En este documental, BBC News Brasil visita El Salvador y explora los efectos del régimen de excepción, un instrumento legal vigente en el país desde 2022.

Indignación. Es lo primero que se respira nada más entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), escenario el miércoles, de un violento escrache contra el expresidente del Gobierno Felipe González y el periodista Juan Luis Cebrián, dentro del foro «Jornadas sociedad civil y cambio global». Mientras algunos alumnos aprovechan los últimos coletazos de buen tiempo para tomar fuera un café, otros se recluyen en el interior para acometer las tareas pertinentes. Los trabajadores de limpieza se afanan en sacar brillo a un edificio que a simple vista escapa del prototipo de una madriguera radical dentro del ámbito universitario. Tres mesas situadas en diferentes puntos del interior recogen firmas para condenar lo ocurrido. Son estudiantes de la propia facultad, que a través de los grupos de delegados, «votados por todos los compañeros de clase», se han organizado para mostrar su repulsa. No quieren que se les identifique con los violentos, ya que «la universidad es un espacio donde tiene que haber libertad de expresión y diálogo, y nadie puede ser sufrir ningún tipo de violencia», explica un integrante de una de las mesas. Llevan recogidas más de mil firmas y solo son alrededor de 3.000 los matriculados. Una cifra que contrasta con los apenas 150 vándalos que acudieron a reventar el acto. Los alumnos han redactado un manifiesto, que el decanato ha leído y aprobado, donde transmiten a la sociedad que en su facultad les permiten exponer cualquier idea, mostrar pancartas, realizar actos, movilizaciones, huelgas o manifestaciones: «Y por ese motivo no necesitamos recurrir a otros medios, como los empleados en esta ocasión, porque podemos hablar y expresarnos por otros medios respetando las normas». Manuela Carmena, que ayer participó con total tranquilidad en el mismo foro, plasmó su firma al final de su ponencia. La decana está recabando información que identifique a los autores, sean individuos o asociaciones El goteo de jóvenes dispuestos a dejar por escrito su rechazo fue constante. No tienen miedo y esperan que los hechos no queden impunes. «Vamos a llevar una declaración a la Junta de la Facultad para que tome las medidas oportunas. La primera en firmar fue la decana y nos consta que hay abierta una investigación para expulsar a los responsables», asegura una universitaria. Según explica la decana, Yolanda Valdeolivares, lo importante el miércoles fue garantizar la seguridad, pero ahora es tiempo de investigar y recabar información para «adoptar las medidas que lleven a reconocer a los responsables de los hechos y a acreditar su identidad, ya sea a título personal o de asociación». De camino al salón de actos Tomás y Valiente, situado en la segunda planta, otro estudiante advierte que la facultad «es un laberinto», al tiempo que señala una planta más abajo, el pasillo donde está la sede de Habeas Corpus, una asociación autodenominada antifascista y anticapitalista, registrada oficialmente por el decanato, a la que muchos señalan como participantes activos en el boicot. «Aunque no sepamos quién lo ha organizado, cualquiera que estuvo allí es capaz de identificar a los compañeros de su clase que han provocado esto», relata el mismo alumno. Su testimonio es clave para entender la magnitud de lo acontecido. Junto a varios amigos y compañeros trató de acceder al curso, en el que estaban matriculados. «Las ponencias comenzaron el martes y en ninguna pasó nada. Nadie cree que algo así pueda ocurrir». Los violentos accedieron a la facultad portando caretas, algunas de ellas con el nombre de José Antonio Lasa y Christian Olaskoaga -etarras asesinados por los GAL-, y se marcharon lanzado un petardo de gran tamaño en el pasillo, que provocó la caída de los protectores de las luces halógenas e impactaron sobre el cuerpo de algunas personas. «Entre medias, además de empujones, insultos y golpes y de agredir a un profesor de 70 años, en un momento dado vi un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, de esos que la hoja del filo tiembla, y salí de allí corriendo. El arma la encontró un profesor, motivo por el cual los manifestantes lo acusaron de haberlo puesto en ese lugar como una falsa prueba», sentencia el propio afectado. La turba fue organizada por los radicales a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp En la guarida de Habeas Corpus hay cerca de 20 personas. «Estamos de asamblea, ¿qué queréis?». El revuelo que provoca