Nieves Lao Giménez tiene 42 años y empezó hace 18 a trabajar para el Servicio Andaluz de Salud (SAS). En todo este tiempo, ha acumulado una vida laboral de 17 páginas. Este documento oficial que facilita la Seguridad Social recoge todas las altas y bajas de empleos que un trabajador registra en el sistema, y para alguien con una vida laboral de unos 20 años, lo habitual es que ocupe dos o tres páginas. Esta enfermera que ahora trabaja en el área de salud mental del hospital Torrecárdenas de Almería ha desarrollado casi toda su experiencia laboral enlazando sustituciones de pocos días, semanas o meses en el mejor de los casos. “Y sin generar ni siquiera derecho a vacaciones”, se queja. Su caso es uno de los cientos de miles de ejemplos que inundan las plantillas de las Administraciones publicas españolas. Estas emplean a más de tres millones de trabajadores. Actualmente, uno de cada tres son temporales.
Cuando asumió la vicepresidencia en 2018, Luis de Guindos (Madrid, 66 años) afrontaba lo que parecía el mandato más aburrido de la historia del Banco Central Europeo (BCE). “Yo pensé que no íbamos a mover los tipos, ni para arriba ni para abajo, llevaban mucho tiempo inmóviles y pensé que seguiría así”, recuerda ahora. En estos ocho años en el puesto, sin embargo, el mundo sufrió la pandemia y el coma autoinducido de la economía mundial; la peor escalada inflacionista en 40 años, seguida de una subida abrupta del precio del dinero; la invasión rusa de Ucrania, las sacudidas comerciales por parte de Estados Unidos y, ahora, el choque energético derivado del conflicto en Oriente Próximo.
Antes de ser Nueva York, la gran metrópolis estadounidense fue bautizada por los colonos neerlandeses como Nueva Ámsterdam. Tres siglos después, ese nombre vuelve a cruzar el Atlántico, pero para aterrizar en Barcelona. New Amsterdam Developments (NAD) es hoy una de las empresas inmobiliarias más conocidas —a la vez que más opacas— por haber amenazado el hogar de inquilinos barceloneses. Su modelo de negocio que, según denuncian los vecinos, consiste en expulsar a inquilinos de sus domicilios que pagan alquileres todavía razonables para crear colivings, ha enfurecido al Gobierno catalán y al Ayuntamiento de Barcelona. Máxime cuando la compañía no ha hecho sino importar a la ciudad las prácticas que uno de sus socios emplea en Nueva York desde hace tres lustros con su inmobiliaria Stone Street Properties, que ha sido llevada a los tribunales por supuesto acoso a inquilinos e impagos salariales y de préstamos.
El cerrojazo del estrecho de Ormuz era lo que en la jerga se suele llamar, no sin cierta rimbombancia, un “riesgo de cola”: un suceso tan extremo como poco probable. Un órdago más, se decía, como tantas y tantas veces antes. Pero llegó. El lunes 2 de marzo, bajo las bombas israelíes y estadounidenses, la Guardia Revolucionaria anunciaba el bloqueo de esa lengua de mar tan angosta como crucial para el mundo. A mediados de abril llegaría un segundo candado, el impuesto por Estados Unidos para asfixiar la economía iraní y que ha terminado de cercenar el tránsito de crudo, gas, diésel y fertilizantes desde el golfo Pérsico. Desde entonces, el mundo tira de reservas y audacia. Pero el ingenio también tiene límites.
Ali Jameneí, el líder supremo que pereció en el magnicidio israelí del 28 de febrero, había logrado acumular un poder omnímodo. Su figura era la de un árbitro supremo; él tenía la última palabra sobre casi todo: el programa nuclear, la doctrina religiosa, la política exterior, las cuestiones morales y esa represión a menudo feroz, según Naciones Unidas. Incluso por encima de esa estructura de poder opaca de la que él mismo formaba parte y que se conoce como “el Estado profundo”; las redes de influencia del aparato militar y de seguridad, la inteligencia y la burocracia económica. Su hijo y nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no ha dado aún muestras de ejercer ese poder casi absoluto, quizás porque, como indican nuevos testimonios de funcionarios iraníes, está vivo pero aún convaleciente de las graves heridas que sufrió en el bombardeo que mató a su padre. Mientras, destacados generales afianzan su poder.
