Con tan solo 39 años, el economista francés Gabriel Zucman (París, 1986) se ha convertido en un referente de la izquierda progresista mundial y en la némesis de buena parte de los ultrarricos. Célebre por sus estudios sobre la evasión y elusión fiscal de multinacionales y megamillonarios, su propuesta de crear un impuesto mínimo del 2% a las fortunas de más de 100 millones de euros, conocida como tasa Zucman, estuvo a punto de aprobarse en su país natal. “El Senado la bloqueó, pero no va a desaparecer”, asegura durante una entrevista en el Palacio de La Moncloa celebrada este viernes, tras la firma de un memorando con el Gobierno para colaborar en la investigación sobre cómo mejorar los sistemas fiscales. “No debería permitirse que los multimillonarios paguen menos [impuestos] que el resto; es una violación de nuestros principios más básicos de igualdad ante la ley”, zanja el también director del Observatorio Fiscal Internacional, antes de enumerar las iniciativas y el interés que este debate está generando en todo el mundo. “Ya estamos ante un punto de inflexión”, afirma.
Els catalans han començat a parlar d’immigració. I ho fan amb certa urgència, conscients que potser fan tard, amb la intuïció que cal entomar, finalment, un debat a fons que vagi més enllà de la notícia del dia o de l’enfrontament polític de torn. L’arribada de dos milions de persones en 25 anys és el fet més rellevant i amb més implicacions, coincideixen els experts, que ha viscut Catalunya aquest segle, molt més que el procés independentista, molt més que qualsevol altra transformació social o tecnològica. En qüestió de mesos han aparegut llibres, s’han celebrat congressos, s’han presentat dictàmens i informes i s’han discutit, de manera abrandada, idees contraposades en articles de premsa sobre un assumpte volàtil, d’alt impacte emocional, mancat sovint de fred raciocini. Mentre l’extrema dreta recorre al discurs identitari o cultural (la por a la dissolució de la nació, la por a l’altre), aquesta nova fornada d’estudis posa l’economia al centre.
Salvador Illa es más que un barón socialista. Al presidente de la Generalitat y líder del PSC, su fortaleza en las encuestas le sitúa como una de las figuras hegemónicas del panorama político en España. Pese a ello, a sus 59 años rechaza cualquier aspiración a suceder a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno e insiste en su voluntad de permanecer en su tierra. “A Cataluña le conviene estabilidad y tengo proyecto para una década”, dice.
La negociación con Vox ha vuelto a convertirse en un foco de tensión interna dentro del PP. El último episodio se dirime en Extremadura, donde han saltado chispas entre Génova y el PP extremeño por el enconamiento de las conversaciones para la investidura de María Guardiola. La dirección nacional apercibió en público a su baronesa después de que esta concediera una entrevista en el digital Okdiario para reconducir puentes con los ultras en la que llegó a decir que el feminismo en el que ella cree “es el feminismo que defiende Vox”. “Sobra ruido y falta trabajo serio alrededor de una mesa”, replicó a Guardiola esta semana la vicesecretaria Carmen Fúnez en un mensaje que cayó como un jarro de agua fría en el PP extremeño. “Ese recado de Génova no sentó nada bien”, admite un dirigente del territorio, que como otros se queja de que la cúpula, más allá de lanzar avisos, no echa una mano a sus barones para reconducir la relación con Vox.
Si hay una persona en el mundo que puede considerar el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles del presidente Donald Trump como una victoria personal es Rick Woldenberg, el empresario de Chicago, de 65 años, que presentó la demanda. Ha sido una batalla judicial larga e intensa. De un empresario mediano contra un Gobierno inflamado de poder. Su empresa, Learning Resources, que da nombre al fallo de la Corte Suprema, fue de las primeras en acudir a los tribunales contra la todopoderosa Administración de Trump que ordenaba enjuiciar a sus rivales políticos y amenazaba a cualquier que se le opusiera. “No he hecho nada malo”, dice Woldenberg.
Es como añadir incertidumbre al caos. La airada reacción de Donald Trump a la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que tumbó el viernes los llamados aranceles recíprocos —una catarata de tasas comerciales impuestas al resto de países en abril de 2025— ha sumido en una ola de desconcierto a empresarios y responsables diplomáticos de medio mundo.
En el homenaje a los caídos en Ucrania de la plaza Maidán de Kiev no queda casi espacio libre de banderas y fotos, cuando la invasión rusa a gran escala está a punto de cumplir cuatro años. Oleksandr Boradochencko, de 72 años, hace equilibrios para despejar la nieve del retrato de su único hijo, Oleksii. Los rusos lo mataron en Kurájove (Donetsk) en 2024. Boradochencko dice que murió con él y que no tiene ninguna fe en que la paz esté próxima. “No va a haber acuerdo. Es imposible perdonar a Rusia. No vamos a dejar de luchar. Es imposible”.
“Si a los 20 años no eres de izquierdas no tienes corazón, si a los 40 aún lo eres no tienes cabeza”. Aunque se atribuye a Winston Churchill, en realidad es un aforismo anónimo que, ya algo manido, circula con facilidad al acoplarse a una intuición que parece de sentido común: los valores asociados a la juventud —utopismo, rebeldía— casan mejor con la izquierda, y viceversa. Pero esa intuición, en el caso de los varones, choca hoy con los números en España. Y eso es un grave problema para la izquierda, que ha aflorado en pleno debate sobre su futuro.
Los movimientos se precipitan. La política española multiplica jugadas a varias bandas para prepararse ahora para la batalla decisiva: las elecciones generales de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo y logra llegar hasta ahí sin verse forzado a un adelanto. Todos juegan sus cartas. PP y Vox recrudecen su pulso por el control de la derecha, pero ya cada vez más claramente unidos en un bloque para llegar a La Moncloa y gobernar allí en coalición. El espacio a la izquierda del PSOE se reorganiza ya sin el protagonismo de Yolanda Díaz buscando concentrar un voto cada vez más disperso y desactivado pero decisivo para intentar frenar el auge de Vox, con quien competirá provincia a provincia por muchos escaños.
A las 18.29 del pasado martes 17 de febrero, varios periodistas recibieron por WhatsApp un comunicado de apenas 357 palabras que iba a desatar una gigantesca crisis institucional a una velocidad de infarto. Se titulaba así: El director adjunto operativo de la Policía Nacional investigado por agresión sexual. En escasos cuatro párrafos, el abogado Jorge Piedrafita explicaba que un juzgado de Violencia contra la Mujer de Madrid había admitido a trámite una querella por violación contra el comisario José Ángel González, alias Jota, máximo jefe del cuerpo y con mando sobre sus cerca de 75.000 agentes. La noticia es una bomba. Y, en unos minutos y tras contrastarla, medios como EL PAÍS comienzan a ofrecer los primeros detalles de la denuncia presentada por una inspectora contra su superior. Habla de “penetración” no consentida, de “mensajes intimidatorios”, de “abuso de superioridad”, de “coacciones” para “comprar su silencio”... A las 20.30, solo dos horas después de difundirse la nota del letrado, González dimitía.