Desde que comenzó el año, los médicos españoles han estado llamados a una huelga nacional un total de 14 días laborables distribuidos en tres semanas; la última, esta misma. Pese a que las comunidades autónomas han reportado seguimientos discretos (entre el 5% y el 25%, en función del territorio), los actos médicos cancelados que informan las consejerías se cuentan ya por millones, aunque no hay una estadística nacional que permita precisarlo.
La cadena de custodia de los 280.000 exámenes de diagnóstico educativo que los alumnos andaluces de 4º curso de primaria completarán el próximo martes 5 de mayo se ha roto. Estas pruebas de evaluación han llegado a los 2.500 colegios públicos, concertados y privados de la región, pero lo han hecho solo cogidas con bridas o en bolsas con un sencillo pegamento desplegable y sin conservar el vacío, por lo que pueden ser abiertas por los directores de centros sin dejar rastro alguno. Hace dos años ya se filtró en redes sociales parte de la prueba con el consiguiente revuelo, que motivó que la oposición política pidiera su anulación, y este año la empresa encargada ha puesto alfombra roja a que la filtración masiva se repita. Y acto seguido han comenzado las quejas.
Llega con el tiempo justo, traje de chaqueta y corbata, que es día de eventos varios. Posa diligente para la sesión de fotos y, con la misma practicidad con la que asume la agenda, aborda un tema y el siguiente. Durante la conversación, no tiene prisa, aunque habla con celeridad y conecta ideas a la velocidad de la luz. En cuanto se apaga la grabadora, se despide y sale por la puerta. Sin más florituras. Tiene otra cita. A Javier Tebas (San José, Costa Rica; 63 años), no parece preocuparle que la Liga haya perdido poderío económico respecto a la Premier, que gastó unos 3.500 millones en fichajes esta temporada mientras en España apenas se invirtieron 800. En su cuarto mandato, sigue enfrentado al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aunque quien le quita el sueño es otro mandamás, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.
El Desafío Semanal es un reto con diez preguntas sobre informaciones publicadas durante los últimos siete días en los distintos canales de EL PAÍS. Anímate a resolverlo cada viernes y déjanos tus observaciones en los comentarios o escribiendo a juegos@elpais.es. También puedes sugerirnos alguna pregunta (con sus opciones) y valoraremos publicarla. ¿Te animas a resolverlo?
La campaña en Andalucía para las elecciones parlamentarias del 17 de mayo comenzó ayer con el actual presidente, Juan Manuel Moreno, como claro favorito en las encuestas. El líder del PP aspira a revalidar su mayoría absoluta, que requiere de 55 escaños de los 109 que componen el Parlamento andaluz, y algunos sondeos se la dan. Tras él sitúan al PSOE, con la exvicepresidenta y exministra María Jesús Montero como candidata, seguida de Vox, que con un 10% de intención de votos según el CIS, podría tener la llave de Moreno al Palacio de San Telmo.
A mediados de enero de 1976 llegaron a estar en huelga en Madrid más de 300.000 trabajadores. El 1 de febrero salieron en Barcelona a la calle unas 100.000 personas para reclamar libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía; una semana después, el día 8, se realizó otra manifestación, y ahí llovieron palos y hubo centenares de heridos, decenas de detenidos, coches destrozados. El 24 de ese mismo mes, murió un trabajador alcanzado por un tiro de la Policía en otra movilización, en Elda. El 3 de marzo se convocó una asamblea en la parroquia de San Francisco de Asís en Vitoria donde llegaron a juntarse unas 4.000 personas. Las fuerzas del orden público lanzaron gases lacrimógenos para que salieran del recinto y, cuando lo hicieron, los dispersaron con disparos de armas de fuego y de pelotas de goma. Aquello acabó en tres muertos y dos heridos graves, que fallecerían poco después, amén de 47 hospitalizados. Partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, estudiantes y, en fin, gente del más variado pelaje reclamaba cambios en la España de esos días, poco después de que Franco muriera el 20 de noviembre del año anterior. No estaba nada claro cómo se desarrollarían las cosas y, del mismo modo que existían ganas de que llegara la democracia y entusiasmo por impulsar los cambios más urgentes, también había miedo. En ese contexto, el 4 de mayo llegaba a los quioscos un nuevo periódico, EL PAÍS.
No es nada nuevo: cuando se toca el dinero, el bolsillo de los propietarios, las pulsiones patrióticas se diluyen. Y a la hora de alinearse para el voto, en los partidos se impone el criterio de clase. El Gobierno propone un decreto de congelación de los alquileres por dos años, y las derechas se unen para tumbarlo, dejando de lado sus diferencias ideológicas y sus lealtades patrióticas. Dicho de otro modo, fascistas, conservadores, liberales, nacionalistas (hispánicos o periféricos) votan a coro la defensa de los intereses de los propietarios, por más que el coste de la vivienda sea en estos momentos uno de los principales problemas de este país, que desborda a gran parte de la ciudadanía y condena a muchas familias a la precariedad. Y el PNV, que sabe que su voto no altera la suma, pretende guardar las formas absteniéndose.
No parece discutible la mirada sospechosa del constitucionalista ante la propuesta de la “prioridad nacional” que algunos están haciendo o consintiendo, si esta conlleva, como parece ser el caso, una desconsideración o reducción de la protección de los derechos sociales de los emigrantes. Por el contrario, las exigencias del constitucionalismo de hoy deberían orientarse en otra dirección: la equiparación jurídica de los extranjeros, en la medida de lo posible, con la situación de los nacionales. La razón no es otra que considerar que la dignidad de la persona, eje del nuevo constitucionalismo, requiere la igualdad entre todas. Sin duda, dicha dignidad exige asegurar un determinado umbral de bienestar y seguridad —unas condiciones de vida, en suma— que alcancen a todas las personas.
