Cuando EL PAÍS salió a la calle, el 4 de mayo de 1976, no había ninguna certeza de que llegase al medio siglo de vida. En España, Franco acababa de morir, y la democracia se estaba gestando. Desde entonces han pasado guerras y revoluciones en el mundo, crisis económicas, transformaciones tecnológicas y avances científicos inimaginables. Han cambiado los soportes en los que se publican las noticias y la vía para transmitirlas. Ya somos un diario global que se escribe y lee en Europa, América y muchos otros lugares. Todo podría haber sido distinto. Y si hoy cumplimos 50 años, es, ante todo, gracias a los lectores.
José Ortega Spottorno, mi padre, procedía de una familia no solo intelectual —era hijo de José Ortega y Gasset—, sino también emprendedora en el campo de la cultura y los periódicos. Su propio padre contribuyó a impulsar El Sol, y fundó Revista de Occidente y la editorial del mismo nombre por donde entraron en España las últimas reflexiones europeas y estadounidenses. Su abuelo, José Ortega Munilla, había dirigido El Imparcial, fundado por el suegro de este, Eduardo Gasset y Artime. Todos fueron en su día medios de referencia y modernos —no necesariamente los más vendidos (esa conjunción de EL PAÍS fue y sigue siendo novedosa)— sobre los que los Ortega acabaron siempre por perder influencia. Pero eso no fue lo importante, sino haber contribuido a forjar órganos que sirvieran al país en su modernización política, económica, social y exterior. José podía haberse dado por satisfecho con haber recuperado Revista de Occidente, la editorial primero y el mensual, después, y fundado Alianza Editorial, que tanto contribuyó a difundir cultura, especialmente entre lo que acabaría siendo la generación de la Transición, transición muy orteguiana, por cierto. Pero su sentido del deber y de la oportunidad, con el previsible final a la vista del régimen de Franco, le llevó a intentar la publicación de un periódico que acabaría llamándose EL PAÍS.
Cuando todavía no estaba claro el desenlace del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, EL PAÍS sacó a la calle una edición en defensa de la Constitución española. Sus periodistas demostraron cómo hay que actuar cuando la historia, de pronto, da un giro a peor. Mientras otros políticos y medios de comunicación guardaban silencio, EL PAÍS alzó la voz. Y esa voz del periódico contribuyó a que el golpe fracasara y a estabilizar la democracia de la que España disfruta hasta el día de hoy.
Borges escribió que “cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es”. Es posible que la frase no solo valga para las personas, sino también para los periódicos; si es así, EL PAÍS supo para siempre quién era durante la tarde y la noche del 23 de febrero de 1981.
En aquella primera portada de EL PAÍS hay cuatro titulares, pero cinco historias. La quinta está en el anuncio. Un rectángulo en la esquina inferior izquierda donde se lee: “Mantenga su piscina perfectamente con cloro en pastillas H.T.H.”. Así de entrada no parece gran cosa, pero es una historia que ha tardado 50 años en ser contada. En ella salen dos amigos, un favor, un poco de cianuro y una familia que parece Falcon Crest según uno de sus miembros: “Lo que ha dado de sí aquel anuncio del abuelo que aquí seguimos hablando de él”.
La regularización extraordinaria divide a la población española: el 37,6% la ve con buenos ojos, al 21,5% le parece “regular” y al 33% mal o muy mal, sobre todo, a los votantes del PP y de Vox. En la eterna batalla de relatos políticos, la derecha parece imponerse en el que tiene que ver con la población inmigrante: el 60% de la ciudadanía con nacionalidad española considera que son demasiados; las expectativas sobre ese proceso para legalizar la situación en España de extranjeros sin documentación son mayoritariamente negativas y la conocida como “prioridad nacional”, esa cláusula que Vox ha exigido al PP para firmar los pactos de coalición autonómicos, es la opción más popular entre los votantes, según la encuesta del instituto 40dB. (2.000 entrevistas online) para EL PAÍS y la Cadena SER. Puede consultar todos los datos del sondeo aquí.
Elvis Crespo (Nueva York, 54 años) es igual de alegre que sus canciones. En una terraza de la Gran Vía madrileña, posa para las fotos con soltura, mientras ríe y bromea con su acento puertorriqueño, ya que a los seis años se fue a vivir a Guaynabo, cerca de San Juan. Es difícil estar a su lado sin esbozar una sonrisa. Su ropa es impecable, luce el pelo untado en gel que le deja unos rizos perfectos y su perfume se huele de lejos. “Yo vine a este mundo para poner a la gente a bailar”, anuncia. Y bien que ha cumplido su tarea, porque quién no ha bailado alguna vez en la vida Suavemente, Tu sonrisa o Píntame la carita en alguna boda, graduación o cumpleaños. Pero no todo en la vida es sazón, y la mala racha también tocó la puerta de Elvis Crespo.
Según la RAE, el poliamor es una “relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas”. Empezó siendo una cosa de gente queer y feminista que se debatía en espacios académicos y activistas. Pero hace una década que sale en los medios, así que es raro no haberse tomado una caña hablando del tema. Aunque sea para burlarse. Hay hasta quien asegura que se ha pasado de moda. Como si fueran los pantalones de campana.
Ahmed Tommouhi, que pasó 15 años en la cárcel por violaciones que no cometió, ha vuelto esta semana al quirófano del Hospital de Bellvitge para operarse, por segunda vez, del pie que le queda. Hace un par de años le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla. “Antes de la cárcel no tenía ningún problema; después, me han operado varias veces”, contó el martes desde Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona) donde vive. El año pasado, ya con la condena anulada, la justicia le denegó una indemnización por los 15 años de cárcel injusta. A juicio de la Audiencia Nacional, y del ponente de la sentencia, Francisco Díaz Fraile, la condena revocada no era un “error judicial craso o evidente”. Tommouhi recurrió al Supremo, que ha admitido el “interés objetivo” de su caso y ahora debe decidir si mantiene ese criterio que desde hace años provoca que ningún inocente condenado a prisión sea indemnizado en España. El alto tribunal afirma, en un auto al que ha accedido EL PAÍS, que su decisión podría “extenderse” a otros casos.