nuestra presencia es evidente, conscientes de que viven días complicados. «Nuestra asociación no ha organizado nada y tampoco sabemos si alguien de aquí a título individual ha participado», expresa uno de sus miembros. Señalados por sus propios compañeros de pupitre, dudan entre expresar su visión o permanecer callados, hecho este último que acaba imponiéndose. Aunque no sin antes asegurar en relación al cuchillo que «fueron los escoltas de Felipe González los que lo dejaron tirado en el suelo para incriminarnos». Grupos ajenos a la facultad La Federación de Estudiantes Libertaria (FEL), que tiene implantación en la Complutense, en la Carlos III y en la propia Autónoma, se ha atribuido el violento escrache con un mensaje desafiante en Twitter: «Muchas gracias por todas las muestras de solidaridad. Meterse con dos Capos del Régimen tiene consecuencias». La FEL se define como una «organización anarquista», creada en 2014 tras la «desmovilización estudiantil post-Bolonia» y para hacer frente a una universidad «cada día más elitizada». Junto a ellos, también estaba Izquierda Castellana, el «brazo político» del antifascismo y cuya rama juvenil, Yesca, está asentada en la UCM. El plan estaba claro. Y el punto de encuentro también. «La convocatoria estaba preparada para quedar en la Facultad de Psicología, reunir a toda la gente que vino de la Complutense y de allí entrar en masa para tener el mayor impacto posible», describen los inscritos en el propio curso. La turba fue convocada en redes sociales, y mediante grupos de WhatsApp, un mecanismo que utilizan cada vez más para eludir la vigilancia policial.

Indignación. Es lo primero que se respira nada más entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), escenario el miércoles, de un violento escrache contra el expresidente del Gobierno Felipe González y el periodista Juan Luis Cebrián, dentro del foro «Jornadas sociedad civil y cambio global». Mientras algunos alumnos aprovechan los últimos coletazos de buen tiempo para tomar fuera un café, otros se recluyen en el interior para acometer las tareas pertinentes. Los trabajadores de limpieza se afanan en sacar brillo a un edificio que a simple vista escapa del prototipo de una madriguera radical dentro del ámbito universitario. Tres mesas situadas en diferentes puntos del interior recogen firmas para condenar lo ocurrido. Son estudiantes de la propia facultad, que a través de los grupos de delegados, «votados por todos los compañeros de clase», se han organizado para mostrar su repulsa. No quieren que se les identifique con los violentos, ya que «la universidad es un espacio donde tiene que haber libertad de expresión y diálogo, y nadie puede ser sufrir ningún tipo de violencia», explica un integrante de una de las mesas. Llevan recogidas más de mil firmas y solo son alrededor de 3.000 los matriculados. Una cifra que contrasta con los apenas 150 vándalos que acudieron a reventar el acto. Los alumnos han redactado un manifiesto, que el decanato ha leído y aprobado, donde transmiten a la sociedad que en su facultad les permiten exponer cualquier idea, mostrar pancartas, realizar actos, movilizaciones, huelgas o manifestaciones: «Y por ese motivo no necesitamos recurrir a otros medios, como los empleados en esta ocasión, porque podemos hablar y expresarnos por otros medios respetando las normas». Manuela Carmena, que ayer participó con total tranquilidad en el mismo foro, plasmó su firma al final de su ponencia. La decana está recabando información que identifique a los autores, sean individuos o asociaciones El goteo de jóvenes dispuestos a dejar por escrito su rechazo fue constante. No tienen miedo y esperan que los hechos no queden impunes. «Vamos a llevar una declaración a la Junta de la Facultad para que tome las medidas oportunas. La primera en firmar fue la decana y nos consta que hay abierta una investigación para expulsar a los responsables», asegura una universitaria. Según explica la decana, Yolanda Valdeolivares, lo importante el miércoles fue garantizar la seguridad, pero ahora es tiempo de investigar y recabar información para «adoptar las medidas que lleven a reconocer a los responsables de los hechos y a acreditar su identidad, ya sea a título personal o de asociación». De camino al salón de actos Tomás y Valiente, situado en la segunda planta, otro estudiante advierte que la facultad «es un laberinto», al tiempo que señala una planta más abajo, el pasillo donde está la sede de Habeas Corpus, una asociación autodenominada antifascista y anticapitalista, registrada oficialmente