Cada día me llegan al correo ofertas para trabajar gratis en programas ajenos, festivales de pago y cursos de verano en universidades privadas. Casi siempre son de gente que no conozco pero intuyo que cobran por organizar los eventos a los que me invitan. Sin embargo, encuentran apropiado que yo no lo haga. Consideran quizá que viajar a una ciudad de provincias para dormir en un hotel de tres estrellas y comer dos días seguidos un menú del día con otros compañeros es compensación suficiente y apropiada por mi esfuerzo. Sin embargo, nunca dicen expresamente: te ofrezco trabajo a cambio de comida y posta en un hotel con dispensadores de jabón taladrados en el azulejo. Lo que hacen es obviar el tema como si fuera un dato irrelevante, y hasta esquivarlo activamente, negándose a proporcionar la cifra en cuestión junto con el resto de datos específicos como la fecha, el lugar del evento y el tema a tratar. O diciendo que “ese asunto del que usted me habla” puede ser consultado en el epígrafe correspondiente de la normativa que adjuntamos junto con otros aspectos de carácter general. Como si, a la hora de decidir si quieres hacer un trabajo, preguntar por los honorarios implica una preocupación mezquina, típica de almas mercenarias, frente a la generosidad luminosa del que ofrece la alternativa más pura de compartir lo que tienes sin esperar nada a cambio. Esta ambigüedad me resulta mucho más problemática que la propia propuesta. A veces hasta parece deliberada, pero no quiero pensar mal.
La querella que ha presentado en el juzgado la exedil popular de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, y el PP por acoso sexual y laboral, lesiones, coacciones, un delito contra la integridad moral y revelación de secretos, que desveló EL PAÍS el pasado viernes, tiene una segunda parte en la que ella refiere, en primera persona, lo que ocurrió después, cuando decidió recurrir al PP madrileño para pedir amparo ante lo que estaba sucediendo.
El PSOE regresa al vía crucis de la política doméstica después del “subidón de adrenalina” con el que uno de sus principales barones resume los dos días de la Cumbre para la Movilización Global Progresista en Barcelona. La tercera semana del juicio contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos volverá a enfrentar a los socialistas con los fantasmas de un pasado muy reciente que no terminan de espantar y con el horizonte sombrío de las elecciones andaluzas, donde el objetivo no es ganar, sino que Juan Manuel Moreno pierda la mayoría absoluta. Con ese panorama, la afluencia de referentes progresistas de los cuatro puntos cardinales, con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva a la cabeza, sirvió de bálsamo colectivo y para que Pedro Sánchez animase a “recuperar el orgullo” perdido. “Ya está bien de clavarnos cuchillos a nosotros mismos. Tenemos que ser optimistas, de lo contrario esto no va a tirar para arriba y así no remontaremos nunca”, porfiaba en la Fira de la ciudad condal una ministra.
La estrategia del PP de tratar de marcar distancias con el juicio del caso Kitchen se complica todavía más a partir de esta semana. El tribunal de la Audiencia Nacional que acoge la vista oral sobre la operación de espionaje activada en 2013 contra Luis Bárcenas, que comenzó a principios de abril, se prepara para interrogar el próximo jueves a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno (2011-2018) y del partido conservador (2003-2018) durante los años en que el Ministerio del Interior desplegó una presunta trama para arrebatar al extesorero popular los documentos comprometedores que aún podía guardar sobre altos cargos de la formación. Entre ellos, del propio jefe del Ejecutivo. Es la tercera vez que Rajoy testifica en un proceso de esta dimensión: ya lo hizo en 2017 en la pieza principal del caso Gürtel, y en 2021 en la de los papeles de Bárcenas. En ambas ocasiones negó la caja b del PP, que los tribunales dan por probada.
