El juez Santiago Pedraz, a cargo del caso hidrocarburos en la Audiencia Nacional, no cree que la licencia que el Gobierno otorgó a una de las empresas vinculadas a una trama de fraude de fuel tenga ningún vínculo con la supuesta entrega de dinero en efectivo en la sede de Ferraz en octubre de 2020. El magistrado, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, ha rechazado llamar a declarar a ocho nuevos testigos en esta investigación que indaga en un fraude de 231 millones de euros a Hacienda, y ha denegado la identificación de las personas que trabajaban en la segunda planta de la sede del PSOE donde la empresaria imputada Carmen Pano asegura que dejó 90.000 euros.
Cuatro normas básicas: sonrisa amable, nada de mentir, empezar por las plantas de arriba ―los estudios indican que tienden a abrir más― y, ante todo, no enzarzarse en discusiones. Una treintena de personas escucha las instrucciones. Alguna toma notas, otros se miran y asienten. Hay nervios, van a hacer algo que no siempre es bienvenido y suele irritar. Son militantes, concejales y diputados de Más Madrid de diferentes zonas de la ciudad y se han reunido un sábado a las diez de la mañana frente al parque de Peñuelas, en el distrito de Arganzuela, para pasar las próximas tres horas tocando timbres y preguntando a los vecinos qué harían si fuesen alcaldes. Es lo que se conoce en inglés como canvassing, una práctica muy popular en Estados Unidos ―fue una de las grandes bazas del demócrata Zohran Mamdani para hacerse con la alcaldía de Nueva York―, Reino Unido y en las últimas campañas de partidos de izquierdas en Portugal o Alemania. Ahora es también la apuesta estrella de la oposición madrileña para afianzar voto progresista y, sobre todo, activar a quienes no acudieron a las urnas en las elecciones de 2023. EL PAÍS sigue a cuatro de estos voluntarios durante el segundo puerta a puerta organizado por el partido en la capital.
No resulta ninguna sorpresa que este invierno en España ha sido muy húmedo. Según el balance de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con 323,2 milímetros en promedio, este ha sido el octavo periodo invernal más lluvioso desde el comienzo de la serie en 1961 y el tercero del siglo XXI. Sin embargo, las tendencias no dicen lo mismo. España es un país cada vez más árido. Y un estudio publicado en International Journal of Climatology alerta de que esto va a ir a peor.
El negocio del cava vive días de mudanza. El progresivo goteo de marcas familiares que optan por desvincularse del control que ejerce el Consejo Regulador y las operaciones de venta que implican a bodegas legendarias, como Freixenet y Codorníu, ponen al sector en una situación reputacional insólita. Justo cuando el escenario comercial está repleto de incertidumbres, con la guerra arancelaria sumando tensión a la feroz competencia del mercado de los espumosos, la marca cava tiene que lidiar con debates internos que azuzan rivalidades y causan más dolores de cabeza que brindis de celebración. Esta semana se harán públicos los resultados de ventas de 2025, con el recuerdo de que el último balance público reflejó una caída del 13%. La tendencia choca con los números divulgados por Corpinnat, el grupo de productores díscolos que se desmarcan del Consejo Regulador del Cava y que, tras reportar un aumento de las expediciones del 34,8% y un repunte de la facturación del 27%, identifica el año 2025 como “un punto de inflexión” sin vuelta atrás.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado sobradas muestras de utilizar la temeraria técnica apostadora del doble o nada como estrategia negociadora en el ámbito político y militar. Sin embargo, el mandatario parece no caer en la cuenta de que lo que puede ser válido en una mesa de juego resulta completamente inaceptable tanto en el campo de las relaciones internacionales como en el campo de batalla. Y menos aún entre países aliados a los que ni se puede ni se debe amenazar. Pero eso precisamente es lo que Trump ha hecho con la OTAN, la organización que ha protegido Europa occidental desde el final de la II Guerra Mundial. Y la respuesta europea no ha podido ser más pertinente y rotunda.
