Cuando salía en su coche de la sede del partido, cinco furgonetas con los cristales oscuros le cortaron el paso. No recuerda cuántos hombres bajaron, pero vestían de negro, tenían la cara cubierta con pasamontañas y llevaban fusiles. A partir de ahí, todo se vuelve más borroso. La suben al asiento de atrás de una de las camionetas, le vendan los ojos y empiezan a dar vueltas por Culiacán, la capital de Sinaloa. No hay golpes ni insultos, solo amenazas muy veladas como “tenemos a medio Culiacán, aquí” o “cuando quieras te llevamos a tu casa”. Casi nueve horas después, mientras el sol ya empieza a asomar por las suaves montañas que rodean la ciudad, a Paola Gárate le quitan la venda de los ojos y la sueltan cerca de un supermercado. Era domingo y en unas pocas horas abrirían las urnas para elegir al nuevo gobernador del Estado. Así, entre aturdida y aliviada, comenzó la jornada electoral de la presidenta del PRI de Sinaloa.
La guerra contra “la casta política” y “la moral como política de Estado” son los estandartes discursivos que llevaron a Javier Milei a la Casa Rosada y legitimaron su programa de ajuste y desregulación económica de Argentina. Pero, a casi dos años y medio de gestión, las banderas que el presidente ultra sigue haciendo flamear aparecen mancilladas por múltiples denuncias de corrupción que le involucran tanto a él mismo como a su entorno más cercano, asimilando a su Gobierno con la denostada casta. La gran mayoría de los sondeos de opinión pública coinciden en que, durante el primer cuatrimestre de este año, se expandió la imagen negativa de Milei en todo el país y aumentó también la preocupación social por la corrupción, junto a un creciente malestar por los problemas económicos: la inflación persiste; los salarios no alcanzan.
Una gran grieta ha aparecido en el lugar menos esperado, el flamante piso que conformaba la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, espacio sagrado hasta ahora, en los 14 meses que han compartido Claudia Sheinbaum y Donald Trump al frente de sus respectivos gobiernos. La crisis política en México por la presencia de agentes de la CIA sobre el terreno en Chihuahua y la acusación de Estados Unidos por narcotráfico contra un gobernador y un senador en Sinaloa enmarcan la ruptura, cuyo tamaño y consecuencias están por concretarse. La partida avanza, alfiles y caballos se preparan. Un movimiento en falso de uno u otro lado podría complicar aún más el panorama.
Nieves Lao Giménez tiene 42 años y empezó hace 18 a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En todo este tiempo, ha acumulado una vida laboral de 17 páginas. Este documento oficial que facilita la Seguridad Social recoge todas las altas y bajas de empleos que un trabajador registra en el sistema, y para alguien con una vida laboral de unos 20 años, lo habitual es que ocupe dos o tres páginas. Esta enfermera que ahora trabaja en el área de salud mental del hospital Torrecárdenas de Almería ha desarrollado casi toda su experiencia laboral enlazando sustituciones de pocos días, semanas o meses en el mejor de los casos. “Y sin generar ni siquiera derecho a vacaciones”, se queja. Su caso es uno de los cientos de miles de ejemplos que inundan las plantillas de las Administraciones publicas españolas. Estas emplean a más de tres millones de trabajadores. Actualmente, uno de cada tres son temporales.
Cuando asumió la vicepresidencia en 2018, Luis de Guindos (Madrid, 66 años) afrontaba lo que parecía el mandato más aburrido de la historia del Banco Central Europeo (BCE). “Yo pensé que no íbamos a mover los tipos, ni para arriba ni para abajo, llevaban mucho tiempo inmóviles y pensé que seguiría así”, recuerda ahora. En estos ocho años en el puesto, sin embargo, el mundo sufrió la pandemia y el coma autoinducido de la economía mundial; la peor escalada inflacionista en 40 años, seguida de una subida abrupta del precio del dinero; la invasión rusa de Ucrania, las sacudidas comerciales por parte de Estados Unidos y, ahora, el choque energético derivado del conflicto en Oriente Próximo.
