Cuando pensamos en una heladera, lo primero que se nos viene a la cabeza son los clásicos helados de fresa, chocolate o vainilla. Sin embargo, muchos modelos actuales van un paso más allá y prometen convertir este electrodoméstico en mucho más que una máquina para hacer helados. Algunas incorporan hasta una decena de programas capaces de preparar batidos, granizados, yogur helado, frappés o incluso postres elaborados únicamente con fruta.
Repita conmigo, una caña es un vaso de pequeño formato —entre los 200 y 250 ml— donde disfrutar de una cerveza servida de barril. Así se ha conocido en Madrid desde tiempo inmemorial. Aunque hoy, muchos lugares llaman cañas a dobles, copas o hasta tubos. Parece que la terminología ha virado, y con ella ha llegado su casi desaparición, por aquello de servir un poquito más y cobrar bastante más. Las cañas, como las medias raciones, los canapés o las tapas “gratis”, no gustan a una amplia mayoría de la hostelería madrileña. Lo siento, es así. Hoy resulta complicado encontrar cañas en según qué barrios, y ya no hablemos de las terrazas, donde parecen extinguidas por completo. Como en muchas de sus barras, en las que ya es imposible detenerse, de pie, al vuelo, sin reserva, sin sentarse, y pedir una.
Cuando Donald Trump volvió al Despacho Oval en enero de 2025 lo hizo con una promesa: convertir Estados Unidos en la capital cripto del planeta. Aunque el republicano logró poner en el foco este nuevo mercado, apoyando personalmente la industria y escogiendo reguladores favorables al sector, todavía no ha conseguido uno de los mayores retos: aprobar una regulación completa de este mercado. Desde hace meses los legisladores se afanan para sacar adelante la Clarity Act, la ley sobre criptomonedas, pero las presiones de la industria cripto y del lobby bancario han complicado su tramitación. Y ahora resurge otro viejo problema: los negocios cripto del presidente estadounidense. Los republicanos han presentado un nuevo borrador de la normativa, que sigue sin convencer a los demócratas, cuyos votos son necesarios para tramitar la ley, ante las todavía escasas garantías para que los funcionarios públicos no saquen provecho de negocios vinculados a las criptos.
En el último año, el entusiasmo del mercado ha ido migrando de un grupo de ganadores a otro: primero las hiperescaladores (las grandes tecnológicas que operan centros de datos a gran escala), después los desarrolladores de modelos, más tarde los fabricantes de semiconductores, los productores de memoria, los operadores de centros de datos y los proveedores de equipos de energía, refrigeración y redes. Sin embargo, en las últimas semanas los fondos de IA de amplio espectro y los índices con mayor peso tecnológico han empezado a perder impulso.
Queridos lateros, hoy vamos hablar de la sardina, ese pescado tan humilde y popular desprovisto de cualquier síntoma de esnobismo que durante generaciones fue tan socorrido en los hogares de nuestro país.
La factura que tendrá que pagar el Estado español por clausurar definitivamente el almacén de gas Castor, que nunca llegó a entrar en funcionamiento, superará los 330 millones de euros. Así consta en la documentación oficial hecha pública esta semana por Enagás, la empresa encargada de los trabajos de operación, mantenimiento y desmantelamiento de la planta gasista que se construyó frente a las costas de Castellón y Tarragona, y cuya operativa se paró en el año 2013 al detectarse centenares de movimientos sísmicos tras la inyección de gas en el depósito. El coste asumido por los ciudadanos y consumidores españoles, sumados los 1.350 millones finalmente reconocidos en indemnizaciones a las compañías, se acerca a los 1.700 millones.
La salida a Bolsa de Digi Spain Telecom el pasado 16 de julio dejó una de las imágenes más llamativas de la operación, aunque precisamente por la ausencia de su principal protagonista. Mientras directivos, banqueros, inversores y representantes institucionales asistían al tradicional toque de campana que marcó el debut bursátil de la operadora, el fundador y máximo accionista del grupo, el empresario rumano Zoltán Teszári, optó por mantenerse fiel a la estrategia que ha seguido durante décadas: permanecer completamente al margen del foco público.
Riyadh Air es un nombre conocido en España desde 2024, cuando empezó a patrocinar el estadio Metropolitano en Madrid. Hasta hace apenas un mes, sin embargo, la aerolínea estatal saudí no había realizado ni un solo vuelo comercial. Con siete aviones en su flota, ha empezado a desplegar sus operaciones con rutas hacia el Reino Unido y, desde la semana pasada, con dos vuelos semanales a Madrid con paradas por el verano en Málaga. En una entrevista concedida a CincoDías, el consejero delegado de Riyadh Air, Tony Douglas, describe la saturación de los aeropuertos en España y Europa como “un reto para que una aerolínea pase de gatear a correr como un velocista de élite”, aunque dice que es pronto para saber si limitará su propio crecimiento. El objetivo es alcanzar más de 100 destinos antes de 2030. A la vez, cree que el reducido tamaño de la compañía y los bajos costes operativos juegan a su favor en plena crisis petrolera.
La Unión Europea acoge a poco más del 5% de la población mundial, pero concentra un 25% de los investigadores científicos de todo el planeta, según la Comisión Europea. El año pasado, los países de la Unión Europea (UE) crearon 27.000 nuevas start-ups tecnológicas, una cifra récord que supera incluso la de Estados Unidos. Sobre el papel, el continente reúne los ingredientes para posicionarse en el podio de la carrera tecnológica, pero al observar los nombres de las grandes empresas que dominan en inteligencia artificial, semiconductores o el espacio, la gran mayoría de nombres europeos desaparecen de la lista.