María Corina Machado (Caracas, 57 años) lleva casi un año en la clandestinidad. El régimen de Nicolás Maduro la forzó a resguardarse en un lugar secreto tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, una cita que marco un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. El chavismo, que se atribuyó el triunfo sin mostrar pruebas que lo certificaran, aceleró su deriva, profundizando el control omnímodo de todos los resortes del Estado. Al mismo tiempo, el sector mayoritario de la oposición defiende que Maduro y su entorno quedaron retratados ante el mundo al rechazar las actas de votación que se hicieron públicas y que mostraban una victoria rotunda del candidato Edmundo González Urrutia.
El lunes 29 de julio del año pasado, una multitud de venezolanos tomó las calles de las principales ciudades del país para rechazar los resultados electorales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Los datos de las presidenciales celebradas el domingo 28 difundidos por el árbitro, controlado por el Gobierno, otorgaban el triunfo a Nicolás Maduro. El mandatario no presentó pruebas que lo certificaran, mientras la oposición liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia publicaron una mayoría de actas electorales que demostraban lo contrario. Así, la ilusión popular de millones venezolanos esperanzados en un cambio político se estrelló con un régimen atrincherado.
Las cuentas no salen en muchas prisiones europeas. La población carcelaria no para de crecer y el número de reclusos supera, en muchos países, al de las plazas disponibles, incrementando los conflictos en lugares ya de por sí complicados como las prisiones. Un rompecabezas cada vez más acuciante para los gobiernos. Ante esa presión, algunos países —en los últimos tiempos, el Reino Unido e Italia— apuestan por acortar las penas de reclusos no peligrosos, la medida más recomendada por los expertos. Pero la tendencia creciente de los Estados es mirar más allá de sus fronteras para recolocar a los presos que no les caben, pese a que experiencias anteriores de países como Bélgica o Noruega no dieron los resultados esperados y a las constantes críticas que generan esas medidas.
Un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, enfrentados desde la desintegración de la Unión Soviética, parece cada vez menos lejano. El pasado día 10, el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, y el presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev, se reunieron durante casi cinco horas en Abu Dabi para abordar el proceso que ponga fin a más de tres décadas de enfrentamientos y “la normalización de las relaciones bilaterales”, según destacaron los ministerios de Exteriores de ambos países en sendos comunicados. Menos de una semana después, Donald Trump, en un nuevo intento de sumar méritos para su ansiado Nobel de la Paz, aseguró que pronto se pondría fin al conflicto. “Hemos hecho magia, el acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán está cerca”, declaró el presidente de Estados Unidos, subrayando el papel mediador de Washington.
El jefe de Estado portugués tiene competencias que van mucho más lejos de las que tiene su homólogo español. Una de ellas es el derecho a bloquear leyes y devolverlas al Parlamento. A Marcelo Rebelo de Sousa, que está en la recta final de su etapa como presidente de la República y que ha sido profesor de Derecho Constitucional, le suscita tantas dudas la reforma que ha pactado el Gobierno conservador con la ultraderecha en materia de extranjeros que se ha negado a promulgarla. Aunque no ha ejercido el veto directo, el presidente ha usado la segunda vía que tiene para trabar normas y ha enviado el texto al Tribunal Constitucional para que se pronuncie en el plazo de 15 días.
Da miedo pensar en ello, verlo resulta aterrador: unos aviones de combate sobrevuelan Taiwán; vehículos de guerra circulan por las calles de Taipéi; decenas de soldados del Ejército Popular de Liberación (EPL, el ejército chino) aguardan como sombras camufladas entre las hierbas altas de una colina de la isla; la presentadora del informativo taiwanés cuenta las últimas noticias de una crisis en el Estrecho que ha despertado la alarma internacional. Cuando corta, pregunta asustada a sus editores en la redacción: “¿Entonces va a haber una guerra de verdad?”.
¿Tienen sentido hoy los parques zoológicos? Para unos hacen una magnífica labor de conservación, estudio y divulgación del reino animal. Para otros son simplemente cárceles para animales secuestrados de sus hogares. Más allá de polémicas y debates, cada padre debe confrontar sus propias opiniones con el bien familiar, cuando sus hijos le solicitan la clásica petición de “¿por qué no vamos al zoo?”.
Rothschild, Hermès, Peugeot, Dassault, Lagardère… Estos apellidos se han convertido en marcas mundialmente conocidas, pero tras estas leyendas del capitalismo francés hay historias de familias atormentadas por el peso de la sucesión y sentimientos descontrolados que pueden acabar con la empresa. “Es el principio de la humanidad. Los seres humanos no son máquinas: hay padres que no pueden evitar aplastar a sus hijos, grandes empresarios que saben cómo dirigir a miles de empleados, pero no cómo comportarse ante sus hijos”, reflexiona la periodista de Le Monde Raphaëlle Bacqué, autora, junto a Vanessa Schneider, de una investigación sobre la transmisión del poder en las familias más ricas de Francia, recogida en dos tomos convertidos en bestsellers.
Esther Soto le dijo a su marido estadounidense que se marchara de su casa en Miami el 8 de agosto de 2024, cuando el hombre pasó de las amenazas a arrojarla contra una mesa y herirle un brazo y una rodilla, según declaraciones de la mujer recogidas en un parte de lesiones del centro sanitario Bautista de Key Biscayne. Tres días después, quien salió esposada de esa casa fue esta sevillana de 45 años: Soto no tenía permiso de residencia y su marido había llamado a la policía. La mujer pasó 14 días detenida y luego fue liberada con una tobillera electrónica, pero lo peor llegó meses después, con Donald Trump ya en la Casa Blanca. El pasado 28 de enero, Soto fue detenida de nuevo cuando acudió a una cita en una oficina de inmigración. Hasta su deportación el pasado sábado, permaneció seis meses en centros de detención e incluso en la cárcel de Orlando. En uno de esos centros, durmió en el suelo y sin apenas recibir comida ni agua. Durante un traslado, permaneció 30 horas esposada, explica por teléfono con la voz rota.
Palestina es una dolorosa herida abierta para la humanidad. La primera misión de paz de Naciones Unidas, en 1948, fue en Palestina. Han pasado 77 años y hoy nos encontramos sumidos en la crisis más larga y sangrienta de este conflicto. Más de 58.000 palestinos muertos, viviendas, escuelas y hospitales reducidos a cenizas, millones de gazatíes forzados a desplazarse constantemente, una población que muere de hambre atacada en las colas de alimentos mientras los camiones con la ayuda internacional son bloqueados y hay 1.200 víctimas israelíes y 250 secuestrados por el terrorismo de Hamás.