Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias declaró procedente el despido de una empleada que dedicó parte de su jornada al uso privado de sus redes sociales. Para fundamentar el cese, la empresa aportó registros de actividad y publicaciones en la web de la infractora. Este no es un caso aislado. En otro litigio, el TSJ de Castilla y León validó el empleo de un software de control para motivar el cese de un teleoperador que prestaba servicios desde su domicilio. Del mismo modo, el tribunal autonómico madrileño refrendó el despido de otra teletrabajadora: la empresa, una importante aseguradora, aportó un certificado sobre tiempos de desconexión.
¿Cómo conseguir pruebas sobre la inactividad de un teletrabajador sin vulnerar su intimidad? Para Òscar Jiménez, titular del despacho Òscar Jiménez Digital Forensics, un peritaje riguroso no implica un acceso indiscriminado a la información de un dispositivo. En sala, el especialista aplica metodologías de minimización, como “búsquedas selectivas por palabras clave” vinculadas al objeto investigado. El objetivo es limitar el examen a los datos potencialmente relevantes. En un reciente juicio por despido, este tipo de análisis fue clave para que el tribunal calificara la metodología empleada por Jiménez como “respetuosa con los derechos fundamentales”. En materia de evidencia digital, “no solo importa qué información se obtiene, sino también cómo se accede a la misma”, defiende el perito.
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John Kenneth Galbraith publicó en 1967 su libro El nuevo Estado industrial. Una de sus conclusiones es que en las empresas modernas, a medida que crecen, un grupo de técnicos y directivos, a los que define como la “tecnoestructura”, asume más y más poder, desplazando a los accionistas. Como consecuencia de este empoderamiento y de la atomización de la propiedad de las corporaciones, la tecnoestructura tiene una influencia directa a la hora de decidir sobre sus propios sueldos. Casi seis décadas después de que el economista y diplomático canadiense advirtiese sobre este fenómeno, la maquinaria de la élite directiva sigue perfectamente engrasada.
Tras años de apelaciones y recursos, la encarnizada pero incruenta guerra del foie gras acaba de concluir en Nueva York con la victoria legal de los animalistas, que se oponen al engorde forzoso de patos y ocas para agrandar su hígado, sobre los criadores de aves, defensores de la supervivencia de sus negocios. La ciudad había aprobado en 2019 prohibir la venta del grasiento manjar francés, pero sucesivos recursos de las granjas avícolas habían dilatado el proceso hasta ahora. En el ínterin, los neoyorquinos finolis, esos que cenan ostras con champán y se pirran por una buena baguette o un burdeos auténtico, apuraron con avidez la oferta del hígado graso en brasseries y bistrós, conscientes de que su disfrute podía tener los días contados.