El experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha puesto a las claras que todas las sospechas de los técnicos sobre la causa del siniestro de Adamuz (Córdoba) se centran en la rotura de la soldadura de un carril en uso, con fecha de producción en 1989, con otro de nueva factura datado en 2023. El colapso de esa junta habría motivado el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo. Esa, al menos, es la hipótesis central y cobra cada vez más fuerza.
La Comisión Europea da un nuevo paso en su batalla para que las grandes tecnológicas cumplan con las leyes europeas. Acaba de lanzar una investigación sobre Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, a cuenta de la función que permite imágenes sexualizadas de menores y otros contenidos ilegales, “incluido el contenido que pueda constituir material de abuso sexual infantil”, según ha anunciado el Ejecutivo de la UE.
Una marea azul y blanca inunda este lunes el corazón de Madrid. En la plaza del Callao un centenar de fisioterapeutas y enfermeras procedentes de todos los ámbitos asistenciales visibilizan su situación laboral con uniformes rotos y quemados. “Asfixiadas”, reza una pancarta. “Tu abuela merece cuidados, no prisas. Faltan profesionales”, subraya otra en una concentración en la que una performance silenciosa es la protagonista. “Urgencias colapsadas, enfermeras agotadas”, “somos las peor pagadas de toda España”, denuncian por escrito, mientras consiguen captar la atención de los turistas, que se acercan a hacerles fotografías. La protesta ha sido convocada por el Sindicato de Enfermería (SATSE), que acusa a la Consejería de Sanidad de inoperancia al “echar balones fuera continuamente”.
Los vecinos de Montecarmelo se anotan otra pequeña victoria en su larga contienda contra el ayuntamiento madrileño de José Luis Martínez-Almeida, que quiere construir un cantón de limpieza del tamaño de un campo de fútbol y medio en pleno corazón de ese barrio. La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid ha admitido la demanda que presentó la Plataforma No al Cantón el pasado diciembre, costeada por la aportación de 4.000 residentes de ese barrio del norte de la capital. En el texto que presentaron los vecinos acusan al consistorio de estar aplicando una supuesta “táctica de tierra quemada”. Es decir, adelantar todos los procedimientos para culminar su proyecto cuanto antes y de este modo hacerlo irreversible, aunque la Justicia considere finalmente que no debería estar allí. Desde el Ayuntamiento señalan que esto “no tiene implicación” para ellos e inciden en que en esa instalación “no va a haber residuos peligrosos, ni incineración”, sino que simplemente serán “unas instalaciones para los operarios de limpieza”.
