Al recibir la nacionalidad española, cuando le preguntaron dónde quería situar su origen el actor argentino Ricardo Darín dijo, porque le gustaba el nombre, “Jaén”. Ahora, el municipio de esa ciudad lanzó una campaña ingeniosa para poner una placa con la leyenda: “Aquí decidió nacer Ricardo Darín”. En un video, algunos jienenses cuentan historias inventadas —ese es el chiste— para argumentar por qué la placa debe colocarse donde ellos sugieren.
El siglo amaneció con una impresionante constelación de líderes de formaciones tradicionalmente progresistas en el poder en Europa: Blair, Schroeder, D’Alema, Jospin, Guterres, Kok, entre otros. El presidente de la Comisión Europea era Romano Prodi y el director general del FMI era Michel Camdessus, un francés cercano a los socialistas de ese país que, con figuras del consenso de París como Delors y Lamy, tanto influyeron en el mundo posterior a 1989. En Estados Unidos mandaba Bill Clinton. El segundo cuarto del siglo XXI amanece en cambio con un panorama desolador para los progresistas europeos, que disponen de poder ejecutivo solo en dos países europeos de peso: el Reino Unido y España. ¿Qué pasó?
El coche ha girado a su derecha para entrar en la calle lateral en el momento en el que mi perra y yo cruzamos por el paso de peatones. Mi perra tiene las patas cortas y los andares tranquilos, y ni a ella ni a mí nos apura la prisa en este momento en que la luz de la tarde se vuelve oblicua y dorada. La parada obligatoria no ha podido retrasar al conductor más de unos segundos. Pero él saca la cabeza y me grita algo que tardo en entender, ya que lo dice con el vozarrón de la furia automovilística en Madrid: “¡Vete al Retiro!”. No es mi primer encuentro y me temo que no será el último con un fenómeno que hasta ahora yo no sabía que tiene nombre, pero que de un modo u otro llevo padeciéndolo toda la vida. En uno de mis primeros recuerdos, voy por una calle de Úbeda de la mano de mi madre y ella me da un tirón y me aparta un lado en el momento en que uno de aquellos grandes coches negros de entonces dobla la esquina a toda velocidad. Mi madre se acordaba siempre de aquel susto que pudo habernos costado la vida a los dos. Aunque no se hubiera detenido, ella sabía quién era el conductor, ya que entonces había muy pocos coches: un médico muy conocido, con la sombría autoridad sacerdotal que los médicos tenían entonces. Muchos años después, conocí a un director teatral que me contó que era de Úbeda. Su apellido me trajo el recuerdo del automóvil agresivo, y le pregunté si por casualidad su padre había sido médico. El hombre debió de sentir algo de congoja retrospectiva al descubrir que, a causa de la pasión conductora de su padre, aquel encuentro pudo no haber sucedido.
La inhumanidad, ese viejo fantasma que la filosofía ha tratado de exorcizar desde Platón, sigue ahí, tan viva como siempre, quizá más humana que el propio hombre y hasta podría considerarse su invento más perdurable. Lo inhumano no procede de las bestias ni de las máquinas: es la conciencia refinada que ha aprendido a justificarse. Los filósofos lo sabían, cada uno a su manera: lo inhumano no es lo otro del hombre, sino su verdad más íntima y de la que prefiere apartar los ojos.
La nueva generación de acuerdos en la derecha se ha inaugurado en Extremadura con un pacto en el que el PP elige gestionar el poder a cambio de entregar el marco ideológico a Vox. El partido de Santiago Abascal ha ganado en influencia y ha impuesto al PP un acuerdo muy diferente al último que ambos partidos consensuaron en 2023 para la anterior investidura de María Guardiola. En el de hace tres años, la inmigración, por ejemplo, era inexistente; ahora es la columna vertebral del acuerdo. La extrema derecha ha arrastrado al PP a aceptar en el nuevo pacto la “prioridad nacional” de los españoles sobre los inmigrantes en el acceso a ayudas y prestaciones sociales, así como a la vivienda pública, lo que choca con el documento marco que Génova elaboró para las negociaciones. Aquel texto ordenó a “no aceptar propuestas que supongan desigualdad entre ciudadanos por razón de territorio, ideología, lengua, sexo, origen u otra condición”.
“Nos vemos en el próximo congreso de la lengua en…”. Esta frase no pudo pronunciarse cuando finalizó el último Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en Arequipa (Perú), el pasado 17 de octubre. En contra de lo que había sucedido en algunas ocasiones anteriores, en la clausura no se hizo oficial qué ciudad acogerá el siguiente CILE. La razón estuvo en un congreso marcado por fuertes discrepancias entre los responsables de las dos principales instituciones organizadoras, el del Instituto Cervantes, el escritor Luis García Montero, y el de la Real Academia Española (RAE), el catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado, que tampoco se pusieron de acuerdo en este punto. Sin embargo, la ciudad de Panamá, a través de la Academia Panameña de la Lengua, se había postulado para acoger el undécimo CILE —que se prevé para finales de 2028—, con el visto bueno de los responsables de las 23 academias del español. No obstante, seis meses después sigue sin anunciarse oficialmente, aunque las fuentes consultadas confían en que pronto se desbloquee este asunto.
