La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, se quejó el pasado 19 de febrero en la cámara regional de que “jóvenes como Fran y Bea, jóvenes españoles, nacidos en Madrid, de padres españoles que trabajan y pagan impuestos para sostener Madrid” no vean nunca sus nombres en la lista de beneficiarios de vivienda pública. “Les voy a leer los nombres de algunas personas que sí se han llevado una vivienda pública en un municipio hace muy poquito en Madrid”, anunció. Y empezó a leer: “Kamal, Michael Dan, Peter Favio, Andrea Olguta, Monsef, Danitza, Hicham, Jasminka, Intisar, Nelson Moise, Walter, Hafida”. “Estas personas no tienen la culpa”, agregó, “de estar pasando por delante de Fran y Bea y de tantos españoles a la hora de acceder a una vivienda pública. Por cierto, también pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler. Los culpables son ustedes que promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país para beneficiar a los que acaban de llegar”.
El hijo del exministro José Luis Ábalos estrenó las declaraciones de testigos del juicio por el caso mascarillas que lleva celebrándose dos semanas en el Tribunal Supremo. Víctor Ábalos ha cogido las riendas de la comunicación de su padre desde que este duerme en la prisión de Soto del Real y está siguiendo las sesiones en su casa de Valencia. Desde allí concede una entrevista telefónica a EL PAÍS para contar cómo está su padre a escasos días de declarar acusado de graves delitos de corrupción. La Guardia Civil sitúa a Víctor Ábalos como el supueto custodio del dinero del que fuera hombre todopoderoso del PSOE, pero él lo niega dentro y fuera de la sala. Asegura que el exministro no pactará con la Fiscalía porque “es inocente”, que ha recibido mensajes de apoyo de dirigentes políticos y que su expareja Jésica Rodríguez mintió en su declaración.
El asesinato de Rocío Wanninkhof dejó un reguero de víctimas. Además de la joven, que tenía 19 años cuando fue apuñalada por Tony Alexander King en 1999; su familia y allegados; o Sonia Carabantes, a la que King mató en 2003; hubo una persona que fue víctima de una persecución mediática, de una cacería social, de odio y deshumanización. Se trata de Dolores Vázquez, falsamente inculpada en la muerte de Wanninkhof, juzgada y encarcelada por ello. “Dolores Vázquez fue señalada y condenada por pura lesbofobia”, resume Beatriz Gimeno, autora del libro La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). “Tenía coartada, no había ninguna prueba en su contra, y los indicios que usaron para inculparla bien eran inventados, bien estaban basado en la lgtbifobia. Además, todo ello permitió que el auténtico culpable, cuya autoría era bastante más evidente, saliera del foco y años después matara a otra chica [Carabantes]”, explica.
En marzo de 1934, la revista Fortune publicó un reportaje sobre la guerra, titulado Arms and the Men (Las armas y los hombres), donde explicaba que cada baja enemiga costaba 25.000 dólares. “Cada vez que el fragmento de un proyectil se abre paso hacia el cerebro, el corazón o los intestinos de un hombre en la línea del frente, una gran parte de los 25.000 dólares encuentra su camino hacia el bolsillo de un fabricante de armas”. En Vietnam, el precio ya había subido a un millón de dólares por enemigo. Los rifles se habían convertido en helicópteros, bombardeos masivos, y una red logística global.
Superada la resaca de las declaraciones de Mariano Rajoy y de María Dolores de Cospedal, de enorme repercusión política y mediática, el juicio del caso Kitchen aguarda ahora el testimonio de otros dos antiguos pesos pesados del PP: Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas. El tribunal ha previsto sus interrogatorios para este lunes. Ambos aterrizan en la vista oral con una gran pregunta sobrevolando sus cabezas: ¿seguirán el guion marcado la pasada semana por sus compañeros de filas? Durante sus comparecencias, el expresidente del Gobierno y la ex secretaria general de los populares no solo negaron cualquier conocimiento de la trama de espionaje al extesorero Luis Bárcenas, sino que optaron por extender un manto de protección sobre Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior y principal acusado en este procedimiento.
La Audiencia Nacional decide este lunes si Jordi Pujol debe declarar como acusado o bien si le exonera del juicio contra la familia por el deterioro cognitivo que padece. El expresidente de la Generalitat, de 95 años y con una salud física y mental precaria, viajó este domingo en coche, acompañado por su familia, hasta Madrid. Está previsto que comparezca en la sede del tribunal en San Fernando de Henares a las 9.30 horas para ser examinado, una vez más, por un médico forense de la Audiencia Nacional. Los magistrados resolverán a continuación si declara o si, por el contrario, consideran que no está capacitado para hacerlo.
El exjefe de ETA Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo y Erreka, no iba a extinguir su pena de 30 años de cárcel por terrorismo hasta abril de 2042. Sin embargo, cuando aún tenía por delante más de 16 años de condena, el lunes de hace dos semanas la Audiencia Nacional le convertía en un hombre libre. Los tres magistrados del tribunal habían acordado aplicarle la reforma legal aprobada en septiembre de 2024 por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que permite a los presos descontar de sus penas el tiempo cumplido por el mismo delito en cárceles de otro país.
Mustapha Brouzi Chairi, el principal implicado en la gran causa por narcotráfico en la que se ha descubierto el segundo narcotúnel de Ceuta, no perdonó que un supuesto transportista de hachís ayudara a la Guardia Civil a descubrir en febrero del año pasado la primera galería de tráfico subterráneo de drogas detectada en España. “Estaré detrás de él toda mi vida; si no lo detono, no me llamo Mustapha Brouzi”, dijo en una de las múltiples conversaciones interceptadas por la Policía Nacional. Esta última investigación, que acaba de enviarse a la Audiencia Nacional, revela que Brouzi, un importante narco al que fuentes de la investigación definen como pieza clave para que el hachís entrara en España desde Marruecos, presumía de ser el dueño de aquel primer narcopasadizo y de que la organización criminal que lideraba hizo contactos para matar Himad T.B., a quien consideraban un chivato por haber colaborado con los investigadores.
La incorporación de agentes de Mossos d’Esquadra en institutos de secundaria de Cataluña para disuadir brotes violentos y agresiones cuenta con la radical oposición de sindicatos educativos, organizaciones de estudiantes y de los socios parlamentarios del Govern (ERC y Comuns) y de Junts. Este lunes, está previsto que agentes se incorporen a los respectivos centros escolares que les han asignado y, a la par, ya se han convocado las primeras manifestaciones. Los profesores, alumnos y familias de los institutos Eugeni d’Ors y Margarida Xirgu de L’Hospitalet de Llobregat han emplazado a las comunidades de sus institutos a concentrarse delante de sus centros a primera hora de la mañana. Una docente del Eugeni d’Ors ha resumido el motivo de estas protestas: “Los alumnos son personas, no delincuentes. En los institutos necesitamos recursos sociales y pedagógicos, no policías”.