Nadie puede ocultar el desastre. No hay salida militar que sea buena. No lo es abrir Ormuz por las bravas, ni es fácil localizar y llevarse los 400 kilos de uranio enriquecido al 60% o bombardear de nuevo instalaciones militares, energéticas e industriales tal como ha amenazado Trump. Cada una de las iniciativas presentadas por el Pentágono para salir del atolladero está llena de riesgos o alberga nuevos fracasos. Hasta el más indeseable de todos ellos, como sería la prolongación de la guerra con tropas sobre el terreno, exactamente lo que el trumpismo se había propuesto descartar para siempre.
La Ley del Derecho al Voto, uno de los frutos más perdurables de la era de los derechos civiles, prohibió en 1965 que los políticos racistas del sur de Estados Unidos suprimieran con tretas el sufragio de los ciudadanos negros. El miércoles, la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo completó la tarea de demolición de esa norma, gravemente herida ya por dos sentencias anteriores. El nuevo fallo declara inconstitucional el diseño del segundo distrito de mayoría afroamericana de Luisiana y abre la puerta a un cambio de las reglas democráticas potencialmente favorable al Partido Republicano en otros Estados del sur.
Nicolas Ruhlman levanta la copa y apura el último sorbo de Riesling, una variedad con reminiscencias cítricas que funciona también como bálsamo para cualquier diferencia ideológica. Apoyado en la barra de La vieille tour, el restaurante que regenta en Sélestat, en el Bajo Rin alsaciano, un paraje rodeado de viñedos, resume así la cuestión. “Somos distintos. Nuestra cultura y nuestra historia son otras. Y por eso es bueno que podamos gestionar nuestro territorio. ¿No le parece?”, interroga al periodista, algo abrumado por su envergadura. Luego añade. “Esa ley es buena, pero no es nada comparado con lo que tienen ustedes en España. Eso si es un ejemplo de respeto a sus regiones”, proclama con envidia.
Las ramificaciones del doble cierre del estrecho de Ormuz son infinitas, pero dos sectores están encajando un golpe particularmente fuerte: el transporte y la alimentación. El primero, por su enorme dependencia del petróleo y sus derivados, sobre todo el diésel. El segundo, porque a la intensidad energética une la dependencia de los fertilizantes, que escasean. Máximo Torero (Lima, Perú, 1967), economista jefe de la agencia de Naciones Unidas para la alimentación, la FAO, niega que el mundo esté ―como empiezan a decir los más agoreros― ante una gran hambruna. Pero avisa por videollamada de que vienen curvas, y no menores, si el golfo Pérsico no vuelve pronto a su ser.
Kim Rivers (Jacksonville, Florida, 48 años), fundadora y CEO de la empresa cannábica Trulieve, nunca olvidará el 18 de diciembre de 2025. La empresaria de Florida fue una de las invitadas al Despacho Oval de la Casa Blanca cuando Trump firmó el decreto histórico para reclasificar la marihuana en Estados Unidos como una droga de menor peligrosidad, pasando de la Lista I a la Lista III de la Ley de Sustancias Controladas. La orden del presidente, que se materializó la semana pasada, no legaliza la marihuana recreativa en el país, pero permite a compañías como la de Rivers operar con mayores beneficios fiscales y abrir la puerta a la investigación científica y médica de una industria valorada en más de 30.000 millones de dólares (25.530 millones de euros).
El marido de Kim Rivers, John 'J.T.' Burnette, fue condenado en 2021 a tres años de prisión y a pagar una multa de 1,25 millones de dólares, por cargos de corrupción relacionados con sobornos a funcionarios de Tallahassee y maniobras para influir en decisiones públicas, que afectaban a proyectos inmobiliarios y a regulaciones estatales. Además, se le acusó de intentar influir en legislación estatal, incluida normativa relacionada con el sector del cannabis, buscando introducir requisitos regulatorios que beneficiaran a ciertos actores y dificultaran la entrada de competidores. Rivers no fue investigada ni implicada en los hechos. Recibió un respaldo inmediato por parte de la junta directiva de Trulieve, lo que la ayudó a mantenerse al margen del escándalo y a conservar su posición sin que su reputación profesional se viera afectada.