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A los 90 años del inicio de la Guerra Civil, el mundo de hoy permite que cada cual se construya, gracias a la inteligencia artificial, a la viralidad de las redes sociales y a los discursos ideológicos a medida de la audiencia, una composición a la carta de lo que ocurrió en el pasado. Más aún cuando la distancia entre los jóvenes y sus bisabuelos que se enfrentaron en trincheras distintas es cada vez mayor. Las resonancias de la guerra y de la dictadura que vino después siguen vivas, y el peligro es consumir un relato construido con los sesgos que están conformando la realidad de nuestros días: la vuelta de los nacionalpopulismos, las retóricas de descalificación del otro, el reclamo de una violencia falsamente heroica y viril, o el descrédito de la democracia.

La inmensa mayoría de los escritores, filósofos, artistas, que han vivido a lo largo de la historia creativa del Homo sapiens —en torno a los cuarenta mil años— sufren un defecto irreparable: no son contemporáneos nuestros. Sean cuales sean los talentos que los distinguieron, cometieron el error de no vivir en las primeras décadas del siglo XXI, lo cual los condena al pecado sin perdón del anacronismo, y acumula sobre ellos (y ellas) y sus obras una serie de lacras que proceden todas del mismo origen: no haber alcanzado esa superioridad sobre los valores, los sentimientos, la percepción estética, el lenguaje, que distingue a nuestra época sobre cualquier otra. En un libro abrumador que ha caído en mis manos sobre la luctuosa relación entre la música negra y el sistema penitenciario de EE UU —The Midnight Special— el autor, Colin Asher, que ama esa música con el mismo fervor con que denuncia la injusticia que la persiguió desde sus orígenes, tiene que esforzarse sin embargo en dar todo tipo de explicaciones y pedir disculpas anticipadas por la aparición en su libro de palabras ahora inaceptables, pero que por desgracia fueron comunes en la época y en los ambientes sobre los que escribe, y que por lo tanto no puede ignorar sin falsear la historia.

Se habrán enterado ustedes: en una de sus columnas futbolísticas, Mariano Rajoy metió la pata hasta el fondo. Unos días antes del encuentro contra Francia, el expresidente del Gobierno dijo que su selección jugaba muy bien, pero eso sí: sin franceses. Y se armó la marimorena. El asunto escaló tanto que Pedro Sánchez le pidió perdón al primer ministro francés el pasado martes. Su reacción, como la de Brigitte Macron, no fue de seria afectación sino una mucho más acertada: la risa. Por sus gestos, parece que le quitaron hierro al asunto.
El Tribunal Supremo en sentencia de 2/2/2011 anuló una condena impuesta por la Audiencia Nacional (AN) por su parcialidad, pues en una condena por enaltecimiento del terrorismo (caso Otegi), la presidenta de la AN —tras negarse el acusado a responder a la pregunta sobre si condenaba el terrorismo de ETA— dijo: “Ya sabía que no me iba a responder a esta pregunta”. Sometido a nuevo juicio, un tribunal de distinta composición absolvió finalmente al acusado.
Podría poner infinidad de casos de dedicaciones ejemplares de alcaldes altruistas, de militantes de base, que han dejado lo mejor de su vida sirviendo a la sociedad desde su compromiso socialista, pero elegiré sólo uno: el alcalde de Chillón durante 28 años, Luis Toledano.

Servinabar 2000 era una empresa navarra que se constituyó en septiembre de 2015 y que apenas era conocida por unos pocos. Desde hace un año se ha convertido en el epicentro de una trama de corrupción de comisiones irregulares a cambio de obras públicas, en cuya cúspide se sitúan el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Una empresa que quería operar en el mundo de la construcción y que ahora la Guardia Civil ha vuelto a poner en el foco por haber sido el vehículo a través del cual el exdirigente socialista se lucró.

El líder de Junts Carles Puigdemont disfruta de unos días de vacaciones. Tras conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la amnistía, el pasado jueves, su abogado Gonzalo Boye (Viña del Mar, Chile, 61 años) le recomendó que no las interrumpiera. Dejando las prisas de otros momentos políticos, se impone la cautela respecto a su retorno a España pese a que el letrado cree la sentencia zanja el debate. La fecha será elegida, acepta, con la cabeza más más allá de lo estrictamente jurídico y una vez haya una respuesta o del Tribunal Supremo (TS) o del Constitucional (TC) .


Torrelavega rezuma socialismo. La segunda ciudad de Cantabria, de casi 52.000 habitantes, tiene un millar de afiliados del PSOE. “La proporción es de aúpa, un militante por cada 52 paisanos, si sumamos a sus familias estamos hablando de una mayoría absoluta del PSOE”, ironiza un funcionario municipal que declina identificarse “por lo mucho que hay en juego”. La agrupación contaba a finales del año pasado con 400 militantes, incluidos los inscritos de las Juventudes Socialistas, pero en los últimos meses se ha producido una movilización sin precedentes con afiliaciones masivas que la ha convertido en seis meses en una de las casas del pueblo más grandes de toda España. “Es un milagro, como la multiplicación de los panes y los peces”, responde con sorna Antonia Marín, militante de 78 años “preocupada por la imagen que se está dando dentro y fuera del PSOE”.


En la reunión celebrada en el salón de té de la mansión/hotel de Donald Trump de Mar-a-Lago en la que se decidió el 11 de noviembre de 2024 que Pete Hegseth sería el siguiente secretario de Defensa de Estados Unidos, el entonces presidente electo ofreció dos argumentos, para él, de peso. “Nadie ha dado mejor en cámara que ese tipo” fue uno de ellos. “Se ha portado siempre muy bien conmigo”, el otro.
Su acceso es complejo. Para llegar hay que transitar por una serie de pistas de tierra sin señalizar escondidas entre invernaderos. Hasta que, de repente, hay una parcela que es puro plástico: hasta 13.000 metros cuadrados donde se acumulan toneladas de residuos. El paraje Boqueras Altas, en el término municipal de Níjar (Almería, 33.319 habitantes), acoge desde hace más de una década una finca donde se amontonan cuerdas de rafia, garrafas de pesticidas y otros residuos de la agricultura intensiva. Su arrendatario fue objeto de sanción por primera vez en 2018 y, desde entonces, se acumulan los expedientes y las multas. La burocracia, sin embargo, no ha conseguido que alguien —ni el responsable ni las propias administraciones— retire el vertido. “Hay una clara inacción pública: la solución es limpiar”, denuncia Marcos Diéguez, portavoz de Ecologistas en Acción, entidad que ha denunciado la situación de este terreno tanto a la Junta de Andalucía como ante Fiscalía.