La elección de algunas palabras en los textos del periódico ha suscitado dudas entre varios lectores, que consideran que se trata de errores; cuando no son fortuitas, sino que responden a criterios periodísticos. Como bromeaba esta semana un redactor, una tilde puede abrir una guerra civil en el seno de una sección, y por eso el Libro de Estilo incluye un diccionario de más de 400 páginas que zanja los debates entre los periodistas. En el manual se establece también la obligación genérica de “llamar a las cosas por su nombre, sin caer en los eufemismos impuestos por determinados grupos”.
¿Es posible que no podamos hacer nada? La pregunta lleva semanas instalada en nuestras cabezas y nuestras pantallas, aunque de forma imprecisa. Asistimos al asesinato sistemático de la cúpula de un Estado soberano, no como daño colateral sino como doctrina: eliminar físicamente la dirección política de un país para producir su colapso institucional. En Venezuela, el derrumbe inducido no precisó casi ni de intervención directa. Irán sugiere que la acción militar directa no tiene consecuencias. Cuba sería el siguiente peldaño, con ambas herramientas bien engrasadas. Finalmente, hemos escuchado a Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, resumir la posición del continente en cinco palabras: “Esta no es nuestra guerra”.
Antes de que al pintor Lorenzo Aguirre lo sacaran de su celda para ajusticiarlo a garrote vil una mañana de octubre de 1942; antes de que el artista intentase calmar a su verdugo diciéndole “tranquilo, usted no es responsable: es su trabajo”; antes de que la maquinaria represora del franquismo asesinara en la cárcel madrileña de Porlier a este escenógrafo, cartelista, ilustrador, letrista, paisajista y caricaturista comprometido con la República que había escapado de España por la Guerra Civil y que luego regresó desde Francia por la ocupación nazi; antes de que su cuerpo cayese inerte al suelo y luego el régimen ordenase el borrado de su entrada en la Enciclopedia Espasa-Calpe para que nunca nadie volviese a oír el nombre de Lorenzo Victoriano Aguirre Sánchez, aquel hombre de 57 años condenado a muerte, acusado de auxilio a la rebelión, perseguido por comunista y masón... Antes de todo eso, aquel hombre calvo y de temperamento alegre se dispuso a despedirse de sus tres hijas en la frialdad de una celda. De su esposa, Paquita, ya lo había hecho por carta.
El PSOE ha disfrutado esta semana de una tregua con la que casi nadie contaba. Las elecciones en Castilla y León han aliviado la racha de malos resultados en Extremadura y Aragón. Aunque no le dé para gobernar, los dos escaños ganados y el leve repunte de votos han sido un respiro para los socialistas antes de las elecciones de Andalucía, la gran prueba de fuego para Ferraz y La Moncloa que puede condicionar el resto de la legislatura. Todo el partido, desde la cúpula a los militantes de base, contiene el aliento a la espera de que el presidente autonómico, Juan Manuel Moreno, convoque los comicios. El objetivo del barón del PP es revalidar la mayoría absoluta en la Junta, donde ya lleva siete años y medio. El de la vicepresidenta María Jesús Montero, aunque no se reconozca en público, es que la pierda y que dependa de Vox. Pero el miedo que los socialistas no se quitan de encima es que la todavía número dos del Gobierno y del PSOE baje de los 30 escaños que obtuvo Juan Espadas en 2022, la peor marca en su antiguo bastión y a años luz de las décadas de poderío en las que la todopoderosa federación andaluza duplicaba ese número de diputados.
Horas después de que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González y la inspectora que le ha denunciado por agresión sexual declararan por primera vez ante el juez que investiga el caso, el abogado de ella, Jorge Piedrafita, estaba sentado en un plató de televisión. Rodeado de periodistas, iba contestando a sus preguntas sobre lo ocurrido ese día en los juzgados, incluidos detalles de un audio sobre la presunta violación. No es una escena inusual. Casi cualquier mañana televisiva tiene su dosis de casos judiciales mediáticos con letrados entrando y saliendo de los programas. Los abogados ganan visibilidad, sus casos irrumpen en el debate público, se desmenuzan en las tertulias y sus protagonistas se convierten en personajes de una trama.
