El mundo se adentra en una nueva época en la cual, pese a los grandes avances y promesas de la ciencia y la tecnología, abundan riesgos catastróficos y vectores de involución. Los conflictos armados aumentan, las instituciones internacionales se tambalean, la calidad democrática global se erosiona, el cambio climático avanza desbocado, el precio de la energía fomenta malestares sociales. Si a ello se añade el auge de fuerzas nacionalistas y el galope descontrolado de la inteligencia artificial (IA), el cuadro de conjunto es una navegación en aguas desconocidas repletas de rocas peligrosas y con corrientes de reflujo.
Francia atraviesa uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas. Tras diez años de macronismo, el país se asoma a un fin de reinado donde convergen una crisis económica, social, cultural e identitaria. El presidente de la República fue elegido en 2017 para frenar a los extremos y crear un gran espacio de centro. Una década después, a las puertas de unos comicios cruciales la próxima primavera, la ultraderecha está más cerca que nunca del Palacio del Elíseo y ese espacio de moderación ha perdido todo su sex appeal político. La música de fondo señala desde hace meses a una sola persona capaz de encarnar el antídoto al veneno populista.
En los 40 años transcurridos desde que España entrara en la Unión Europea, por primera vez el país tiene la posibilidad de aspirar a uno de los dos cargos con más poder en la UE, el Banco Central Europeo. El candidato no es un huracán político, sino un experto financiero cuya combinación de bagaje técnico, equilibrio y empatía personal despierta un insólito consenso en los círculos financieros, empresariales y también políticos.
“Siento comunicarte que tus peticiones en change.org no van a acabar con el fascismo”. Son las siete de la tarde del jueves 29 de octubre y unas 200 personas en la antigua fábrica Fabra i Coats de Barcelona vitorean a Jason (nombre ficticio), integrante del grupo activista satírico Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon). Estamos en Búrlate del poder, genera cambio, la Conferencia 4D, Digitalización Democrática y Derechos Digitales, que organiza Xnet y Accent Obert dentro del festival Mozilla. Sobre el escenario, uno de los portavoces del colectivo británico explica cómo en poco más de un año un grupo de tres amigos en la sombra ha ideado los boicots más celebrados contra Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg.
Tener abierta una cuenta en el banco que apenas se usa puede salir muy caro. La banca española llega a cobrar hasta 276 euros al año por el mantenimiento de una cuenta corriente y una tarjeta de débito a los clientes menos vinculados. Es el precio más elevado de entre las once entidades analizadas para el supuesto de un cliente que no cumple con ninguna de las condiciones que exigen las entidades para librarse de las comisiones que figuran en la letra del contrato al abrir una cuenta.
España no puede ser un país donde dé miedo subirse a un tren. La tragedia de Urda es el segundo accidente con decenas de muertos en la alta velocidad en menos de un año. Esa circunstancia desacredita cualquier argumento sobre su carácter excepcional, aunque contenga elementos azarosos como cualquier accidente. “Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad”, reconoció el viernes Pedro Sánchez. Que el presidente del Gobierno haga una afirmación de este calibre da una idea de la gravedad de la crisis. Ciertamente, la quiebra de la confianza es sistémica. Y la respuesta merece estar a la altura de ese diagnóstico.
Tras la derrota del Partido Socialista en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023, Pedro Sánchez disolvió las Cortes y avanzó la convocatoria de las generales que se celebrarían al cabo de tres meses. Aunque la XIV legislatura ofrecía un notable legado de políticas sociales para defender en campaña, parecía altamente improbable que Sánchez lograse revalidar la presidencia del Gobierno. Así lo profetizaban las encuestas, así lo soñaban los centros de poder de Madrid DF, así lo dictaban quienes fantaseaban con cargos e influencia. Pero el cutrísimo acuerdo suscrito al cabo de dos semanas entre el Partido Popular y Vox, que hizo presidente al inefable Carlos Mazón con medidas neofranquistas, empezó a perfilar la pregunta fundamental a la que los españoles respondieron el 23 de julio durante las horas que estuvieron abiertos los colegios electorales: ¿querían o no que su país fuese gobernando por una coalición entre conservadores y la derecha radical? La mayoría, con ideologías distintas y acentos diversos, dijimos no. Con fórceps se logró una mayoría de investidura cuyo exclusivo factor de cohesión, más que un proyecto de país, era ese no: un no a la entrada de Vox en el Gobierno para evitar la tormenta que anuncia el cielo. El Ejecutivo que salió de las urnas de 2023 debía responder a una urgencia digamos democrática: actuar con inteligencia y eficiencia para aminorar las posibilidades que los jinetes reconquistadores de Abascal acabaran sentados con la motosierra en la mesa del Consejo de Ministros. Y este objetivo no se ha cumplido. No ha sido tanto la corrupción, que bueno. Lo que la izquierda no podía permitirse era que la ciudadanía perdiese la confianza en el Estado. Y Paiporta, Adamuz, Ceuta y Urda. Puede haber ideología que defender, pero esta vez no hay legado. Es jodido constatarlo, pero es lo mínimo.
En 2013, un tren descarriló a las puertas de Santiago y murieron 80 personas. Todas las miradas se dirigieron al maquinista, quien había entrado en la curva de Angrois a más del doble de la velocidad permitida. Las víctimas dijeron que el accidente no podía explicarse solo por un error humano, y que había responsabilidades que alcanzaban a Adif, a Renfe y al propio Ministerio de Fomento. A día de hoy el maquinista es el único condenado. Esta semana, en Urda, hemos asistido a algo parecido: todavía no sabíamos qué había fallado y ya se estaba señalando a un trabajador. Después de una catástrofe como esta siempre conviven tres tiempos: el de las víctimas, que exige respeto y reparación; el de la investigación, que pide pruebas y prudencia; y el mediático-político, que reclama explicaciones en cuestión de minutos. Cuando este último se impone a todos los demás —sobre todo en campaña electoral— se puede confundir la exigencia de responsabilidades con encontrar a alguien que pague por lo ocurrido.
Nos vimos el martes 27 de octubre, antes de que el accidente de los trenes destemplara los cuerpos y descompusiera las almas. Charlamos sentadas al solecillo otoñal de las cuatro de la tarde en un remedo de chiringuito de playa cerca del río Manzanares, en medio de una rara calma en pleno centro madrileño. Había llegado tan pimpante, con su coleta alta y su flequillo Bardot, horas después de recoger, la noche anterior, su primer premio de relumbrón: el de la Fundación AISGE, presidida por el gran Emilio Gutiérrez Caba. Está rubia, siendo morenísima, por requerimiento del papel en la comedia que empieza a grabar en un par de días a las órdenes de un famosísimo director y de la que aún no puede hablar, según me cuenta Lucía con su voz cálida y quizá más aniñada de lo que quisiera. Aparenta aún menos de sus 27 años, pero lleva casi 20 sobre las tablas y ante las cámaras, y ese poso se nota en su mirada.
Lucía Caraballo (Madrid, 27 años) es una joven veterana. La niña Lucía quería ser artista desde que recuerda. A los 8 años empezó a bailar y a actuar mientras tomaba clases y, de adolescente, fue youtubber y estrella infantil en Disney Chanel. Pero fue su participación en series como Estoy vivo, con Javier Gutiérrez, No me gusta conducir, con Juan Diego Botto y, sobre todo, Animal, junto a Luis Zahera, las que la han catapultado a la primera línea de jóvenes actrices de cine.