¿Cuál es el límite de la crítica a las actuaciones judiciales? El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha situado sobre la vergüenza que, según él, suscita la instrucción del magistrado Juan Carlos Peinado en el caso de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. “Ha avergonzado a muchos ciudadanos, jueces y magistrados de España”, declaró Bolaños esta semana en una comparecencia de prensa. Para las dos asociaciones mayoritarias de jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y la transversal Asociación Judicial Francisco de Vitoria, sin embargo, el límite que traspasan dichas declaraciones es el del respeto a la independencia judicial. La tercera, la progresista Jueces y Juezas para la Democracia, asume que es “insólito” que críticas así provengan del Ejecutivo, pero considera que no son las críticas de los demás —sean de políticos, periodistas o de cualquier ciudadano—lo que pone en riesgo la independencia de los jueces, sino sus propias decisiones.
El pasado domingo, cuando aún no había amanecido, Arelis Jiménez se descolgaba por la ventana de un tercer piso en Pamplona con una sábana. Intentaba huir de su expareja, un hombre al que había denunciado y que tenía una orden de alejamiento en vigor. Pero cayó al vació, y murió. El lunes, en Córdoba, iba a producirse un juicio rápido contra un hombre que tres días antes había entrado con un martillo en casa de Tulia Ester, su exmujer: le destrozó el equipo de música, la agarró del pecho y la amenazó con destrozarle toda la casa. La policía lo detuvo y un juez decidió imponerle una orden de alejamiento. Sin embargo, lo dejó en libertad hasta que tuviera lugar un juicio que nunca se produjo: la mató esa mañana en el portal de su casa.
La violencia machista es uno de los problemas estructurales más complejos de sociedades de todo el mundo, entre otras razones, por la bolsa oculta de denuncias. Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, señala que las cifras son “de unas 200.000 denuncias al año” pero que desde la justicia se calcula “que hay alrededor de 600.000 hechos anuales, es decir, que puede haber un 60% que aún no se denuncia, y eso tras los enormes avances de los últimos años”. Según las cifras oficiales, desde que hay registro, se ha pasado de las 135.539 que se interpusieron en 2009, a las 204.342 del pasado año. En 27.030 de esos casos se activaron órdenes de protección y en 4.420 casos se decidió la activación de una de las llamadas pulseras antimaltradores.
Esos dispositivos, aún presentando múltiples fallos, han sido hasta ahora la única medida 100% eficaz para impedir los feminicidios. Ninguna de las más de 22.000 mujeres que la han llevado desde que se implantaron en España en 2009 ha sido asesinada mientras lo llevaba. ¿Sería viable que todas las mujeres con medidas de protección la llevaran? No de momento. Ni el sistema técnico está preparado, ni sería posible por el factor humano gestionar y responder ante las incidencias de un volumen casi siete veces mayor. No habría suficiente personal técnico ni agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Magro recuerda que eso solo podría hacerse si se pudiese garantizar que no habrá errores. Además, “hay mujeres que no quieren llevarlas por diversas razones, y aunque es importantísima la concienciación de las víctimas en la necesidad de que el Estado las proteja, ellas tienen derecho a decidir”.
Un grupo heterogéneo de unos 30 vecinos se arremolina inquieto en torno a un edificio del final de la calle Santo Domingo, en el céntrico barrio de Santa María de Cádiz. Pasan de las diez de la noche de un día laborable y la cuadrilla de señoras, gaditanos de mediana edad y chavales mira expectante al balcón del segundo piso. Sonia Novoa, una vecina que asegura ansiosa vivir con miedo a los inquilinos de un punto de drogas cercano, se asoma: “Estoy bien”. Los congregados respiran aliviados, la despiden y continúan su patrulla. Calle abajo, más de cinco lonas penden de balcón a balcón. “La droga destruye, el barrio construye”, “niños jugando sin gente comprando”, “menos menudeo, más menudo”, rezan. “Somos el barrio, aquí no hay nombres. Somos gente humilde que quiere seguridad, no a nadie vendiendo droga. Esto es peor que lo de los años 90 porque ahora son más agresivos”, denuncia una vecina de 60 años que hace de improvisada portavoz anónima. La ronda continúa, la noche será larga, hasta el filo del alba.
Una pesadilla. Así define Ana María García, de 61 años, la situación que padece junto a su marido desde que decidieron comprar un coche en uno de los concesionarios multimarca del Grupo Cobendai en Madrid. A la hora de reservar y pagar el vehículo (14.400 euros de su bolsillo y una financiación, a través de un préstamo, de 17.000) no hubo ningún problema, pero cuando llegó el momento de la entrega arrancó la odisea. “Hicimos la compra el 22 de enero. Buscábamos un coche que estuviera en stock, porque lo necesitamos para ir a trabajar y llevar a los nietos al colegio”, resume por teléfono sobre unas condiciones que les garantizaban poder disponer de su nuevo vehículo a finales de febrero o principios de marzo. Casi tres meses después de su compra, la pareja sigue pagando por un coche que no saben si llegará a recibir.