La Sindicatura de Comptes eleva a 1.172 millones la deuda a favor de la Comunidad Valenciana por la atención sanitaria que ha prestado a personas derivadas o desplazadas durante los años 2013 a 2024. “No se cumplen los principios de equidad, cohesión y solidaridad en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS) con especial perjuicio a la Comunidad Valenciana”, apunta el organismo.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha marcado el camino este viernes a la Junta Electoral Central. Antes de que el organismo se pronuncie, ya que todavía no se ha reunido para elaborar y enviar una instrucción a las oficinas consulares con el fin de que se cumpla la orden del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar, ha avanzado que va a presentar alegaciones “para garantizar que el Gobierno manipule el censo con el voto exterior y la ‘ley de nietos”. De este modo pretende frenar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y que consiguieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática o la ley de nietos, salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.
El juez Pablo Aragón ha archivado la investigación abierta a la Casa de Alba por un supuesto robo masivo de agua junto a Doñana a través de nueve pozos que carecían de permisos, según denunciaron la Fiscalía y la Guardia Civil. El magistrado da carpetazo a las pesquisas abiertas hace tres años porque considera que no está acreditado que las extracciones de la familia terrateniente hayan socavado el nivel del acuífero junto al Parque Nacional, en Aznalcázar (Sevilla). El magistrado estima que no hay pruebas de que las captaciones de la finca Aljóbar hayan dañado el medio ambiente, pese a que el instituto armado cifró el daño ecológico entre 3.807 y 6.640 millones de litros de aguas subterráneas, valorado en unos seis millones de euros. La Casa de Alba admitió en el juzgado que siete de sus nueve pozos carecieron de permisos legales durante una década.
El fuego que este verano ha arrasado casi 36.000 hectáreas en Aragón, comunidad que ha padecido dos de los grandes incendios estivales en España, ha prendido también en la política, empeñada en apagarlo como sea. En el primer pleno de las Cortes de esta comunidad, celebrado esta semana, el presidente Jorge Azcón anunció 51 millones de euros para reforzar los medios antiincendios y la oposición socialista encabezada por Pilar Alegría le tendió la mano para impulsar un pacto que ayude a prevenirlos y mitigar el cambio climático. Solo horas antes, los bomberos aragoneses, en huelga desde el pasado 18 de agosto, habían alcanzado un preacuerdo con la empresa pública Sarga que les llevó a anular la concentración que precisamente tenían prevista para este jueves a las puertas del Palacio de la Aljafería, sede del parlamento aragonés, y que le hubiera estropeado la foto de arranque de curso político al Gobierno PP-VOX.
