Corre el año 2000. Emilio Delgado, por entonces un luchador de taekwondo de 24 años, campeón nacional júnior en varias ocasiones y con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Sídney de ese verano, ve que su mundo entero se desmorona: su puesto en el equipo olímpico de España, que él creía seguro, es adjudicado al final a otro compañero de la selección. Delgado se queda fuera. Con tanta rabia como amargura, decide renunciar en ese momento y olvidarse para siempre de ese deporte al que ha consagrado los últimos años de su vida. Su padre, un oficial de albañilería, de Móstoles, sindicalista de CC OO, le aconseja que se lo piense un poco. “Estás en un buen momento. Habrá otras Olimpiadas”. Pero Emilio le replica que no, que todo está decidido y que no hay marcha atrás: “Yo me bajo. Uno tiene su dignidad”. El padre le responde: “Muy bien: pues ponte a trabajar”. El joven lo hace. Como no tenía más estudios que el bachillerato y no sabía otra cosa que combatir en un tatami de taekwondo, acabó de animador en una feria, vestido de conejo. El día en que su padre lo vio en el salón de casa probándose el disfraz le soltó: “Ya veo que has recuperado la dignidad”.
Es un año crítico para muchos propietarios e inquilinos. En 2026 vencerán más de 630.000 contratos de alquiler firmados en 2021 que afectan a 1,6 millones de personas. Son más del doble que los finalizados en 2025, en torno a 300.000, según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, que sostiene que en 2021 se cerraron más arrendamientos que en 2020 y 2022. Cinco años después, llegan a su fin —también los suscritos en 2019 con grandes tenedores y vigencia de siete años—.