por el decanato, a la que muchos señalan como participantes activos en el boicot. «Aunque no sepamos quién lo ha organizado, cualquiera que estuvo allí es capaz de identificar a los compañeros de su clase que han provocado esto», relata el mismo alumno. Su testimonio es clave para entender la magnitud de lo acontecido. Junto a varios amigos y compañeros trató de acceder al curso, en el que estaban matriculados. «Las ponencias comenzaron el martes y en ninguna pasó nada. Nadie cree que algo así pueda ocurrir». Los violentos accedieron a la facultad portando caretas, algunas de ellas con el nombre de José Antonio Lasa y Christian Olaskoaga -etarras asesinados por los GAL-, y se marcharon lanzado un petardo de gran tamaño en el pasillo, que provocó la caída de los protectores de las luces halógenas e impactaron sobre el cuerpo de algunas personas. «Entre medias, además de empujones, insultos y golpes y de agredir a un profesor de 70 años, en un momento dado vi un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, de esos que la hoja del filo tiembla, y salí de allí corriendo. El arma la encontró un profesor, motivo por el cual los manifestantes lo acusaron de haberlo puesto en ese lugar como una falsa prueba», sentencia el propio afectado. La turba fue organizada por los radicales a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp En la guarida de Habeas Corpus hay cerca de 20 personas. «Estamos de asamblea, ¿qué queréis?». El revuelo que provoca nuestra presencia es evidente, conscientes de que viven días complicados. «Nuestra asociación no ha organizado nada y tampoco sabemos si alguien de aquí a título individual ha participado», expresa uno de sus miembros. Señalados por sus propios compañeros de pupitre, dudan entre expresar su visión o permanecer callados, hecho este último que acaba imponiéndose. Aunque no sin antes asegurar en relación al cuchillo que «fueron los escoltas de Felipe González los que lo dejaron tirado en el suelo para incriminarnos». Grupos ajenos a la facultad La Federación de Estudiantes Libertaria (FEL), que tiene implantación en la Complutense, en la Carlos III y en la propia Autónoma, se ha atribuido el violento escrache con un mensaje desafiante en Twitter: «Muchas gracias por todas las muestras de solidaridad. Meterse con dos Capos del Régimen tiene consecuencias». La FEL se define como una «organización anarquista», creada en 2014 tras la «desmovilización estudiantil post-Bolonia» y para hacer frente a una universidad «cada día más elitizada». Junto a ellos, también estaba Izquierda Castellana, el «brazo político» del antifascismo y cuya rama juvenil, Yesca, está asentada en la UCM. El plan estaba claro. Y el punto de encuentro también. «La convocatoria estaba preparada para quedar en la Facultad de Psicología, reunir a toda la gente que vino de la Complutense y de allí entrar en masa para tener el mayor impacto posible», describen los inscritos en el propio curso. La turba fue convocada en redes sociales, y mediante grupos de WhatsApp, un mecanismo que utilizan cada vez más para eludir la vigilancia policial.

Indignación. Es lo primero que se respira nada más entrar a la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), escenario el miércoles, de un violento escrache contra el expresidente del Gobierno Felipe González y el periodista Juan Luis Cebrián, dentro del foro «Jornadas sociedad civil y cambio global». Mientras algunos alumnos aprovechan los últimos coletazos de buen tiempo para tomar fuera un café, otros se recluyen en el interior para acometer las tareas pertinentes. Los trabajadores de limpieza se afanan en sacar brillo a un edificio que a simple vista escapa del prototipo de una madriguera radical dentro del ámbito universitario. Tres mesas situadas en diferentes puntos del interior recogen firmas para condenar lo ocurrido. Son estudiantes de la propia facultad, que a través de los grupos de delegados, «votados por todos los compañeros de clase», se han organizado para mostrar su repulsa. No quieren que se les identifique con los violentos, ya que «la universidad es un espacio donde tiene que haber libertad de expresión y diálogo, y nadie puede ser sufrir ningún tipo de violencia», explica un integrante de una de las mesas. Llevan recogidas más de mil firmas y solo son alrededor de 3.000 los matriculados. Una cifra que contrasta con los apenas 150 vándalos que acudieron a reventar el acto. Los alumnos han redactado un manifiesto, que el decanato ha leído y aprobado, donde transmiten a la sociedad que en su facultad les permiten exponer cualquier