El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a la Fiscalía la anulación, por parte de la Generalitat de Valencia, de una serie de procedimientos sancionadores de la Inspección provincial de Trabajo de la Comunidad Valenciana relacionados con trabajos tras la dana, según ha informado este viernes el departamento que dirige Yolanda Díaz. Con el traslado al ministerio público de estas sanciones anuladas, Trabajo pretende que se investigue si la Generalitat Valenciana ha incurrido en un delito de prevaricación administrativa.
Kiko Matamoros y su exesposa, María José Giaever, Makoke, han ocupado horas de televisión hablando de la vida de los demás y de la suya propia. Ahora son ellos de nuevo quienes ocupan titulares, pues este viernes 13 de marzo se ha conocido que la Fiscalía pide cinco años y seis meses de prisión para el colaborador televisivo, al que acusa de ocultar su patrimonio a Hacienda y el impago de deudas tributarias que superan el millón de euros, y cuatro años de cárcel para Makoke como presunta cooperadora.
La Policía Nacional ha detenido al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, por un supuesto delito de corrupción relacionado con unos bonos de consumo para ayuda a las pymes emitidos por la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia. Según confirman fuentes de la investigación, tras el arresto los agentes han registrado la sede de la Federación Alicantina de Comercio (Facpyme), también liderada por Baño, supuesto núcleo de la trama de fraude de subvenciones públicas que investiga la Fiscalía Anticorrupción a partir de varias denuncias anónimas.
La trama de corrupción medioambiental presuntamente liderada por el dueño de Forestalia, Fernando Samper, iba supuestamente mucho más allá del ex alto funcionario del Ministerio para la Transición Ecológica detenido la semana pasada por favorecer los permisos de parques renovables ligados a esta empresa aragonesa. Forestalia nació y se hizo grande en Aragón, donde tejió una red de influencia política —a derecha e izquierda— basada en las llamadas puertas giratorias (el paso de cargos públicos a la actividad privada) y en supuestas mordidas millonarias, según los documentos que figuran en el sumario del caso que se sigue en el Juzgado de Instrucción 1 de Teruel.
En España no hay un único sistema de atención a la dependencia, sino tantos como comunidades autónomas. Qué apoyos se reciban y cuánto tiempo se tarde en hacerlo depende, y mucho, del lugar de residencia. Existen “enormes desigualdades”. Así lo recalca el dictamen publicado este viernes por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, experta en el sector, que analiza el funcionamiento del sistema en 2025. De media, en el país se tardan 341 días desde que se presenta la solicitud hasta que se termina de tramitar el expediente. Casi un año. Pero la cifra se dispara a 559 en Murcia, frente a los 113 de Castilla y León. Al mismo tiempo, 32.704 personas murieron el año pasado en todo el país mientras aguardaban por algún trámite de la ley. “Una cada 16 minutos”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de esta entidad.