Antes de ser Nueva York, la gran metrópolis estadounidense fue bautizada por los colonos neerlandeses como Nueva Ámsterdam. Tres siglos después, ese nombre vuelve a cruzar el Atlántico, pero para aterrizar en Barcelona. New Amsterdam Developments (NAD) es hoy una de las empresas inmobiliarias más conocidas —a la vez que más opacas— por haber amenazado el hogar de inquilinos barceloneses. Su modelo de negocio que, según denuncian los vecinos, consiste en expulsar a inquilinos de sus domicilios que pagan alquileres todavía razonables para crear colivings, ha enfurecido al Gobierno catalán y al Ayuntamiento de Barcelona. Máxime cuando la compañía no ha hecho sino importar a la ciudad las prácticas que uno de sus socios emplea en Nueva York desde hace tres lustros con su inmobiliaria Stone Street Properties, que ha sido llevada a los tribunales por supuesto acoso a inquilinos e impagos salariales y de préstamos.
El cerrojazo del estrecho de Ormuz era lo que en la jerga se suele llamar, no sin cierta rimbombancia, un “riesgo de cola”: un suceso tan extremo como poco probable. Un órdago más, se decía, como tantas y tantas veces antes. Pero llegó. El lunes 2 de marzo, bajo las bombas israelíes y estadounidenses, la Guardia Revolucionaria anunciaba el bloqueo de esa lengua de mar tan angosta como crucial para el mundo. A mediados de abril llegaría un segundo candado, el impuesto por Estados Unidos para asfixiar la economía iraní y que ha terminado de cercenar el tránsito de crudo, gas, diésel y fertilizantes desde el golfo Pérsico. Desde entonces, el mundo tira de reservas y audacia. Pero el ingenio también tiene límites.
Ali Jameneí, el líder supremo que pereció en el magnicidio israelí del 28 de febrero, había logrado acumular un poder omnímodo. Su figura era la de un árbitro supremo; él tenía la última palabra sobre casi todo: el programa nuclear, la doctrina religiosa, la política exterior, las cuestiones morales y esa represión a menudo feroz, según Naciones Unidas. Incluso por encima de esa estructura de poder opaca de la que él mismo formaba parte y que se conoce como “el Estado profundo”; las redes de influencia del aparato militar y de seguridad, la inteligencia y la burocracia económica. Su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no ha dado aún muestras de ejercer ese poder casi absoluto, quizás porque, como indican nuevos testimonios de funcionarios iraníes, está vivo pero aún convaleciente de las graves heridas que sufrió en el bombardeo que mató a su padre. Mientras, destacados generales afianzan su poder.
Nadie puede ocultar el desastre. No hay salida militar que sea buena. No lo es abrir Ormuz por las bravas, ni es fácil localizar y llevarse los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% o bombardear de nuevo instalaciones militares, energéticas e industriales tal como ha amenazado Trump. Cada una de las iniciativas presentadas por el Pentágono para salir del atolladero está llena de riesgos o alberga nuevos fracasos. Hasta el más indeseable de todos ellos, como sería la prolongación de la guerra con tropas sobre el terreno, exactamente lo que el trumpismo se había propuesto descartar para siempre.
La Ley del Derecho al Voto, uno de los frutos más perdurables de la era de los derechos civiles, prohibió en 1965 que los políticos racistas del sur de Estados Unidos suprimieran con tretas el sufragio de los ciudadanos negros. El miércoles, la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo completó la tarea de demolición de esa norma, gravemente herida ya por dos sentencias anteriores. El nuevo fallo declara inconstitucional el diseño del segundo distrito de mayoría afroamericana de Luisiana y abre la puerta a un cambio de las reglas democráticas potencialmente favorable al Partido Republicano en otros Estados del sur.