¿Es la tríada formada por Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, y Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, el peor liderazgo en Bruselas en décadas? Es muy posible que la respuesta sea afirmativa en el peor momento, con el mundo atrapado en una danza macabra, en un empacho de conflictos bélicos que se asemeja a una guerra civil global. Vimos sobradas muestras de esa baja calidad en las negociaciones comerciales con el trumpismo. En la política del apaciguamiento con Trump, que no ha funcionado y es una suerte de vasallaje feliz. Con la posición impresentable de Europa en relación al genocidio de Gaza. Solo el apoyo a Ucrania se salva. Pero el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que ha puesto la geopolítica y la geoeconomía patas arriba, se lleva la palma.
La desclasificación de los documentos del 23-F nos ha vuelto a traer el debate en torno a la obsolescencia de la ley de secretos oficiales de 1968 y la necesidad perentoria de su reforma. No en vano, la divulgación de los papeles del golpe de Estado responde a un acto gubernativo discrecional, fruto de un cálculo de oportunidad política del Gobierno de Pedro Sánchez. Paradójicamente, el propio Ejecutivo, que aprobó el Proyecto de Ley de Información Clasificada en julio de 2025, ha propiciado que languidezca desde entonces en el Congreso de los Diputados mediante el consabido método de la sucesiva prórroga de enmiendas. El proyecto, que pretende sustituir la vigente ley preconstitucional, propone desclasificaciones automáticas en un máximo de 60 años (45 años para el “Alto Secreto” y “Secreto”, prorrogables 15 más de forma motivada), adaptando la regulación española a estándares europeos —países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos, incluso— y alineándola con la Constitución y la legislación de transparencia.
Este viernes, a la hora mediterránea de comer, ingresaremos en la primavera mientras el Parlament digiere el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. El punto de inflexión servirá a muchos para espantar un invierno plomizo, de reminiscencias británicas, que parecía encallar el calendario con tanta lluvia. Una sensación de cerrazón permanente, como la vivida hasta la fecha con el serial de las cuentas públicas, todavía sin luz de desenlace. Según la orilla del río que se consulte, el desencuentro presupuestario se explica por los compromisos decrecientes o la insatisfacción impostada. Ciertamente, el salto a la primavera no garantiza presupuestos a Salvador Illa ni plena alegría a Oriol Junqueras, puede que sí traiga un poco más de sol y, con toda seguridad, activará la precampaña de les elecciones municipales de 2027. Sí, de momento, la única cuenta atrás oficial es la de los comicios locales. Y hay experimentos que requieren atención, como el que se cocina en Manresa.
No sé si existen indicios suficientes para abrir una causa contra Julio Iglesias por delitos de trata de personas y agresión sexual, entre otros. De lo que sí estoy seguro, con la seguridad que da la ley en la mano y la obligación de los jueces y fiscales de aplicarla, es que España sí tiene jurisdicción para preguntárselo.
“Recordar nos humaniza, la memoria es vida y no se puede obligar a las personas al olvido”. Apenas una semana después de la derogación de la ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears vienen a mi mente estas palabras de Miquel Jerez, hoy senador, entonces diputado autonómico del Partido Popular. Las pronunció en el Parlament en 2016, el día que se aprobó por unanimidad la otra parte de la norma, la llamada ley de fosas. Una ley que, a propuesta del PP, había cambiado su nombre por el de Ley para la recuperación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura en Baleares. Tras algunos desacuerdos, la tramitación de la ley sirvió para limar asperezas y alinear a gobierno y oposición. La ley se cerró con apoyo general y un ambiente emocionado y festivo. “Celebramos un acto de justicia que servirá para cerrar heridas que debían haberse cerrado hace tiempo”, defendió Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos en las islas. Gobernaba entonces Francina Armengol, al frente de un tripartito conformado por PSIB-PSOE, Més per Mallorca/Menorca y Podemos.