idea, mostrar pancartas, realizar actos, movilizaciones, huelgas o manifestaciones: «Y por ese motivo no necesitamos recurrir a otros medios, como los empleados en esta ocasión, porque podemos hablar y expresarnos por otros medios respetando las normas». Manuela Carmena, que ayer participó con total tranquilidad en el mismo foro, plasmó su firma al final de su ponencia. La decana está recabando información que identifique a los autores, sean individuos o asociaciones El goteo de jóvenes dispuestos a dejar por escrito su rechazo fue constante. No tienen miedo y esperan que los hechos no queden impunes. «Vamos a llevar una declaración a la Junta de la Facultad para que tome las medidas oportunas. La primera en firmar fue la decana y nos consta que hay abierta una investigación para expulsar a los responsables», asegura una universitaria. Según explica la decana, Yolanda Valdeolivares, lo importante el miércoles fue garantizar la seguridad, pero ahora es tiempo de investigar y recabar información para «adoptar las medidas que lleven a reconocer a los responsables de los hechos y a acreditar su identidad, ya sea a título personal o de asociación». De camino al salón de actos Tomás y Valiente, situado en la segunda planta, otro estudiante advierte que la facultad «es un laberinto», al tiempo que señala una planta más abajo, el pasillo donde está la sede de Habeas Corpus, una asociación autodenominada antifascista y anticapitalista, registrada oficialmente por el decanato, a la que muchos señalan como participantes activos en el boicot. «Aunque no sepamos quién lo ha organizado, cualquiera que estuvo allí es capaz de identificar a los compañeros de su clase que han provocado esto», relata el mismo alumno. Su testimonio es clave para entender la magnitud de lo acontecido. Junto a varios amigos y compañeros trató de acceder al curso, en el que estaban matriculados. «Las ponencias comenzaron el martes y en ninguna pasó nada. Nadie cree que algo así pueda ocurrir». Los violentos accedieron a la facultad portando caretas, algunas de ellas con el nombre de José Antonio Lasa y Christian Olaskoaga -etarras asesinados por los GAL-, y se marcharon lanzado un petardo de gran tamaño en el pasillo, que provocó la caída de los protectores de las luces halógenas e impactaron sobre el cuerpo de algunas personas. «Entre medias, además de empujones, insultos y golpes y de agredir a un profesor de 70 años, en un momento dado vi un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, de esos que la hoja del filo tiembla, y salí de allí corriendo. El arma la encontró un profesor, motivo por el cual los manifestantes lo acusaron de haberlo puesto en ese lugar como una falsa prueba», sentencia el propio afectado. La turba fue organizada por los radicales a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp En la guarida de Habeas Corpus hay cerca de 20 personas. «Estamos de asamblea, ¿qué queréis?». El revuelo que provoca nuestra presencia es evidente, conscientes de que viven días complicados. «Nuestra asociación no ha organizado nada y tampoco sabemos si alguien de aquí a título individual ha participado», expresa uno de sus miembros. Señalados por sus propios compañeros de pupitre, dudan entre expresar su visión o permanecer callados, hecho este último que acaba imponiéndose. Aunque no sin antes asegurar en relación al cuchillo que «fueron los escoltas de Felipe González los que lo dejaron tirado en el suelo para incriminarnos». Grupos ajenos a la facultad La Federación de Estudiantes Libertaria (FEL), que tiene implantación en la Complutense, en la Carlos III y en la propia Autónoma, se ha atribuido el violento escrache con un mensaje desafiante en Twitter: «Muchas gracias por todas las muestras de solidaridad. Meterse con dos Capos del Régimen tiene consecuencias». La FEL se define como una «organización anarquista», creada en 2014 tras la «desmovilización estudiantil post-Bolonia» y para hacer frente a una universidad «cada día más elitizada». Junto a ellos, también estaba Izquierda Castellana, el «brazo político» del antifascismo y cuya rama juvenil, Yesca, está asentada en la UCM. El plan estaba claro. Y el punto de encuentro también. «La convocatoria estaba preparada para quedar en la Facultad de Psicología, reunir a toda la gente que vino de la Complutense y de allí entrar en masa para tener el mayor impacto posible», describen los inscritos en el propio curso. La turba fue convocada en redes sociales, y mediante grupos de WhatsApp, un mecanismo que utilizan cada vez más para eludir la vigilancia policial.