Cataluña vive una transformación demográfica que también está reconfigurando su mapa religioso. En las últimas dos décadas, el número de iglesias evangélicas ha pasado de 341 en 2004 a 894 en 2025. Solo en Barcelona, estos centros están a punto de igualar a las iglesias católicas, 208 frente a 225. El conjunto, que incluye iglesias del movimiento pentecostal y neopentecostal, no es homogéneo, pero comparten patrones similares: la centralidad de la teología de la prosperidad, posiciones conservadoras en cuestiones como el aborto o las identidades sexuales y la figura de un líder carismático como central para la apertura de nuevos centros, un proceso que en Cataluña no suele presentar grandes obstáculos. “Son iglesias cuya fuerza motora es la población migrante latina, espacios que proporcionan un tejido social importante durante todo el proceso migratorio”, afirma Antonio Montañés Jiménez, doctor en Antropología de la religión por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) e investigador afiliado a la Universidad de Oxford.
Al ciudadano de este país al que desde el poder se le reclama permanentemente su atención por motivos de signo e importancia muy diversa (de una guerra global a algún llamativo episodio de acoso, de la inmigración al resultado de unas elecciones autonómicas, del cambio climático a un caso de corrupción del adversario) se le está hurtando, con tanto ruido, la respuesta a la que quizá constituya la madre de todas las preguntas: ¿cuál es el plan? Porque, para empezar, aquellos que, desde hace ya un tiempo, han convertido en el eje de su discurso político alertarnos del peligro del triunfo electoral del PP, tan proclive a pactar con Vox, no parecen preocupados por dejarles en herencia no solo unas herramientas legislativas e institucionales cuestionables, sino también unos precedentes indeseables (como poner en marcha una profunda transformación de la estructura fiscal del Estado con la simple base de un acuerdo de investidura entre dos partidos de ámbito autonómico). Con el agravante de que quienes hubieran promovido semejantes deterioros carecerían de la menor autoridad para criticarlo luego, cuando les tocara ejercer de oposición.
Se acerca el momento de la verdad para Vox. La guerra en Irán ha sacudido el tablero político de forma inesperada: incluso la formación de Santiago Abascal, que venía jugando a ser antisistema, se ve en la tesitura de tener que mostrar algún tipo de utilidad a los ciudadanos que le votan. Existe una delgada línea entre intentar absorber el malestar y volverse irrelevante. La ultraderecha se las prometía felices, pero sus planes podrían no cumplirse si la excepcionalidad bélica en el golfo Pérsico se alarga.
El Gobierno prevé recibir 750.000 solicitudes de migrantes para la regulación extraordinaria que se aprobará este mes, aunque redondea los beneficiarios finales en 500.000. De ellos, estiman que 300.000 entrarán por la vía prevista para quienes solicitaron protección internacional, a quienes se les exige haber entrado al país antes del 1 de enero de este año. Los 200.000 restantes serán extranjeros que también llegaron antes de esa fecha y puedan acreditar una permanencia continuada en España de cinco meses al presentar la solicitud. Para los primeros, el documento interno del Ministerio de Migraciones al que ha tenido acceso este periódico, no añade este requisito.
Vox se ha sumado a una cumbre internacional por la expulsión masiva de extranjeros para para evitar el “suicidio étnico” de la Europa “blanca”. La cita, prevista para el 30 de mayo en Oporto (Portugal), cuenta entre sus participantes con la dirigente del partido Rocío de Meer, portavoz de Vox sobre inmigración. En el cartel de ponentes de la Cumbre de Remigración, De Meer coincidirá entre otros con dos conocidos extremistas: el austriaco Martin Sellner, uno de los organizadores, que pide una deportación a gran escala para evitar el “suicidio étnico” de las “naciones blancas”; y la neerlandesa Eva Vlaardingerbroek, que defiende que existe una “cultura” propia de la población “blanca” europea que hay que defender de los extranjeros.
Shabnam Samedi nació en 1993, tres años antes de que los talibanes tomaran al asalto Afganistán por primera vez. Toda su vida ha estado marcada por la guerra y la persecución de dicho movimiento. Mientras los talibanes perdían el poder, ella se implicó como activista en la defensa de los derechos de las mujeres, con la esperanza de que los extremistas nunca volvieran a imponer su misoginia convertida en ley. Esa misma motivación impulsó a su marido, Mohammad Saber Haidary, a enrolarse en el ejército. Ascendió hasta el cargo de mayor, equivalente a comandante, destinado a una unidad cuyo deber era garantizar la seguridad de altos funcionarios. En agosto de 2021, tras tomar de nuevo la capital, Kabul, los talibanes arrestaron a Shabnam y Mohammad. Lograron pagar una fianza para ser liberados y decidieron huir del país junto a la madre de él, para salvar sus vidas.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) despidió en el verano de 2023 a uno de sus agentes de origen marroquí al considerar que su lealtad a España y a la propia institución “como mínimo, se puede valorar como incierta”, según ha transcendido ahora por una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que ha avalado la decisión del organismo de prescindir del trabajador. La expulsión se produjo después de que la División de Personal del CNI elaborase un informe interno sobre el agente en el que se apuntaba el temor a que, precisamente por esta presunta falta de fidelidad, pudiera ser captado por los servicios de inteligencia de su país de origen con el consiguiente riesgo para la propia seguridad del Centro.
El plan de financiación más ambicioso de la historia de la Unión Europea, concebido para paliar los efectos de la pandemia, llega a su fin este 2026. ¿En qué se ha gastado el Ayuntamiento de Madrid lo recibido en los últimos cinco años? Diez iniciativas concentran el 71% de toda la inversión, desde la renovación de la flota de autobuses al Campus del Videojuego o la peatonalización de calles, como se desprende de los datos que el Consistorio ha difundido en el portal de datos abiertos. Gran parte del presupuesto (el 61% de los 218 millones ya justificados) ha ido a mejoras en la ciudad en general y el resto a distritos concretos. Entre ellos, Salamanca, el segundo más rico de la capital, es el que más dinero ha recibido de los fondos, con 26 millones de euros en proyectos ejecutados desde 2020. Le siguen Carabanchel y Tetuán, con alrededor de 23 millones cada uno. A continuación, EL PAÍS analiza en qué, dónde y cuándo se ha empleado el capital comunitario.
A partir de este jueves, cualquiera podrá utilizar el móvil para identificarse legalmente. El Ministerio de Interior ha anunciado la entrada en vigor definitiva —ya podía descargarse desde hace un año— de la aplicación MiDNI que sirve para acreditarse de una manera igualmente válida que con el documento físico. De esta manera, cualquier establecimiento público y privado estará obligado a aceptar este formato digital.
Gimnasio, spa o aparcamiento propio en pleno centro de Málaga: el hotel Well & Come es un ejemplo de la explosión hotelera vivida por la ciudad andaluza en los últimos años, con un incremento del 34% de plazas desde la pandemia. Estilo boutique y ubicado en calle Madre de Dios, tiene también una terraza con bar y piscina. La ocupación media de sus 49 habitaciones es del 95% a lo largo de toda la Semana Santa, con el Viernes Santo totalmente lleno y un precio medio de 230 euros la noche. “Rozaremos el 98% con quienes reserven a última hora”, asegura Inmaculada Muñoz, su gerente. “Nuestra previsión se ha superado”, añade Ana Paneque, directora del hotel Only You Málaga, con un 93% de ocupación en sus habitaciones de domingo a domingo, con un coste medio de 425 euros por noche. “Había incertidumbre por los trenes, pero todo lo arregla el sol: si hace buen tiempo la gente se anima”.