Ahmed Tommouhi, que pasó 15 años en la cárcel por violaciones que no cometió, ha vuelto esta semana al quirófano del Hospital de Bellvitge para operarse, por segunda vez, del pie que le queda. Hace un par de años le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla. “Antes de la cárcel no tenía ningún problema; después, me han operado varias veces”, contó el martes desde Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) donde vive. El año pasado, ya con la condena anulada, la justicia le denegó una indemnización por los 15 años de cárcel injusta. A juicio de la Audiencia Nacional, y del ponente de la sentencia, Francisco Díaz Fraile, la condena revocada no era un “error judicial craso o evidente”. Tommouhi recurrió al Supremo, que ha admitido el “interés objetivo” de su caso y ahora debe decidir si mantiene ese criterio que desde hace años provoca que ningún inocente condenado a prisión sea indemnizado en España. El alto tribunal afirma, en un auto al que ha accedido EL PAÍS, que su decisión podría “extenderse” a otros casos.
La Audiencia Nacional investiga en secreto si hay guardias civiles implicados en el segundo narcotúnel que fue hallado en Ceuta a principios del mes de abril, según han confirmado a EL PAÍS fuentes de la investigación. La causa mantiene en prisión provisional a Ángel Albarracín un guardia civil jubilado que, como detalla el sumario de la operación, tenía dos caras. Él mismo llega a decir en las grabaciones “yo no soy corrupto, soy traficante”, “me dejan cerca de un charco y meto lo que pueda”, pero ante el juez defendió que si se relacionaba con Mustapha Brouzi (principal implicado en este caso de narcotráfico) fue porque la Guardia Civil se lo pidió en febrero de 2025, justo cuando se descubrió el primer narcotúnel en la ciudad.
El pasado 9 de abril, Anthropic, una de las empresas que pugnan por ser la punta de lanza de la inteligencia artificial generativa en el mundo, anunció que su modelo Mythos había detectado “miles” de vulnerabilidades de software “de alta y crítica gravedad” que no habían encontrado ni siquiera sus propios desarrolladores. La empresa ha advertido que el modelo puede hacer lo mismo con cualquier sistema informático, y anuncia que no va a poner esta herramienta por ahora en manos del público porque le preocupa lo que podrían hacer con ella actores malignos. Mientras, ha creado un grupo de trabajo con medio centenar de empresas, entre ellas rivales como Apple y Microsoft, para probar lo que puede hacer Mythos con sus sistemas.
Hay expresiones que funcionan inconscientemente como la contraseña de un grupo. Su pura mención sirve para ubicar al hablante, como ocurre con el acento o con aquel shibboleth que fascinara a Derrida. Las palabras juegan a señalar al mundo pero, a poco que nos descuidemos, acaban apuntando hacia nosotros: nos delatan, nos sitúan y hasta son capaces de funcionar como síntomas inoportunos. Si el lenguaje no fuera capaz de decir lo que oculta, no existiría el psicoanálisis.
Hace 11 años, Elon Musk y Sam Altman crearon juntos una startup llamada OpenAI. Querían desarrollar una inteligencia artificial “segura y abierta” para salvar a la humanidad de la que Demis Hassabis estaba desarrollando para Google DeepMind.
Desde la mesa de trabajo donde suelo escribir estas reflexiones veo una estantería llena de libros. En una de sus baldas reposa un archivador metálico de color azul repleto de recortes de artículos de EL PAÍS. Están clasificados por temas: política francesa, Unión Europea, colaboración hispano francesa en la lucha contra ETA, economía… Este fue mi primer Google cuando no existía Google, el valioso buscador de datos y contexto para un periodista que se inició en el oficio cuando internet balbuceaba.
Ni tramas incendiarias ni fatalidad irremediable. Las pesquisas judiciales apuntan a que la chispa que originó el segundo mayor fuego de la historia de Galicia prendió en el caos de los despachos. El incendio de Oímbra (Ourense), que el pasado verano arrasó más de 23.000 hectáreas entre el 12 y el 31 de agosto e hirió de gravedad a tres jóvenes brigadistas, fue provocado por unas negligentes tareas de desbroce contratadas por la Xunta y el Ayuntamiento que nunca debieron realizarse. Desde Santiago, un director general de la Consellería de Medio Rural mandó parar los trabajos por las condiciones meteorológicas, pero la orden se perdió por el camino hacia Oímbra. Los operarios que tenían que dirigir y ejecutar esas tareas aseguran que nadie se la transmitió y que el mismo día de la tragedia recibieron incluso el encargo expreso de continuar.
Las grandes celebraciones guardan en su placenta la discordia. En 2018 Mónica García acompañó a Emilio Delgado en el que debía ser uno de los momentos más felices de su vida: su boda. Eran buenos amigos, compañeros de partido, colegas que compartían los mismos ideales. Y les unía el mejor pegamento que existe: el del enemigo común. Ambos se oponían a Irene Montero y Pablo Iglesias, a los que culpaban de haber descarriado a Podemos. El matrimonio de Delgado no duró mucho y ahora la fractura con una de las invitadas, Mónica García, a la que ya no puede llamar amiga, ha quedado a la vista de todo el mundo.
El futuro de las lagunas de Ambroz se ha convertido en una partida estratégica en la que cada actor juega su mejor baza. A los planes del Ayuntamiento de Madrid de levantar un barrio con más de 18.000 viviendas y a la propuesta ecologista de crear la Casa de Campo del Este, ahora se suma otro contrincante: la Comunidad de Madrid. El Gobierno dirigido por Isabel Díaz Ayuso ha anunciado esta semana que está ultimando los trámites para prorrogar la concesión minera de Tolsadeco, que explotó entre 1977 y 2007 la empresa Tolsa, sin actividad desde hace dos décadas. El Ejecutivo autonómico ha vinculado la operación con la creación de empleo y con la extracción de sepiolita de máxima pureza, un material crítico que permite desarrollar aplicaciones vinculadas a la autonomía industrial europea. Unos argumentos que no convencen al Grupo para la Conservación de las Lagunas de Ambroz, que ya ha anunciado que presentará alegaciones a la propuesta de aprobación. El Ayuntamiento, por su parte, evita pronunciarse sobre si el proyecto de la Comunidad de Madrid puede afectar o no a la Nueva Centralidad del Este.