María Isabel Ribot coge el teléfono, pero, tras un intercambio fallido de frases, se lo pasa a José Luis Barranco, su marido: “Oír, oye, pero no entiende”. Ella tiene 74 años y comenzó a notar que perdía audición hace “cinco o seis”. El nombre médico de la dolencia es presbiacusia, que recuerda al nombre de la vista cansada (presbicia), pero se refiere al oído. Afecta a una de cada tres personas mayores de 60 años y hasta al 75% de las de más de 80, con grados variables de discapacidad. En España hay más de 13 millones mayores de 60 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Durante el último mes y medio el Gobierno catalán pasó días, semanas enteras incluso, alertando de que sin apoyos para lograr la aprobación de sus presupuestos este 2026 sería necesario “limitar el gasto de las conselleries”. Tras las advertencias, el lobo finalmente llegó este miércoles con la retirada, en principio temporal hasta el verano, del proyecto de presupuestos. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han decidido concederse cuatro meses más para intentar alcanzar un acuerdo que dé a la Generalitat sus primeras cuentas desde 2023. Mientras, el listado de actuaciones prioritarias carga con retrasos endémicos desde la crisis financiera de 2008, cronificados luego en los años de inestabilidad institucional del procés. Por lo pronto, el president Salvador Illa se ha apresurado a sellar la paz con el personal administrativo aprobando un suplemento de crédito por valor de casi 6.000 millones de euros que garantiza el pago de las nóminas de los funcionarios y cumplir el compromiso de aumento de sueldo para Mossos y docentes.
Cataluña ha vivido en las últimas semanas dos grandes movilizaciones que implican a colectivos tan importantes como los docentes y los médicos. Sus reivindicaciones no son nuevas: el malestar viene de lejos y se ha ido acumulando por el deterioro sostenido que se inició con la crisis de 2008. Tanto en la enseñanza como en el sistema sanitario, la devaluación salarial se ha producido en paralelo a un empeoramiento intenso de las condiciones de trabajo por cambios sociológicos a los que no se ha hecho frente con nuevos recursos.
Italia celebra este domingo y lunes un controvertido referéndum que cambia la Constitución para reformar la magistratura y que, por primera vez en tres años y medio de mandato, amenaza con poner contra las cuerdas a Giorgia Meloni: algunos sondeos dicen que puede perderlo. Hasta ahora no había sufrido el mínimo desgaste. Que haya advertido que no piensa dimitir si vence el “no” y que no es una votación sobre el Gobierno no ha hecho más que aumentar la sensación de que es exactamente eso. Una derrota sería un revés importante para la primera ministra, a un año y medio de las elecciones, en septiembre de 2027.
La última dictadura argentina fue tan atroz que unió a los argentinos en uno de los pocos consensos que resisten la polarización: Nunca Más. Este martes, cuando se cumplen 50 años del último golpe de Estado, miles de personas saldrán a las calles para repudiar el terrorismo de Estado, exigir a los militares que digan dónde están los desaparecidos y reivindicar un proceso judicial que ha condenado a más de 1.200 represores por crímenes de lesa humanidad y sigue abierto. A contramano de la justicia, Javier Milei cuestiona la existencia de un plan sistemático para secuestrar, torturar, desaparecer, asesinar y robar bebés. Defiende, en cambio, que “durante los setenta hubo una guerra” entre el régimen militar y las organizaciones guerrilleras en la que las Fuerzas Armadas “cometieron excesos”. Su reinterpretación del pasado inquieta a quienes ven en ella una señal de la deriva autoritaria de un Gobierno de ultraderecha que criminaliza la disidencia.