La ciencia es injusta a veces. Los oviraptores no raptaban huevos (como su nombre acusa) sino que los cuidaban. Daban abrigo a los suyos y a los de otros con igual esmero. Lo hacían a través del contacto corporal directo, como hacen la mayoría de las aves actuales. Y, ahora se sabe, también con ayuda del sol. Es lo que propone un trabajo publicado este martes por investigadores asiáticos en la revista especializada Frontiers in Ecology and Evolution.
La banca participará en la nueva gran herramienta de inversión del Gobierno. El sector se encuentra actualmente en plenas conversaciones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para participar en la gestión del nuevo fondo soberano España Crece, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado mes de enero y que estará dotado con 120.000 millones, según indican fuentes financieras. La idea es que sean los bancos los que contacten directamente con los potenciales beneficiarios de los fondos y lo canalicen a través de préstamos, avales u otras vías.
Una de las grandes paradojas de la guerra de Donald Trump en Irán es que el presidente de Estados Unidos lleva días presionando a sus principales aliados europeos, además de a China, Corea del Sur y Japón, para que formen una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz, y, al mismo tiempo, defendiendo que no los necesita para nada.
Castilla y León repartió 31 escaños en las elecciones generales de 2023. El PP logró 18 de esos escaños con un 42% de los votos y el PSOE 12 con 32%, pero Vox se quedó con solo un asiento, aunque le votó el 14% de la región. El partido de ultraderecha fue el perjudicado por el sistema electoral, pero eso podría cambiar.
Cuando S.A.S., nacional francesa musulmana, presentó su demanda contra Francia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque la ley de 11 de octubre de 2010 le impedía llevar el velo integral en público, manifestó que lo usaba de acuerdo con su fe religiosa, que ni su marido ni ningún otro miembro de su familia la presionaban para vestir de esta manera y que lo llevaba el niqab en público y en privado, pero no sistemáticamente. En determinadas ocasiones (por ejemplo, en Ramadán) lo llevaba en público como expresión de su fe religiosa. Su intención no era molestar a nadie. Al verse obligada a quitárselo al salir y llevarlo en casa “como si fuera una prisionera”, la había abocado a adoptar una “personalidad de Jekyll y Hyde”. La prohibición francesa sustituía su elección personal por una abstracción paternalista de lo que sería “bueno para ella”. Cualquier mirada feminista coherente con los derechos humanos criticaría medidas legislativas que pretenden uniformar la apariencia de las mujeres y negarles su autonomía. El objetivo sería, por el contrario, garantizar la capacidad real de cualquier mujer de elegir llevar velo o quitárselo, sin miedo a sanción estatal y a la estigmatización social.
Qué incómoda extrañeza ha desprendido la última gala de los Oscar. El mundo en llamas por capricho de su presidente y ellos haciendo bromas sobre la que había liado Timotheé Chalamet con el ballet. No se trataba de montar una asamblea política, pero la ignorancia deliberada de Hollywood a las consecuencias de las acciones de su país ha llegado a niveles tan escandalosos como para que tuvieran que ser los extranjeros de la fiesta los que señalaran, tímidamente, el elefante en la habitación. Fueron los aliens, por adoptar la jerga legal y deshumanizadora que ha popularizado Donald Trump sobre los migrantes, los que evidenciaron la marcianada de ignorar el dolor de los demás. “No a la guerra y Palestina Libre”, verbalizó escuetamente Javier Bardem al entregar el Oscar a Valor sentimental como mejor película internacional. “Todos los adultos son responsables de todos los niños. No votemos a políticos que no se lo tomen muy en serio”, dijo el director noruego de la película premiada, Joachim Trier, parafraseando a James Baldwin, uno de los autores que mejor ha explorado la estrecha relación entre el racismo y la homofobia de su país. Se podría decir que esos fueron los dos ¿grandes? alegatos políticos de una fiesta empeñada en rascarse la espalda, ajena a lo que estaba sucediendo fuera.
El comisario José Ángel González, director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional hasta su dimisión el pasado 17 de febrero, está citado a declarar a partir de las 10.30 de este martes ante el magistrado David Maman Benchimol por un supuesto delito de agresión sexual. En enero, el juez admitió a trámite una querella presentada contra él por una agente del Cuerpo, que lo acusa de violarla en abril de 2025 y tratar de comprar posteriormente su silencio con ayuda de su número dos, Óscar San Juan —apartado de sus responsabilidades por el Ministerio del Interior—.
En julio, las denuncias de acoso sexual y abuso de poder de dos trabajadoras de La Moncloa destronaron a quien iba ser la persona de confianza del presidente Pedro Sánchez en la sede federal del PSOE, Paco Salazar. Pese a negar taxativamente los hechos, el dirigente dimitió como secretario general de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno y solicitó su baja en el partido. La polémica consecuente ilumina un problema estructural muchas veces oculto. Desde 2018, los ministerios, organizaciones y empresas que forman la Administración general del Estado han visto cómo se activaban sus mecanismos internos contra el acoso sexual o por razón de sexo en al menos 516 ocasiones, según datos a los que accedió EL PAÍS en aplicación de la ley de transparencia. De ellos, 115 casos fueron estimados. Es decir, las administraciones tomaron decisiones contra los infractores en un 22% de las ocasiones, aunque hay casos que siguen abiertos, o no se detalla qué ha ocurrido finalmente con ellos por confidencialidad, o porque han acabado en los tribunales. Esos datos, por tanto, apenas representan la punta del iceberg.
El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, no cree que la licencia que el Gobierno otorgó a una de las empresas vinculadas a una trama de fraude de fuel tenga ningún vínculo con la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020. El magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado llamar a declarar a ocho nuevos testigos en esta investigación que indaga en un fraude de 231 millones de euros a Hacienda, y ha denegado la identificación de las personas que trabajaban en la segunda planta de la sede del PSOE donde la empresaria imputada Carmen Pano asegura que dejó 90.000 euros.
