Desde el mes de marzo se sabe perfectamente el planteamiento de la campaña del candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno. Su equipo ha compuesto una letra que se repite tanto como la de una sevillana en la que une conceptos como “estabilidad”, “confianza”, “seguridad”, “certidumbre” y “crecimiento”. El estribillo lo remata con dos disyuntivas. La primera: “Aquí sólo (tilde justificadísima) hay dos opciones: o solo o acompañado”. La segunda: “Hay que elegir entre estabilidad o lío”. Este miércoles ha introducido una tercera: ‘O yo o el caos’, una variante de las anteriores un tanto sobrada. Tan seguro está Moreno de su victoria que ya sabe dónde la va a celebrar: “A alguna de las playas de Andalucía. Estaré feliz en cualquier playa andaluza escuchando las olas. Eso va a ser sanador y será mi mejor celebración”, dijo en una entrevista en Abc.
Si hay un debate central que marca la campaña de las elecciones andaluzas del 17-M, ese es la “privatización”. La izquierda en bloque acusa al Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla de un deterioro intencionado de servicios públicos como la educación y la sanidad para favorecer la actividad privada en estos ámbitos. No se trata de privatización en el sentido estricto, entendida esta como el traspaso de la titularidad de un ente público, como sucedió con Argentaria a finales del pasado siglo, sino el peso creciente de entidades con ánimo de lucro para la prestación, por concierto (caso de la sanidad) o como negocio (universidades privadas o formación profesional), de servicios que eran predominantes o casi exclusivos del sector público. El PP rechaza que éste sea el caso de Andalucía.
Andalucía carece desde principios de año de la póliza de seguro que cubra los errores médicos que sufren sus 8,7 millones de habitantes y cualquier incidente laboral que afecte al desempeño de sus 130.000 profesionales sanitarios. El Gobierno andaluz pagaba 28 millones al año, pero a finales de 2025 no cerró una segunda prórroga con la aseguradora Berkshire Hathaway, por lo que en breve licitará un concurso público por más dinero. La situación es anómala en la sanidad pública española y solo la Comunidad Valenciana, Extremadura y Canarias carecen de una póliza de responsabilidad civil que cubra las negligencias involuntarias provocadas por diagnósticos erróneos u operaciones quirúrgicas.
Este texto es un extracto del nuevo boletín ‘Documentalmente’, de EL PAÍS. Para recibir la newsletter, puedes apuntarte aquí.
Andrea García-Santesmases Fernández (Madrid, 37 años) estudió Antropología en la Complutense porque tenía claro que quería mirarlo todo con óptica política: “La Carlos III, donde hice Sociología, era una universidad más señorial, a pesar de ser pública”. Pronto se dio cuenta de que, dentro del movimiento estudiantil, las chicas siempre tenían roles secundarios. Acabó fundando un colectivo llamado Mantys, ese insecto que devora al macho después del sexo (aunque también acrónimo de Mujeres Antipatriarcales y Subversivas). Esta Doctora en Sociología, actual profesora de la UNED, llevea años investigando el deseo con perspectiva de género. En su último libro, ‘Un nuevo contrato sexual’ (Ariel, 2026) propone darle una vuelta a los roles en las relaciones heterosexuales. Y para hacerlo, entre otras cosas, se ha sentado muchas horas a hablar con gigolós.
No había estudiado literatura, ni tenía conexión alguna con el mundillo literario, corrían los primeros años noventa y Fernanda Trías (Montevideo, Uruguay, 1976) recuerda que, impulsada por su pasión por escribir, avanzaba a tientas. Dice que aprendía leyendo, de forma autodidacta, hasta que sintió que no podía seguir sola y oyó hablar del taller de Mario Levrero (1940-2004).
El mundo del trabajo está cambiando no solo por la innovación tecnológica, sino también por procesos demográficos, migratorios y ambientales que están reconfigurando quiénes trabajan, dónde y en qué condiciones. Pensar la formación en este contexto implica ampliar el foco: no se trata solo de anticipar habilidades, sino de comprender el escenario en el que esas habilidades adquieren sentido.
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, ya en marcha, es un hito para los cientos de miles de migrantes sin papeles que residen en España. Pero también es una oportunidad de negocio para los abogados especializados en extranjería (unos 28.000). Los colegios profesionales denuncian que la Administración ha dado a entender que sus servicios no son necesarios para completar el trámite. Y se sienten desplazados por el hecho de que el Gobierno haya permitido a entidades sociales acreditadas (ONG y sindicatos) emitir los certificados de vulnerabilidad y tramitar los expedientes en su integridad.