La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado sancionar a los jueces Eloy Velasco, que atacó a la exministra de Igualdad Irene Montero por la denominada Ley del solo sí es sí, y Manuel Ruiz de Lara, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “golpismo” y llamó a su esposa, Begoña Gómez, “Barbigoña”, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha accedido a la petición del Gobierno de investigar la difusión de pornografía infantil generada por Inteligencia Artificial (IA) y difundida por redes sociales, ordenando “reforzar” las pesquisas sobre este tipo de delitos, que ya se indagan en algunas fiscalías territoriales. La jefa del ministerio público ha dado este paso tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, que también se ha mostrado a favor, de acuerdo con las fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS.
Julio Iglesias pasa ya al contraataque tras las acusaciones de agresión sexual vertidas contra él por dos de sus extrabajadoras (en una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que acabó archivada en enero por falta de competencia). El cantante ha presentado esta semana una demanda de conciliación contra Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, por los comentarios que la política hizo en las redes sociales y en una entrevista de televisión. Los abogados de Iglesias, según consta en un escrito al que tuvo acceso EL PAÍS, achacan a la dirigente de Sumar manifestaciones “injuriosas”, con las que atribuyó a su cliente de manera directa la condición de “abusador sexual”, mantener empleadas en régimen de “esclavitud” y erigir una “estructura de poder basada en la agresión permanente”.
El juicio contra el clan Pujol, que se celebra en la Audiencia Nacional desde el pasado noviembre, ha combinado este martes un cóctel explosivo: policía patriótica y Operación Cataluña. Cuatro antiguos altos mandos de la Policía Nacional se han sentado ante el tribunal para ser interrogados como testigos sobre las presuntas maniobras urdidas, hace una década, para buscar de forma ilícita pruebas que incriminasen al expresident Jordi Pujol y a su familia. Pero poco han aclarado. Eugenio Pino, quien fuera el máximo jefe operativo de la institución entre 2012 y 2016; los comisarios jubilados José Manuel Villarejo y Marcelino Martín-Blas, y el inspector Bonifacio Díez se han desentendido de esa supuesta trama parapolicial y se han cruzado acusaciones mutuas.
Cinco miembros de una sola familia, tres hermanos y dos primos con edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, lograron adjudicarse otras tantas casas en el polémico complejo de viviendas de protección pública (VPP) de la cooperativa Les Naus, en Alicante. Domicilios supuestamente monoparentales en los que vive más de una persona. Cerca de 50 empadronamientos aún pendientes de certificar. Y 26 buzones repletos de cartas y publicidad que parecen demostrar que corresponden a inmuebles en los que no vive nadie. Estas son algunas de las conclusiones reflejadas en el informe realizado por la Policía Local (PL) en la urbanización de lujo que ha detonado una enorme polémica en Alicante, presentado este martes ante los medios, y que el Ayuntamiento trasladará a la consejería de Vivienda para que tome las medidas oportunas.