El hijo del exministro José Luis Ábalos estrenó las declaraciones de testigos del juicio por el caso mascarillas que lleva celebrándose dos semanas en el Tribunal Supremo. Víctor Ábalos ha cogido las riendas de la comunicación de su padre desde que este duerme en la prisión de Soto del Real y está siguiendo las sesiones en su casa de Valencia. Desde allí concede una entrevista telefónica a EL PAÍS para contar cómo está su padre a escasos días de declarar acusado de graves delitos de corrupción. La Guardia Civil sitúa a Víctor Ábalos como el supueto custodio del dinero del que fuera hombre todopoderoso del PSOE, pero él lo niega dentro y fuera de la sala. Asegura que el exministro no pactará con la Fiscalía porque “es inocente”, que ha recibido mensajes de apoyo de dirigentes políticos y que su expareja Jésica Rodríguez mintió en su declaración.
En marzo de 1934, la revista Fortune publicó un reportaje sobre la guerra, titulado Arms and the Men (Las armas y los hombres), donde explicaba que cada baja enemiga costaba 25.000 dólares. “Cada vez que el fragmento de un proyectil se abre paso hacia el cerebro, el corazón o los intestinos de un hombre en la línea del frente, una gran parte de los 25.000 dólares encuentra su camino hacia el bolsillo de un fabricante de armas”. En Vietnam, el precio ya había subido a un millón de dólares por enemigo. Los rifles se habían convertido en helicópteros, bombardeos masivos, y una red logística global.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, se quejó el pasado 19 de febrero en la cámara regional de que “jóvenes como Fran y Bea, jóvenes españoles, nacidos en Madrid, de padres españoles que trabajan y pagan impuestos para sostener Madrid” no vean nunca sus nombres en la lista de beneficiarios de vivienda pública. “Les voy a leer los nombres de algunas personas que sí se han llevado una vivienda pública en un municipio hace muy poquito en Madrid”, anunció. Y empezó a leer: “Kamal, Michael Dan, Peter Favio, Andrea Olguta, Monsef, Danitza, Hicham, Jasminka, Intisar, Nelson Moise, Walter, Hafida”. “Estas personas no tienen la culpa”, agregó, “de estar pasando por delante de Fran y Bea y de tantos españoles a la hora de acceder a una vivienda pública. Por cierto, también pasan por delante en las listas de espera en sanidad, en la guardería, en las ayudas directas a la maternidad o al alquiler. Los culpables son ustedes que promueven que Fran y Bea sean discriminados en su propio país para beneficiar a los que acaban de llegar”.
El asesinato de Rocío Wanninkhof dejó un reguero de víctimas. Además de la joven, que tenía 19 años cuando fue apuñalada por Tony Alexander King en 1999; su familia y allegados; o Sonia Carabantes, a la que King mató en 2003; hubo una persona que fue víctima de una persecución mediática, de una cacería social, de odio y deshumanización. Se trata de Dolores Vázquez, falsamente inculpada en la muerte de Wanninkhof, juzgada y encarcelada por ello. “Dolores Vázquez fue señalada y condenada por pura lesbofobia”, resume Beatriz Gimeno, autora del libro La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008). “Tenía coartada, no había ninguna prueba en su contra, y los indicios que usaron para inculparla bien eran inventados, bien estaban basado en la lgtbifobia. Además, todo ello permitió que el auténtico culpable, cuya autoría era bastante más evidente, saliera del foco y años después matara a otra chica [Carabantes]”, explica.
El exjefe de ETA Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo y Erreka, no iba a extinguir su pena de 30 años de cárcel por terrorismo hasta abril de 2042. Sin embargo, cuando aún tenía por delante más de 16 años de condena, el lunes de hace dos semanas la Audiencia Nacional le convertía en un hombre libre. Los tres magistrados del tribunal habían acordado aplicarle la reforma legal aprobada en septiembre de 2024 por unanimidad en el Congreso de los Diputados, que permite a los presos descontar de sus penas el tiempo cumplido por el mismo delito en cárceles de otro país.
Mustapha Brouzi Chairi, el principal implicado en la gran causa por narcotráfico en la que se ha descubierto el segundo narcotúnel de Ceuta, no perdonó que un supuesto transportista de hachís ayudara a la Guardia Civil a descubrir en febrero del año pasado la primera galería de tráfico subterráneo de drogas detectada en España. “Estaré detrás de él toda mi vida; si no lo detono, no me llamo Mustapha Brouzi”, dijo en una de las múltiples conversaciones interceptadas por la Policía Nacional. Esta última investigación, que acaba de enviarse a la Audiencia Nacional, revela que Brouzi, un importante narco al que fuentes de la investigación definen como pieza clave para que el hachís entrara en España desde Marruecos, presumía de ser el dueño de aquel primer narcopasadizo y de que la organización criminal que lideraba hizo contactos para matar Himad T.B., a quien consideraban un chivato por haber colaborado con los investigadores.
Las dos primeras potencias del planeta planean la conquista del lugar más hostil donde hayan estado los humanos. Es el polo sur de la Luna, una zona inexplorada en cuyos cráteres reina la noche perpetua y la temperatura cae a 200 grados bajo cero. Afuera, en las zonas iluminadas por un sol que apenas se levanta del horizonte, el termómetro puede superar los 50 grados. Para poder vivir en un sitio así, hace falta energía nuclear, y Estados Unidos quiere ser el primero en llevarla al satélite, antes que China, su máximo rival.
Los sindicatos médicos comienzan este lunes su tercera semana de huelga de 2026 en pie de guerra con el Ministerio de Sanidad, al que exigen un estatuto propio para los facultativos. Las negociaciones están en un punto muerto del que parece difícil salir. Tras varias reuniones, no solo no han acercado posturas, sino que reclaman la dimisión de su titular, Mónica García.
El secretario general de la organización de consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha pedido nueve años de prisión para el agitador ultra Víctor Zopperllari Quiles, conocido como Vito Quiles, por tres delitos continuados de calumnias con el agravante de odio ideológico, de acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales presentado este domingo y al que ha tenido acceso este diario. En el documento, la acusación particular plantea que las calumnias fueron cometidas en concurso con dos delitos de injurias con publicidad, por los que reclama un total de 60.000 euros de indemnización (20 euros diarios durante 20 meses) y que el acusado sea inhabilitado para el ejercicio de cualquier actividad vinculada al ejercicio del periodismo durante ese período, además de que publique un vídeo en sus redes sociales y en el canal de YouTube de EDATV ―en el que trabaja y en el que difundió parte de esos mensajes presuntamente injuriosos―, dando lectura del fallo.