Si el caso Koldo se lleva algún día a la pequeña o la gran pantalla, será raro que eluda algunas escenas construidas a partir de los testimonios escuchados en la segunda semana del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo. El empresario Víctor de Aldama, comisionista profesional, entrando en el Ministerio de Transportes a todas horas, con estacionamiento reservado y acceso sin preguntar a la zona restringida del ministro. El asesor ministerial Koldo García, controlándolo todo desde sus dos metros de altura, siempre al quite para colocar las mascarillas de Soluciones de Gestión en cuanto olía la necesidad de una administración de adquirir material de protección. Su expareja, Patricia Uriz, llevando la ropa de José Luis Ábalos a la tintorería, acudiendo a la sede del PSOE a recoger los reembolsos de gastos en efectivo o firmando el alquiler de una casa para que la disfrutaran el ministro y su familia.
En Ekibastuz, una ciudad industrial del norte de Kazajistán conocida por su carbón, el Gobierno está apostando 30.000 millones de dólares a una idea poco explotada: que el futuro de la inteligencia artificial dependa tanto de la geología como del software. Allí, sobre un nodo energético heredado de la era soviética, el Ejecutivo actual quiere levantar un complejo capaz de escalar hasta un gigavatio de potencia computacional —una cifra que situaría el proyecto Data Center Valley en la liga de los grandes hubs globales de datos—. Su objetivo final es atraer desde mineros de criptomonedas hasta gigantes de la inteligencia artificial.
La Janda (Cádiz), el mayor humedal de la Península Ibérica y el complejo lagunar más meridional de Europa, se ha secado tan solo un mes después del récord de precipitaciones registrado en la zona. Mientras España acumula una reserva hídrica media del 83,7% de su capacidad total y la cuenca de Guadalete-Barbate, a la que pertenece La Janda, hasta tres puntos más, las 6.125 hectáreas inundables y declaradas de dominio público en esta comarca gaditana vuelven al estado en las que las dejó la dictadura franquista cuando, con la excusa de combatir el paludismo (malaria), desecó una superficie similar a París o a 10 veces la ciudad de Cádiz para destinarla a cultivos. Lo perpetró en este enclave andaluz, Galicia (Lagoa de Antela) y Castilla y León (La Nava). En algunas zonas afectadas se han puesto en marcha incipientes procesos de restauración, pero en Andalucía, los desagües artificiales construidos durante el franquismo aún siguen abiertos y destrozando uno de los humedales más importantes de Europa para favorecer a grandes explotaciones agrícolas.
En la lista de aquellos que más han contribuido a elevar el debate sobre el cambio climático y sus implicaciones debería figurar sin duda lord Nicholas Stern (Hammersmith, 79 años). Porque este reconocido economista firmó en 2006 uno de los informes clave para que el calentamiento saliera de los laboratorios rumbo a los despachos de los Gobiernos y CEO. Es mucho más caro no actuar para frenar el cambio climático que hacerlo. Era la principal conclusión de aquel estudio que se publicó por encargo del entonces Gobierno laborista del Reino Unido. En su nuevo libro, La historia de crecimiento del siglo XXI (se puede descargar en este link), incide y desarrolla la idea de abordar esta lucha como una oportunidad. Stern atiende a EL PAÍS en un hotel junto a un Parque del Retiro de Madrid en plena ebullición primaveral. Nada bueno para su alergia. Pero ni el polen ni el bombardeo constante de malas noticias le borran su mirada optimista y divertida.
El consenso sobre que los precios del alquiler son elevados es prácticamente total en la sociedad española. La escasez de vivienda lleva tiempo provocando una feroz competencia por encontrar un techo, sobre todo en las grandes ciudades, lo que ha otorgado más poder a los propietarios para fijar precios. Ninguna medida ha logrado hasta ahora poner coto a esa situación. Uno de los últimos intentos ha sido el decreto ley para la prórroga de los precios de los alquileres, impulsado por Sumar, que prolonga hasta dos años los contratos que venzan hasta finales de 2027 y limita al 2% las actualizaciones.