El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, considera que la oposición que levanta el plan para rediseñar el modelo de financiación catalán se debe a un asunto de bandera, más que de fondo: “Lo descalifican por quien emite esta propuesta, Cataluña, más que por el contenido de la propuesta, que muchos de ellos ni se han estudiado”. Salvador Illa ha hecho las declaraciones durante su gira por China, donde ha viajado junto a una delegación de la Generalitat para estrechar relaciones con las autoridades chinas y para explorar posibles inversiones empresariales que beneficien a Cataluña. “El ruido lo generan quienes no ponen ninguna propuesta sobre la mesa”, ha reprochado el president, y ha insistido que las aspiraciones de Cataluña pasan por redactar un modelo “que no perjudica a nadie” y que “responde a las singularidades de Cataluña”.
El Gobierno de la Generalitat y Esquerra Republicana han llegado este martes a un acuerdo que permitirá, mediante un decreto ley, modificar este agosto el régimen jurídico de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) para así ir preparándola para el eventual cambio en el modelo de recaudación. Entre otras cosas, por ejemplo, se crearán dos cuerpos de funcionarios a medida de las necesidades de expansión de la entidad. El anuncio llega el mismo día en que la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, informara de que finalmente el Ejecutivo catalán no presentará este mes de julio el plan director para la asunción progresiva de la recaudación y gestión de todos los impuestos, comenzando con el IRPF el próximo año. Paneque ha subrayado la complejidad de este despliegue y como ejemplo ha puesto la ausencia de informáticos.
El Arzobispado de Barcelona ha emitido, este martes, un comunicado criticando el cartel de las próximas fiestas de la Mercè que se hizo público el pasado jueves. El arzobispado, capitaneado por el cardenal Juan José Omella, lamenta que el cartel y su versión en vídeo utilice “de forma irreverente diferentes formas religiosas con la intención de ridiculizar la imagen de la madre de dios”.
“Tenue resistencia en medio de una incertidumbre persistente”. Los títulos de los informes de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), en ocasiones, son elocuentes. Aunque no siempre envejecen bien. En esta ocasión, habrá que esperar para esa evaluación, pero la economía mundial parece haber superado, de momento, sin grandes secuelas la tormenta arancelaria desatada el pasado 2 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando cambió las reglas del comercio internacional tal y como las conocíamos hasta ahora y, con un simple cartel de cartón, anunció aranceles indiscriminados a todo el mundo.
La presión política sobre los medios de comunicación crece también dentro de la UE. La libertad de prensa está amenazada por recortes financieros, leyes restrictivas y el predominio de las plataformas digitales cuyos algoritmos eligen cómo, cuándo y qué contenidos mostrar. Alemania pierde posiciones en el ranking de Reporteros Sin Fronteras, mientras en Hungría miles de personas protestan contra una ley que busca silenciar a las voces más críticas.
Andrés Palomo era el magistrado de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo elegido como ponente para redactar la resolución que debía dar respuesta a los recursos presentados contra el procesamiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la supuesta filtración de un correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero las conclusiones de Palomo, que planteó archivar la causa y anular la propuesta del juez instructor Ángel Hurtado de sentar en el banquillo al máximo representante del ministerio público ante la falta de indicios contra él, provocó que tuviera que hacerse a un lado como ponente ante la negativa de sus dos compañeros de tribunal (Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres) de asumir su tesis. Esas diferencias se han traducido en un largo voto particular de Palomo contra el dictamen que confirma el procesamiento de García Ortiz: “No resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado”, critica.
