El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el primer Foro contra el Odio el lanzamiento de una nueva herramienta, bautizada como HODIO (de la Huella del Odio y la Polarización, según explica el Gobierno), que hará un seguimiento de la difusión de contenidos que promuevan el odio en las plataformas. Tanto la propia naturaleza del sistema, que se ocupará de monitorizar algo, el odio, que no se puede medir de forma objetiva, como el nombre que se le ha dado, han provocado una cascada de comentarios en redes sobre HODIO.
La Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de participar en una agresión homófoba ocurrida en la mañana del pasado domingo en el centro de Pontevedra. El joven agredido, que sufrió una fractura en la nariz, estaba con un amigo frente a un bar del casco viejo de la ciudad poco antes de las nueve de la mañana cuando unos chavales de unos 20 años empezaron a lanzarles insultos homófobos. Según su denuncia, los agresores lo persiguieron y lo golpearon hasta tirarlo al suelo.
La entrada del gigante del private equity Apollo en el Atlético de Madrid se ha consumado esta mañana, con la compra del 57% y el nombramiento de cinco de los once consejeros del club. El mismo día del desembarco, los accionistas han aprobado la inyección de 100 millones de euros que desembolsará el nuevo accionista. La valoración del club se sitúa en 2.500 millones de euros. Miguel Ángel Gil Marín seguirá como presidente y Enrique Cerezo como consejero delegado, y en ambos casos se mantendrán en el capital.
El Ayuntamiento de Barcelona podrá tramitar el plan urbanístico del plan urbanístico del gobierno del alcalde Jaume Collboni para el futuro Museo Thyssen en el antiguo Cine Comedia con el apoyo de Junts. El partido ha anunciado este jueves que votará a favor de la modificación urbanística, lo que supone para el PSC tener mayoría y que salga adelante. Junts ha presumido de haber conseguido mayor protección del patrimonio, menos uso comercial y mejorar el programa museístico. Será la próxima semana en la votación en comisión de urbanismo y posteriormente, la votación definitiva en el pleno.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), ha acudido este jueves a un minuto de silencio convocado en Miranda de Ebro (Burgos, 36.00 habitantes) tras el incendio provocado que mató a tres mujeres, un incendio provocado por la expareja de una de ellas, José M.G., ya detenido. El hombre, que está pendiente de pasar a disposición judicial, tenía antecedentes por maltrato a la pareja con la que estaba en 2007, por secuestrar y abusar sexualmente de una niña de nueve años en 2015, y retener, agredir y encadenar a una mujer en 2023. Redondo ha lamentado estos “asesinatos machistas que suponen un salto cualitativo en el terrorismo machista”.
La Unión Europea fue pionera en la implantación de un sistema de comercio de emisiones de dióxido de carbono (CO₂), el principal gas de efecto invernadero. Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS, sus siglas en inglés) arrancó en 2005 e impone un sobrecoste a aquellas industrias que expulsan más CO₂. Gracias a este modelo, muchos países europeos han dado la espalda al carbón y han impulsado las energías que no emiten, como la solar y la eólica. Pero este sistema ETS está ahora siendo cuestionado por algunos gobiernos, con el italiano a la cabeza, y por la ola de extrema derecha que recorre Europa, que tiene la lucha contra el cambio climático como uno de sus demonios.
El Tribunal Supremo ha puesto fin este jueves al pleito entre el Estado y la familia de Francisco Franco por la propiedad del pazo de Meirás. La Sala Civil ha resuelto por unanimidad que el pazo y sus fincas son propiedad del Estado, pero también que los herederos del dictador tienen derecho a ser compensados económicamente por las obras y el mantenimiento realizado en el inmueble porque, según los jueces, la familia no ocupó la propiedad de “mala fe”. El Supremo no cifra el importe de esa indemnización, pero sí establece que debe cubrir solo “los gastos necesarios y útiles” acometidos desde la muerte del dictador, el 20 de noviembre de 1975, una cantidad que sus nietos han cifrado en 800.000 euros. Ahora será un juzgado de A Coruña el que, en el trámite de ejecución de la sentencia, tendrá que acordar el valor de la compensación.
