El canciller alemán, Friedrich Merz, parece haber perdido la paciencia. Una semana, llama la atención a miembros de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), para recordarles que debatan en privado las desavenencias con su socio de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD). La siguiente, él mismo acusa al SPD de torpedear el ansiado paquete de reformas que tiene pendiente un país aquejado de una crisis que exige cambios estructurales. Las noticias sobre las desavenencias de los dos socios se suceden casi todos los días en los principales medios alemanes.
Rebeca Grynspan (San José, Costa Rica, 70 años) aspira a ser secretaria general de la ONU, un cargo que dejará vacante António Guterres el próximo 31 de diciembre. Solo dos días después de su audiencia pública ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, aterriza en Madrid para comenzar su campaña internacional. Luego irá a Londres, París, Roma, Berlín… para mantener discretas reuniones políticas en unas y comunicar masivamente en otras, según convenga. A España ha venido a lo segundo: quiere comunicar su proyecto “primero en español”.
El Gobierno progresista de coalición del PSOE y Sumar sufrirá este martes más que probablemente otra derrota parlamentaria en un asunto de la máxima sensibilidad política cuando se vote la convalidación de la prórroga de los alquileres aprobada por el Consejo de Ministros hace un mes. Sumar ha hecho causa de esa medida para aliviar las consecuencias de la guerra en Irán para cientos de miles de arrendatarios: presionó primero al PSOE para impulsar el decreto y en los últimos días directamente a Junts, hasta el punto de ceder en posibles mejoras fiscales para los autónomos y caseros. Sin éxito. El PP tampoco va a salvar al Gobierno en esta ocasión. Tanto desde Junts como desde Sumar apuntan a que el PSOE no se ha implicado al máximo en esta negociación. Los socialistas señalan que Junts tiene tomada la decisión de tumbar el decreto desde el primer día por una cuestión ideológica y no hay nada que hacer.
Neil Armstrong dio un pequeño paso, y un saltito, para pisar la Luna y plantar una bandera, y todo el mundo habla de él, y es el héroe de los niños, pero, solo unos segundos después, también bajó Buzz Aldrin del Apolo XI para saludar a los selenitas. De él se habló menos, como también rodea cierto silencio a la figura esbeltísima (1,86m, 59 kilos) de Yomif Kejelcha, que acompañó a Sabastian Sawe el domingo hasta la última milla del maratón de Londres y también, como el keniano que grabó en sus zapatillas blancas 1:59.30, llegó a la Luna de las dos horas, solo 11 segundos después.
Mariana Mazzucato es una polvorilla. La economista italo-americana (nacida en Roma hace 57 años, criada en Estados Unidos y afincada en Londres) forma parte de ese grupo de reputados académicos progresistas que ejercen una oposición desacomplejada al neoliberalismo y al trumpismo posterior a este, pero lo hace sin afectación ni solemnidad. Habla con pasión y optimismo de otra forma de hacer y ver la economía. Mazzucato, profesora de la University College of London, defiende el papel innovador del sector público y pone como ejemplo idóneo de colaboración público-privada la primera misión a la luna ideada por Kennedy, ahora tan de actualidad. Su obra escrita es vibrante y títulos como El Estado Emprendedor o Misión Economía (editados por Taurus en España) dan buena cuenta de ello. En esta entrevista, concedida en el marco de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Barcelona, está exultante por la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común junto al Gobierno español. Sin embargo, aborda el impacto estructural de la era Trump en la economía mundial con menos euforia.
Irene murió en la Semana Santa de 2018 con solo 24 años mientras visitaba las cuevas de la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo). A la joven de Valladolid le cayó encima una piedra de este monumento natural convertido en atracción turística. Aquel 31 de marzo se había adentrado junto a su novio en las cavidades abiertas a las visitas, rodeada de una muchedumbre de curiosos y personal de vigilancia y después de que esa misma mañana se produjeran otros dos desprendimientos que fueron ignorados. Nada de esto facilitó la depuración de responsabilidades tras la desgracia. La investigación penal fue archivada y su familia tuvo que afrontar una lucha judicial por la vía civil que ha durado ocho duros años. La Audiencia Nacional acaba de darles la razón.
A veces los mapas son jeroglíficos que al resolverlos funcionan como un libro de historia. En el interactivo que publicó EL PAÍS el pasado día 14 para radiografiar la presencia de extranjeros en España hay un detalle imperceptible a primera vista. Lejos de las grandes zonas de inmigración —las costas, los centros agrícolas y las grandes ciudades— aparece un punto aislado con una alta concentración de foráneos. Está en el interior de Galicia, en el límite entre las provincias de Ourense y Pontevedra, aparentemente un lugar con poco reclamo, habida cuenta del despoblamiento y el nulo desarrollo industrial. En ayuntamientos como Avión, Beariz, Boborás o A Lama viven más de un 30% de extranjeros, según el censo, aunque pocos lo sientan así, ya que sus familias salieron de ese lugar al que ellos, descendientes, han vuelto. En ese cuadrilátero migratorio —tanto de expulsión como de acogida— se encierra siglo y medio de historia y, también, se guarda una lección de peso en torno al debate sobre las migraciones y la regularización aprobada por el Gobierno.
Los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón han convertido la prioridad nacional en el concepto de la primavera. Pero el aterrizaje en la práctica de este sintagma, que suena a nombre de grupo punk de la movida, con ecos del Frente Nacional francés y regusto racista, varía según cuál de sus promotores firmantes lo explique. El mensaje de fondo, en cambio, está claro. Los españoles (y españolas, imagino) deben ir por delante de los inmigrantes (y las inmigrantes, sin duda) en el acceso al Estado del bienestar. Pero esto, ¿cómo se hace?