La Comunidad de Madrid es la región española con la tasa de privatización de Formación Profesional (FP) más alta: el 50,59% del alumnado ya estudia en centros privados. Más de 60.000 jóvenes se quedaron sin plaza pública en esta etapa formativa durante el curso 2024-2025. Así lo revela Comisiones Obreras en el informe La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud, presentado este martes. Para el sindicato, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso “ha renunciado deliberadamente a expandir la red pública, convirtiendo el derecho a la educación en un privilegio condicionado por la renta y el código postal”.
A todos nos gusta tener la casa reluciente. Sin embargo, no todas las tareas de limpieza son sencillas. Hay zonas de la casa, como la cocina y el baño, que requieren de algo más que una bayeta y un producto desengrasante para deshacerse de la suciedad incrustada del extractor o de las juntas de las baldosas.
La migración de los servicios bancarios al universo online ha conllevado métodos de estafa cada vez más sofisticados. Y también más extendidos. El Banco de España identifica el fraude en operaciones de pago como “el principal foco de riesgo en materia de protección de la clientela”. Así lo recoge en su Memoria de reclamaciones de 2025, en la que se constata que las quejas presentadas por usuarios de banca por ese motivo crecieron un 18% el año pasado. En total, la institución presidida por José Luis Escrivá recibió 30.970 reclamaciones, el 45% menos que en 2024. Esa significativa bajada se debe al alud de requerimientos recibidos por la banca en 2025 a raíz de las sentencias por los gastos hipotecarios.
El independentismo busca reactivarse de cara a la próxima Diada. La Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, la Intersindical y Ciemen han escenificado este martes un nuevo intento de reconstruir la unidad del independentismo civil con una convocatoria conjunta para el 11 de septiembre. Bajo el lema Hi soc. Hi som. Pel present y el futur, independencia’ (Estoy. Estamos. Por el presente y el futuro, independencia), las seis entidades han hecho un llamamiento a recuperar la movilización en las calles tras varios años marcados por el descenso de la participación y la pérdida de impulso del movimiento.
Nuevo golpe a la peligrosa banda de origen venezolano Tren de Aragua. Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido detener a cinco presuntos integrantes de este grupo criminal acusados del asalto violento, el pasado enero, al chalé de un cirujano plástico en Sariegos (León, 5.500 habitantes) en el que, tras maniatar a los cuatro moradores ―dos de ellos menores de edad― y amenazarles con armas, obtuvieron un botín de 110.000 euros en joyas y dinero en efectivo, según ha informado este martes el Ministerio del Interior.
La diputada de Junts Anna Navarro, flamante apuesta de Carles Puigdemont en las listas electorales de 2024 para ser la número dos del partido, ha anunciado este martes que renuncia a su acta en el Parlament de Cataluña por “motivos personales y profesionales”. En un comunicado, Junts ha explicado que la empresaria seguirá formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva Nacional de Junts. Navarro asegura que estos dos años han estado marcados por “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” y reivindica “la gran oportunidad que ha supuesto servir al país desde el Parlament”.
La Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria (PP) ha informado de que más de 2.100 peces han muerto tras un vertido de purines en los ríos Pisueña y Llerana, “quedando este último arrasado y completamente sin vida”. El gran daño ecológico y medioambiental se ha producido en un tramo total de unos seis kilómetros, cuatro y medio correspondientes al Pisueña y el kilómetro y medio restante en el Llerana, donde se detectó el origen de la contaminación del agua y donde más graves son sus efectos. La consejería ha informado de que abrirá “un expediente de infracción administrativa” contra la entidad responsable conforme a los criterios de la ley de pesca cántabra, que recoge lo sucedido como “infracción muy grave”: los responsables se enfrentan a multas que podrían ir de 3.000 a 60.000 euros y la indemnización que podría rebasar los 300.000 euros.
