Una semana después de que comenzara la huelga educativa en Madrid, los planes de la Consejería de Educación no pasan por reunirse con los docentes. No importa que miles de profesores y profesoras de la educación pública no universitaria hayan secundado la movilización con elevados porcentajes de seguimiento según los sindicatos, ni que se hayan manifestado diariamente para insistir en que al otro lado del tablero —el que encabeza la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo— se dé un paso hacia el diálogo. Zarzalejo no quiere oír hablar de la huelga, ni de los huelguistas, menos aún de sentarse frente a frente con el Comité de Huelga, al que no reconoce como interlocutor legítimo. “Las reivindicaciones de esta huelga son reivindicaciones que no están al alcance de la gestión educativa de la Comunidad de Madrid”, aseguró la consejera en unas declaraciones el lunes, sus últimas palabras sobre las protestas y a las que remiten desde la Comunidad cuando se les pregunta por la postura del Gobierno madrileño y si tienen previsto sentarse a negociar.
En junio del 2024, un joven se preocupó porque su hermano menor de edad estaba tardando demasiado en regresar a casa. Como el adolescente tenía un sistema de geolocalización en su móvil que permitía a su familia saber dónde estaba, el hermano mayor lo revisó y comprobó que estaba en un barrio a las afueras de Madrid. Extrañado y preocupado, el chico acudió a esa dirección y se encontró a su hermano, que tenía en aquel momento menos de 16 años, con un profesor de su colegio, las Mercedarias de Don Juan Alarcón, ubicado en el centro de Madrid. La familia puso una denuncia, el docente fue detenido, se ordenó su alejamiento del chico y el colegio lo despidió. Pero esa solo era la punta del iceberg de lo que la policía no duda en definir como un “depredador” sexual de menores. Dos años después de aquello, desde el pasado viernes, ese hombre está en prisión, acusado de haber agredido al menos a una decena de estudiantes más.
Hace no tanto, en muchas casas había una botella de vinagre que no se utilizaba únicamente en la cocina. Más allá de los trucos de limpieza, madres y abuelas reservaban un pequeño chorro para el último aclarado del pelo, diluido en agua y con dos objetivos muy propios de otoño: devolver el brillo a la melena después del verano y enfrentarse a los temidos piojos de la vuelta al colegio. TikTok ha recuperado la costumbre y la industria cosmética ha conseguido hacerla más apetecible. El olor penetrante y las medidas a ojo han dado paso a vinagres de frambuesa, mascarillas glossy y tratamientos prelavado. “Actualmente se ha puesto de moda el uso de vinagre para el pelo y es uno de esos remedios de la abuela que han perdurado en el tiempo. La razón es que sí tiene una base científica real, aunque en las redes se ha exagerado calificándolo de milagroso”, explica el doctor Francisco Javier Ruiz Solanes, cirujano capilar, director médico de Clínica Esbeltia, en Málaga, y miembro de Top Doctors.
Un suceso terrible y un titular de impacto fue todo lo que hizo falta para intentar arruinarles la vida a Ahmed Benyahia y Youssef Abraoui. El suceso es la espantosa muerte en Burgos de Rosario Sánchez, una mujer de 83 años a la que dos ladrones ataron y amordazaron mientras desvalijaban su casa el pasado 13 de octubre. La víctima murió de insuficiencia respiratoria al no poder alcanzar su aparato de oxígeno. Su cuerpo fue hallado por una asistenta. El titular era que la policía había detenido a dos menores como sospechosos, de 17 y 16 años.
Imaginemos una ley que concede derechos a un grupo de personas que antes no los tenían. Imaginemos que esa ley entra en vigor y, a los pocos meses, se incorpora como disposición adicional una circular administrativa que aclara y concreta los criterios para aplicar la ley. Imaginemos que las previsiones originales sobre la cantidad de gente con derecho a solicitar los beneficios desbordan las capacidades de los funcionarios, por lo que se amplía el plazo inicial de dos años para presentar los papeles.
Serbia está a punto de convertirse en el primer país de Europa del siglo XXI en celebrar elecciones como consecuencia de una rebelión estudiantil y con la candidatura que no firma ningún partido político, sino La lista estudiantil, compuesta por 250 nombres sin filiación partidista. El próximo 25 de octubre, los jóvenes serbios que llevan casi dos años de protestas contra el régimen de Aleksandar Vučić, su Partido Progresista Serbio (SNS) y la corrupción desmesurada que le atribuyen, saldrán a competir con políticos profesionales y sus agrupaciones. La mayoría de la oposición actual se ha retirado del plebiscito para dejar protagonismo a quienes han conseguido tambalear la autocracia del poder actual. “Luchamos sin consignas políticas por un Estado con instituciones fundamentales sólidas y por una sociedad ordenada y democrática, donde no haya lugar para la corrupción que condujo a la tragedia de Novi Sad” anuncian los universitarios, que tras casi dos años de lucha han conseguido que el Gobierno convoque elecciones anticipadas.
Con su permiso, esta vez esta columna será muy personal. Es una decisión que viene dada por la gravedad del momento. Sospecho que la mayoría de la población mundial no se da cuenta de lo que sucede en Brasil, ni de cómo afecta a la vida del planeta. El próximo domingo 25 de octubre tendrá lugar la segunda vuelta de las elecciones brasileñas. Se decidirá en las urnas si Luiz Inácio Lula da Silva será reelegido o si el bolsonarismo, un proyecto de extrema derecha encarnado por la familia Bolsonaro, volverá a instalarse en el poder. Esta vez el proyecto fascista está representado por Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso por intento de golpe de Estado. No son unas elecciones normales y quien las trate como si lo que estuviera sobre la mesa fueran dos proyectos compatibles con la democracia está desinformando a los lectores. No hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la propia democracia, la supervivencia de la Amazonia y la vida de muchos.
La moda masculina parece haber abandonado el canon de previsibilidad, uniformidad y —para qué negarlo− aburrimiento en el que se ha movido en las últimas décadas. La innovación está realizando un viaje palpable de las pasarelas sofisticadas y transgresoras a los espacios públicos. Pero cabe preguntarse si se trata de un movimiento con visos de futuro o de una irrupción de la extravagancia.
La cuota de la nueva tasa de basuras ha vuelto a encarecerse en 2026 tras su polémico —y costoso— debut el año pasado. El importe promedio ponderado a desembolsar por los hogares alcanza los 119,6 euros, una subida del 6,4% con respecto al pasado ejercicio, superior a la inflación del periodo. Sin embargo, no ha sido suficiente para que el servicio deje de ser deficitario. También se mantiene una elevada heterogeneidad entre ciudades: hay una diferencia de más de 250 euros entre la capital de provincia con la tasa más cara, Valencia (292,48 euros), y la más barata, Soria (42,31), según el informe Las Tasas de Residuos en España 2026 que publica este miércoles la Fundación ENT, especializada en la investigación y el diseño de políticas públicas relacionadas con el medio ambiente y referente en la materia.
