Hace poco más de un mes, en un instituto de la periferia parisina un grupo de estudiantes bloqueó su centro educativo para protestar por el estado de las instalaciones y la falta de profesores. En pocos días se sumaron alumnos de otros institutos, primero en París, luego por todo el territorio nacional, que denunciaban que tienen goteras en las clases y hasta cucarachas, y que las paredes se resquebrajan. Pasan frío en invierno y calor en primavera. Esa imagen descrita por algunos, la de una escuela pública considerada el pilar de la República francesa pero que se va fracturando poco a poco, ilustra también el declive económico de los últimos años.
Algo se mueve en la esfera diplomática en torno a la grave crisis humanitaria que sufre Oleshki, una localidad de la región ucrania de Jersón ocupada por los rusos. “Es duro llamar vida a eso”, deplora Vitalii Mikolaiovich, de 55 años, que consiguió escapar el mes pasado de la población, donde apenas hay comida. El Papa León XIV ha abordado con los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, una posible tregua que permita evacuar a los civiles. En torno a 6.000 personas, varias decenas de ellas menores, entre Oleshki y alrededores, sufren una clara falta de alimentos y medicinas unida a las duras condiciones de vida por la invasión militar, que les impiden moverse a lugares donde abastecerse.
La humanidad nunca había estado tan cerca de la autodestrucción. Así lo advierte el reloj del fin del mundo, una iniciativa que el Boletín de Científicos Atómicos actualiza cada año para alertar sobre los peligros que acechan al planeta. Solo faltan 85 segundos para la medianoche, el símbolo de la aniquilación total, debido a la emergencia climática, la irrupción de la inteligencia artificial y las guerras que amenazan a millones de personas. Además, en pleno auge del militarismo, los países más poderosos han acelerado en la carrera armamentista por ampliar y modernizar sus arsenales nucleares, la razón por la que el también llamado reloj del apocalipsis se dio a conocer por primera vez en 1947.
En septiembre de 2022, la muerte de Mahsa Amini, una joven iraní de 22 años detenida por la policía de la moral por supuestamente incumplir las normas sobre el velo islámico, desencadenó una oleada de protestas en Irán contra la obligación de las mujeres de cubrirse el cabello. Cuatro años después, al otro lado de la frontera, el hiyab vuelve a provocar manifestaciones, pero por el motivo contrario. En Azerbaiyán, alumnas y profesoras denuncian que no pueden acceder a los centros educativos por llevarlo. Las protestas han provocado decenas de detenciones y un enfrentamiento político con Turquía, el principal aliado de Bakú.
Las conversaciones de varios corrillos rompen la tranquilidad de la noche en Wudaoying, uno de los hutong (callejones) más populares del casco antiguo de Pekín. A la puerta de una sala de conciertos, Shao, de 27 años, y Qin, de 28, charlan con cervezas en la mano. “Me tratan como si fuera una niña y encima tengo que sonreír para no dar problemas”, se queja Shao. Da una calada al cigarrillo y señala con la cabeza a un compañero de trabajo, que está a unos metros. “Estoy harta de tanto mansplaining”, responde Qin, en referencia a las explicaciones condescendientes de hombres que presuponen que ellas saben menos.
Una mayoría de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional defenderá este miércoles que se inadmita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, según fuentes del órgano de garantías. El recurso pedía restablecer el derecho al voto de más de 160.000 españoles, nacionalizados en virtud de la ley de nietos, que viven en el extranjero y a quien el Tribunal Supremo ha retirado cautelarmente el sufragio a poco más de un mes de las próximas elecciones generales. La mayoría del Pleno, sin reflejar esta vez la división de referencia entre progresistas y conservadores, considera que como el Supremo abrió un plazo de alegaciones para los afectados —vigente hasta el viernes, 23 de octubre—, el recurso del Defensor es prematuro y no cumple con el requisito de subsidiariedad del amparo: esto es, que se haya agotado la vía de la justicia ordinaria.
Estaba cantado. El auto del lunes del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que levantaba la orden de arresto contra Carles Puigdemont en aplicación de la doctrina del Constitucional, fijada por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y con notables críticas a esta, era el prólogo. La resolución de ayer de la Sala de lo Penal, firmada por Manuel Marchena, eleva varios grados la fricción entre ambas instituciones y certifica un choque de trenes que no es sólo producto de interpretaciones opuestas en materia jurídica y de competencias.
Óscar Puente está feliz. Es su turno. Se arremanga. Sube al escenario de un edificio con forma de caparazón de tortuga, la Cúpula del Milenio de Valladolid. Pedro Sánchez lo observa desde abajo. El ministro de Transportes no falla. Pone patas arriba a la militancia:
PSOE y Frente Amplio irán juntos al Senado en casi toda España, con una lista llamada Senado de Progreso. Ese movimiento estratégico tiene ahora un eco en la derecha: Vox estudia no presentarse en varios territorios para no dividir el voto conservador. Tiene hasta el lunes 26, cuando se cierra el plazo de candidaturas. Son movimientos que pueden decidir quién controla la Cámara alta.