoyo después de un largo debate. El ministro Óscar López se comprometió en tribuna a llevar a la Cámara baja una modificación para que patronal y sindicatos, cuyas competencias figuran en la Constitución, no estén afectados por la ley. Tanto CEOE como UGT y CC OO se habían manifestado en contra. La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, que había votado telemáticamente antes de que su grupo decidiera, ha rechazado el decreto. La vicepresidenta Yolanda Díaz, que compite por la presidencia de la Organización Internacional del Trabajo, no ha participado en la votación.
