La estrategia del PP de tratar de marcar distancias con el juicio del caso Kitchen se complica todavía más a partir de esta semana. El tribunal de la Audiencia Nacional que acoge la vista oral sobre la operación de espionaje activada en 2013 contra Luis Bárcenas, que comenzó a principios de abril, se prepara para interrogar el próximo jueves a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno (2011-2018) y del partido conservador (2003-2018) durante los años en que el Ministerio del Interior desplegó una presunta trama para arrebatar al extesorero popular los documentos comprometedores que aún podía guardar sobre altos cargos de la formación. Entre ellos, del propio jefe del Ejecutivo. Es la tercera vez que Rajoy testifica en un proceso de esta dimensión: ya lo hizo en 2017 en la pieza principal del caso Gürtel, y en 2021 en la de los papeles de Bárcenas. En ambas ocasiones negó la caja b del PP, que los tribunales dan por probada.
En Ekibastuz, una ciudad industrial del norte de Kazajistán conocida por su carbón, el Gobierno está apostando 30.000 millones de dólares a una idea poco explotada: que el futuro de la inteligencia artificial dependa tanto de la geología como del software. Allí, sobre un nodo energético heredado de la era soviética, el Ejecutivo actual quiere levantar un complejo capaz de escalar hasta un gigavatio de potencia computacional —una cifra que situaría el proyecto Data Center Valley en la liga de los grandes hubs globales de datos—. Su objetivo final es atraer desde mineros de criptomonedas hasta gigantes de la inteligencia artificial.
La Janda (Cádiz), el mayor humedal de la península Ibérica y el complejo lagunar más meridional de Europa, se ha secado tan solo un mes después del récord de precipitaciones registrado en la zona. Mientras España acumula una reserva hídrica media del 83,7% de su capacidad total y la cuenca de Guadalete-Barbate, a la que pertenece La Janda, hasta tres puntos más, las 6.125 hectáreas inundables y declaradas de dominio público en esta comarca gaditana vuelven al estado en las que las dejó la dictadura franquista cuando, con la excusa de combatir el paludismo (malaria), desecó una superficie similar a París o a 10 veces la ciudad de Cádiz para destinarla a cultivos. Lo perpetró en este enclave andaluz, Galicia (Lagoa de Antela) y Castilla y León (La Nava). En algunas zonas afectadas se han puesto en marcha incipientes procesos de restauración, pero en Andalucía, los desagües artificiales construidos durante el franquismo aún siguen abiertos y destrozando uno de los humedales más importantes de Europa para favorecer a grandes explotaciones agrícolas.
En la lista de aquellos que más han contribuido a elevar el debate sobre el cambio climático y sus implicaciones debería figurar sin duda lord Nicholas Stern (Hammersmith, 79 años). Porque este reconocido economista firmó en 2006 uno de los informes clave para que el calentamiento saliera de los laboratorios rumbo a los despachos de los Gobiernos y CEO. Es mucho más caro no actuar para frenar el cambio climático que hacerlo. Era la principal conclusión de aquel estudio que se publicó por encargo del entonces Gobierno laborista del Reino Unido. En su nuevo libro, La historia de crecimiento del siglo XXI (se puede descargar en este link), incide y desarrolla la idea de abordar esta lucha como una oportunidad. Stern atiende a EL PAÍS en un hotel junto a un Parque del Retiro de Madrid en plena ebullición primaveral. Nada bueno para su alergia. Pero ni el polen ni el bombardeo constante de malas noticias le borran su mirada optimista y divertida.
Estamos de celebración: cuatro meses después, una serie española producida por RTVE llega al horario de máxima audiencia de La 1. Hemos tenido que esperar hasta abril para que la televisión pública apostara, por fin, por llevar una serie española de producción propia a su prime time (programó Anatomía de un instante en febrero, pero fue una adquisición de Movistar Plus+). La elegida —en realidad, casi la única opción que tenía, porque solo tiene en cartera la coproducción Los 39 y, en rodaje, el policiaco Rojo sobre blanco, y pare usted de contar— ha sido Barrio Esperanza, que, tras su estreno este domingo, se emitirá los miércoles después de La Revuelta.
Los centros de datos se han convertido en una infraestructura fundamental de la economía del siglo XXI al dar soporte al uso creciente del almacenamiento en la nube, el comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de streaming y, muy especialmente, la inteligencia artificial. Su funcionamiento requiere de enormes cantidades de electricidad, agua y materias primas, que exigen que su desarrollo vaya acompañado de planes de eficiencia ambiental. La Unión Europea prevé triplicar la capacidad de sus centros de datos en un plazo de cinco a siete años para abrirse paso en la carrera global por la IA. Ese proceso no se está haciendo con la transparencia exigible a cualquier gran inversión en democracia.
En 1853 el francés Joseph Arthur de Gobineau publicó Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, el pilar intelectual del racismo moderno. En la primera frase de su libro dijo que “la caída de la civilización es el más destacado y, al mismo tiempo, el objeto más oscuro de todos los fenómenos históricos”. Él iba a explicarlo. Gobineau afirmó que la mezcla de razas había dado lugar a la degeneración inexorable de Occidente, uno de cuyos ejemplos más evidentes era la raza mediterránea; los germanos, por el contrario, se habían mantenido puros. Al ligar razas y civilizaciones, este autor dio un nuevo y terrible impulso a un tema con una trayectoria muy larga.
La democracia española supuso una toma de conciencia del valor decisivo de una justicia independiente. La decisión sobre los delitos y las penas no puede someterse a los intereses de un Gobierno con la cárcel a su servicio. Pero la democracia, cuando se pone delante del espejo, necesita mirarse a los ojos, comprender el carácter y el tiempo de sus arrugas. La justicia no sólo debe ser independiente de un Gobierno, sino de todos los intereses que viven y reviven en una sociedad. Hay jueces que son muy dependientes de los que necesitan atacar al Gobierno para establecer un orden distinto. Así que no se trata sólo de asegurar una justicia independiente del Gobierno, sino de asegurarse de que una administración judicial no juegue con las leyes, los procedimientos y los tiempos según la vanidad, la falta de ética o las dependencias de un juez. Más que con las dependencias del Gobierno, los problemas de la justicia española tienen que ver con un poder judicial que se ha demostrado incapaz de vigilar la ética de algunos de sus jueces.
