El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres. Todos tienen paralizado el derecho al sufragio, salvo aquellos a los que consulados expidan un certificado que acredite que son hijos o nietos de exiliados por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.
Las izquierdas acordaron este mes negociar la formación de un Gobierno de coalición en Berlín que abordará la nacionalización de activos de fondos inmobiliarios y dé a la capital alemana 150.000 nuevas viviendas públicas. Die Linke ganó con claridad las elecciones regionales de septiembre con la promesa de llevar a cabo estas expropiaciones para frenar el encarecimiento de los alquileres. El canciller alemán, Friedrich Merz, ya advirtió de que impediría las nacionalizaciones y su Gobierno prepara una ley para hacerlo imposible.
Nadie encuentra una explicación razonable. El ministro de Transportes, Óscar Puente, lo ha calificado de “inexplicable”. De momento, es una de las grandes preguntas pendientes del accidente de dos trenes que ha dejado al menos 68 muertos: ¿cómo es posible que ni el controlador ni sus supervisores vieran durante 17 minutos, los que tardó el AVE en recorrer los 25 kilómetros que le separaban del Iryo que estaba detenido, que un tren con 397 pasajeros se dirigía a toda velocidad a un choque brutal contra otro detenido con otros 147 pasajeros?
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado explicaciones sobre el accidente ferroviario de Toledo, que ha provocado al menos 68 muertos y 77 heridos, así como una investigación gubernamental y judicial “inmediata” y “sin interferencias”. Feijóo, que ha comparecido de urgencia en la sede del PP en una declaración sin preguntas y con un crespón negro a su espalda, ha instado además a una “revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria”. “España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron”, ha pedido el jefe de la oposición.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Urda (Toledo), junto al lugar del grave accidente ferroviario que ha causado al menos 68 muertos tras chocar dos trenes de alta velocidad a primera hora de este miércoles. Sánchez ha acudido a respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y transmitir su apoyo a los afectados por el siniestro, y ha enfatizado que se investigará todo lo ocurrido. “El objetivo es esclarecer lo sucedido, por qué ha ocurrido”, ha recalcado, para llegar “hasta el final” y dirimir si ha habido “negligencias” y “fallos”. Si las ha habido, ha recalcado, “se sabrá”. Sánchez ha mencionado el accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) y ha reconocido que no “es asumible” que el país sufra dos graves accidentes de alta velocidad en un mismo año.
Joan Matji (Lesoto), directora global de Nutrición y Desarrollo Infantil de Unicef, considera que como sociedad hemos fallado a niños y adolescentes al permitir que estén rodeados de alimentos ultraprocesados y poco saludables donde viven, estudian y juegan. “Creo que estamos ante un problema muy serio”, mantiene en una entrevista con EL PAÍS en Madrid, donde participa en la Cumbre Mundial sobre Obesidad, que del 26 al 28 de octubre reúne a gobiernos, personas con obesidad, jóvenes y representantes de la sociedad civil para evaluar los progresos y acordar prioridades en la lucha contra esta enfermedad crónica de aquí a 2030. Para ella, el aumento de los niños con sobrepeso y obesidad va más allá de ser un asunto sanitario, sino que “es el resultado de un fracaso de los sistemas y los entornos alimentarios en los que crecen los niños”, que, además, tiene un alto coste económico para los Estados. “La prevención es mucho más barata que el tratamiento”, explica Matji, que apuesta por una combinación de medidas, que pasan por facilitar el acceso a dietas saludables, educación y una mayor regulación.
Los profesores catalanes ya tienen la lista de las nuevas reivindicaciones con las que piden que se reabran las negociaciones con el Departamento de Educación y así poner fin al conflicto educativo. Desde inicio de curso, a través de las asambleas, se ha pasado un formulario a los docentes para que eligieran las prioridades, y de ahí salió una lista que fue presentada en la Asamblea Educativa de Cataluña del pasado sábado, pero que este miércoles han hecho pública los sindicatos que mantienen vivo el conflicto educativo -Ustec, CGT e Intersindical-. Entre las peticiones destaca el incremento de plantilla en 34.000 trabajadores (tanto docentes como personal de apoyo educativo), internalizar el servicio de vetlladores, reducir la burocracia, más inversión en escuelas y protección del catalán.
