El canciller alemán, Friedrich Merz, parece haber perdido la paciencia. Una semana, llama la atención a miembros de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), para recordarles que debatan en privado las desavenencias con su socio de Gobierno, el Partido Socialdemócrata (SPD). La siguiente, él mismo acusa al SPD de torpedear el ansiado paquete de reformas que tiene pendiente un país aquejado de una crisis que exige cambios estructurales. Las noticias sobre las desavenencias de los dos socios se suceden casi todos los días en los principales medios alemanes.
Rebeca Grynspan (San José, Costa Rica, 70 años) aspira a ser secretaria general de la ONU, un cargo que dejará vacante António Guterres el próximo 31 de diciembre. Solo dos días después de su audiencia pública ante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, aterriza en Madrid para comenzar su campaña internacional. Luego irá a Londres, París, Roma, Berlín… para mantener discretas reuniones políticas en unas y comunicar masivamente en otras, según convenga. A España ha venido a lo segundo: quiere comunicar su proyecto “primero en español”.
El Gobierno progresista de coalición del PSOE y Sumar sufrirá este martes más que probablemente otra derrota parlamentaria en un asunto de la máxima sensibilidad política cuando se vote la convalidación de la prórroga de los alquileres aprobada por el Consejo de Ministros hace un mes. Sumar ha hecho causa de esa medida para aliviar las consecuencias de la guerra en Irán para cientos de miles de arrendatarios: presionó primero al PSOE para impulsar el decreto y en los últimos días directamente a Junts, hasta el punto de ceder en posibles mejoras fiscales para los autónomos y caseros. Sin éxito. El PP tampoco va a salvar al Gobierno en esta ocasión. Tanto desde Junts como desde Sumar apuntan a que el PSOE no se ha implicado al máximo en esta negociación. Los socialistas señalan que Junts tiene tomada la decisión de tumbar el decreto desde el primer día por una cuestión ideológica y no hay nada que hacer.
Neil Armstrong dio un pequeño paso, y un saltito, para pisar la Luna y plantar una bandera, y todo el mundo habla de él, y es el héroe de los niños, pero, solo unos segundos después, también bajó Buzz Aldrin del Apolo XI para saludar a los selenitas. De él se habló menos, como también rodea cierto silencio a la figura esbeltísima (1,86m, 59 kilos) de Yomif Kejelcha, que acompañó a Sabastian Sawe el domingo hasta la última milla del maratón de Londres y también, como el keniano que grabó en sus zapatillas blancas 1:59.30, llegó a la Luna de las dos horas, solo 11 segundos después.
Mariana Mazzucato es una polvorilla. La economista italo-americana (nacida en Roma hace 57 años, criada en Estados Unidos y afincada en Londres) forma parte de ese grupo de reputados académicos progresistas que ejercen una oposición desacomplejada al neoliberalismo y al trumpismo posterior a este, pero lo hace sin afectación ni solemnidad. Habla con pasión y optimismo de otra forma de hacer y ver la economía. Mazzucato, profesora de la University College of London, defiende el papel innovador del sector público y pone como ejemplo idóneo de colaboración público-privada la primera misión a la luna ideada por Kennedy, ahora tan de actualidad. Su obra escrita es vibrante y títulos como El Estado Emprendedor o Misión Economía (editados por Taurus en España) dan buena cuenta de ello. En esta entrevista, concedida en el marco de la Global Progressive Mobilisation (GPM) en Barcelona, está exultante por la creación de un Consejo Global para una Economía del Bien Común junto al Gobierno español. Sin embargo, aborda el impacto estructural de la era Trump en la economía mundial con menos euforia.
Irene murió en la Semana Santa de 2018 con solo 24 años mientras visitaba las cuevas de la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo). A la joven de Valladolid le cayó encima una piedra de este monumento natural convertido en atracción turística. Aquel 31 de marzo se había adentrado junto a su novio en las cavidades abiertas a las visitas, rodeada de una muchedumbre de curiosos y personal de vigilancia y después de que esa misma mañana se produjeran otros dos desprendimientos que fueron ignorados. Nada de esto facilitó la depuración de responsabilidades tras la desgracia. La investigación penal fue archivada y su familia tuvo que afrontar una lucha judicial por la vía civil que ha durado ocho duros años. La Audiencia Nacional acaba de darles la razón.
Miles de inquilinos han solicitado en las últimas semanas la prórroga de su contrato de alquiler. Algunos, porque creían que su propietario no se lo renovaría. Otros, como los del número 37 de la calle de Riereta de Barcelona, porque ya han recibido un burofax de su casero para que abandonen su piso. Los sindicatos en defensa del colectivo han intensificado en las últimas 72 horas su presión sobre el PP y Junts per Catalunya para convencerles de que convaliden este martes en el Congreso el decreto ley que busca evitar que dos millones de inquilinos deban renegociar sus contratos cuando el contexto internacional empieza a perfilar otra ola de escalada de precios. Sin embargo, Junts ya anunció este lunes que no dará su brazo a torcer y tumbará la norma.
“Yo soy biznieto de Carlos Arniches, y tiene un sainete que acaba de cumplir 105 años, que se llama Los caciques, que alude exactamente al trato de favor familiar, sobre todo en corporaciones locales. Y estoy aquí como víctima. Yo he denunciado ante el canal interno de una sociedad que cotiza en el Ibex”, se oye decir a una voz del público durante el acto que el pasado 9 de diciembre, aprovechando el Día Internacional contra la Corrupción, organizó y grabó en vídeo la Fundación Ortega Marañón en Madrid con el título “Integridad y protección de las personas denunciantes”. El biznieto de Arniches era una de ellas. Había denunciado un presunto caso de nepotismo en una sociedad público-privada, propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una filial de Mapfre, la multinacional en la que trabajaba desde hacía más de 30 años como abogado. Fue suspendido fulminantemente y despedido un mes después, en febrero de 2025, pero ha acabado ganando. El juicio en el que alegaba que su despido era una represalia por la denuncia iba a celebrarse el pasado 10 de abril, pero minutos antes de que se abriera la audiencia pública, Mapfre aceptó indemnizarlo con 1.150.000 euros, según la resolución judicial a la que ha tenido acceso este diario.