Desde el mes de marzo se sabe perfectamente el planteamiento de la campaña del candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno. Su equipo ha compuesto una letra que se repite tanto como la de una sevillana en la que une conceptos como “estabilidad”, “confianza”, “seguridad”, “certidumbre” y “crecimiento”. El estribillo lo remata con dos disyuntivas. La primera: “Aquí sólo (tilde justificadísima) hay dos opciones: o solo o acompañado”. La segunda: “Hay que elegir entre estabilidad o lío”. Este miércoles ha introducido una tercera: ‘O yo o el caos’, una variante de las anteriores un tanto sobrada. Tan seguro está Moreno de su victoria que ya sabe dónde la va a celebrar: “A alguna de las playas de Andalucía. Estaré feliz en cualquier playa andaluza escuchando las olas. Eso va a ser sanador y será mi mejor celebración”, dijo en una entrevista en Abc.
Si hay un debate central que marca la campaña de las elecciones andaluzas del 17-M, ese es la “privatización”. La izquierda en bloque acusa al Gobierno del popular Juan Manuel Moreno Bonilla de un deterioro intencionado de servicios públicos como la educación y la sanidad para favorecer la actividad privada en estos ámbitos. No se trata de privatización en el sentido estricto, entendida esta como el traspaso de la titularidad de un ente público, como sucedió con Argentaria a finales del pasado siglo, sino el peso creciente de entidades con ánimo de lucro para la prestación, por concierto (caso de la sanidad) o como negocio (universidades privadas o formación profesional), de servicios que eran predominantes o casi exclusivos del sector público. El PP rechaza que éste sea el caso de Andalucía.
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El mundo del trabajo está cambiando no solo por la innovación tecnológica, sino también por procesos demográficos, migratorios y ambientales que están reconfigurando quiénes trabajan, dónde y en qué condiciones. Pensar la formación en este contexto implica ampliar el foco: no se trata solo de anticipar habilidades, sino de comprender el escenario en el que esas habilidades adquieren sentido.
Dos intentos de suicidio. Dos trastornos por estrés postraumático. Cuatro cuadros de ansiedad. Diez de agresividad. Parte del sufrimiento de los cientos de niños y adolescentes que han pasado en 2025 por La Cantueña, el polémico centro de acogida para menores extranjeros no acompañados situado en Fuenlabrada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP), queda reflejado en la memoria de la instalación para el curso pasado. Sin embargo, los datos del primer año de funcionamiento completo de la instalación no lo cuentan todo.
Sempre torna allò que mai ha marxat. Hi ha absències que són parèntesis, encara que semblin definitives. També hi ha retorns que són epifanies, perquè quan tornen revelen la força i el valor només insinuats. Així succeeix amb la figura periodística i literària d’Agustí Calvet Gaziel, que ha retornat de ple fa ben pocs anys, tal com va explicar Jordi Amat a les planes de Babelia.
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno, ya en marcha, es un hito para los cientos de miles de migrantes sin papeles que residen en España. Pero también es una oportunidad de negocio para los abogados especializados en extranjería (unos 28.000). Los colegios profesionales denuncian que la Administración ha dado a entender que sus servicios no son necesarios para completar el trámite. Y se sienten desplazados por el hecho de que el Gobierno haya permitido a entidades sociales acreditadas (ONG y sindicatos) emitir los certificados de vulnerabilidad y tramitar los expedientes en su integridad.
La plaza del Mercado Central de Valencia, hoy ocupada por terrazas y turistas que fotografían su cúpula modernista, fue durante siglos uno de los principales escenarios de la trata de personas en la ciudad. Los archivos lo documentan con precisión: desde finales del siglo XV, este fue uno de los puntos de entrada de africanos esclavizados. A pocos metros, en la desaparecida Posada del Camell, llegaron a hacinarse más de un centenar de personas encadenadas, a la espera de ser subastadas. Y, sin embargo, no hay una sola placa que lo recuerde.
La maquinaria económica del Estado está funcionando gracias al carbón de los parches presupuestarios. Entre enero y marzo de 2026, el Gobierno ha tenido que recurrir a modificaciones de crédito por un valor cercano a los 32.000 millones de euros, una cantidad inédita en un primer trimestre y que supone más que triplicar las cifras que eran habituales hace apenas unos años, en la época en la que España solía aprobar en tiempo y forma unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) cada ejercicio.