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Andrea García-Santesmases Fernández (Madrid, 37 años) estudió Antropología en la Complutense porque tenía claro que quería mirarlo todo con óptica política: “La Carlos III, donde hice Sociología, era una universidad más señorial, a pesar de ser pública”. Pronto se dio cuenta de que, dentro del movimiento estudiantil, las chicas siempre tenían roles secundarios. Acabó fundando un colectivo llamado Mantys, ese insecto que devora al macho después del sexo (aunque también acrónimo de Mujeres Antipatriarcales y Subversivas). Esta Doctora en Sociología, actual profesora de la UNED, llevea años investigando el deseo con perspectiva de género. En su último libro, ‘Un nuevo contrato sexual’ (Ariel, 2026) propone darle una vuelta a los roles en las relaciones heterosexuales. Y para hacerlo, entre otras cosas, se ha sentado muchas horas a hablar con gigolós.

No había estudiado literatura, ni tenía conexión alguna con el mundillo literario, corrían los primeros años noventa y Fernanda Trías (Montevideo, Uruguay, 1976) recuerda que, impulsada por su pasión por escribir, avanzaba a tientas. Dice que aprendía leyendo, de forma autodidacta, hasta que sintió que no podía seguir sola y oyó hablar del taller de Mario Levrero (1940-2004).

El mundo del trabajo está cambiando no solo por la innovación tecnológica, sino también por procesos demográficos, migratorios y ambientales que están reconfigurando quiénes trabajan, dónde y en qué condiciones. Pensar la formación en este contexto implica ampliar el foco: no se trata solo de anticipar habilidades, sino de comprender el escenario en el que esas habilidades adquieren sentido.
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, ya en marcha, es un hito para los cientos de miles de migrantes sin papeles que residen en España. Pero también es una oportunidad de negocio para los abogados especializados en extranjería (unos 28.000). Los colegios profesionales denuncian que la Administración ha dado a entender que sus servicios no son necesarios para completar el trámite. Y se sienten desplazados por el hecho de que el Gobierno haya permitido a entidades sociales acreditadas (ONG y sindicatos) emitir los certificados de vulnerabilidad y tramitar los expedientes en su integridad.
En los años ochenta del siglo pasado, en Barcelona existió el área de Proyectos Urbanos del Ayuntamiento: una sala con diez mesas, una por distrito, donde jóvenes arquitectos fichados por el entonces alcalde Pascual Maragall dibujaban sobre mapas las ideas que tenían gastando suelas en los barrios. Viene esto a cuento porque la Casa de l’Arquitectura, en la antigua editorial Gustavo Gili, abrió este jueves una exposición sobre los grandes proyectos que la ciudad tiene en marcha. Y (será o no un guiño a aquellos lápices de oro de hace 40 años) los proyectos se explican sobre una mesa gigante que va de Llobregat a Besòs, los dos límites físicos de la ciudad.
La Generalitat presentó, hace más de seis meses, la oficina de atención a víctimas del terrorismo en un acto público en el que se comprometía a “acompañar, asesorar y reparar el daño” a los afectados. El servicio era una reivindicación persistente de las asociaciones de víctimas, que se han sentido a menudo abandonadas por la administración, incluidas las del último gran atentado ocurrido en Cataluña: los ataques yihadistas del 17 de agosto de 2017, que dejaron 16 muertos y cientos de afectados. En este tiempo, sin embargo, el Servei d’Atenció i Suport a les Persones Afectades pel Terrorisme (SASPAT) no acaba de arrancar: aún no tiene personal asignado y apenas ha atendido tres llamadas telefónicas de ciudadanos, según ha informado Interior a petición de EL PAÍS.
Malí se encuentra bajo el asedio de dos movimientos insurreccionales, la rebelión tuareg y la insurgencia yihadista, que han unido sus fuerzas con el objetivo de derrocar al Gobierno. Tras la ofensiva conjunta del pasado fin de semana, que costó la vida al número dos de la junta militar y ministro de Defensa, Sadio Camara, los yihadistas han impuesto un bloqueo a la capital, Bamako, tratando de impedir la entrada de mercancías y personas por las principales carreteras. En el norte, Kidal, ciudad en permanente disputa, ha caído en manos de los rebeldes. El arquitecto de esta alianza no es otro que Iyad Ag Ghali, el líder del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM, por sus siglas en árabe), que ha extendido por todo el Sahel central la amenaza yihadista y cuya vida daría para escribir una novela.
La maquinaria económica del Estado está funcionando gracias al carbón de los parches presupuestarios. Entre enero y marzo de 2026, el Gobierno ha tenido que recurrir a modificaciones de crédito por un valor cercano a los 32.000 millones de euros, una cantidad inédita en un primer trimestre y que supone más que triplicar las cifras que eran habituales hace apenas unos años, en la época en la que España solía aprobar en tiempo y forma unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada ejercicio.