El Gobierno ha entregado este miércoles al Tribunal Supremo la lista con las identidades de los nacionalizados por la llamada ley de nietos que le reclamó el pasado viernes. Aunque la Abogacía del Estado cifró en 163.020 personas los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) afectados por la suspensión del derecho al voto decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fuentes del Gobierno señalan que la relación final, tras repasar todos los expedientes, contiene un total de 163.355 nombres, de los que hay 901 cuyos expedientes acreditan la condición de exilio, que ha sido certificada por los cónsules. Según la orden dictada por el Supremo, solo estos podrán votar en las elecciones del 29-N.
Las izquierdas acordaron este mes negociar la formación de un Gobierno de coalición en Berlín que abordará la nacionalización de activos de fondos inmobiliarios y dé a la capital alemana 150.000 nuevas viviendas públicas. Die Linke ganó con claridad las elecciones regionales de septiembre con la promesa de llevar a cabo estas expropiaciones para frenar el encarecimiento de los alquileres. El canciller alemán, Friedrich Merz, ya advirtió de que impediría las nacionalizaciones y su Gobierno prepara una ley para hacerlo imposible.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado explicaciones sobre el accidente ferroviario de Toledo, que ha provocado al menos 68 muertos y 77 heridos, así como una investigación gubernamental y judicial “inmediata” y “sin interferencias”. Feijóo, que ha comparecido de urgencia en la sede del PP en una declaración sin preguntas y con un crespón negro a su espalda, ha instado además a una “revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria”. “España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad y qué advertencias se recibieron desde Adamuz y qué medidas se adoptaron”, ha pedido el jefe de la oposición.
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Urda (Toledo), junto al lugar del grave accidente ferroviario que ha causado al menos 68 muertos tras chocar dos trenes de alta velocidad a primera hora de este miércoles. Sánchez ha acudido la tarde de este miércoles a respaldar el trabajo de los equipos de emergencia y transmitir su apoyo a los afectados por el siniestro, y ha enfatizado que se investigará todo lo ocurrido. “El objetivo es esclarecer lo sucedido, por qué ha ocurrido”, ha recalcado, para llegar “hasta el final” y dirimir si ha habido “negligencias” y “fallos”. Si las ha habido, ha recalcado, “se sabrá”. El líder socialista ha mencionado el accidente ocurrido en enero en Adamuz (Córdoba) y ha reconocido que no “es asumible” que el país sufra dos graves accidentes de alta velocidad en un mismo año.
Joan Matji (Lesoto), directora global de Nutrición y Desarrollo Infantil de Unicef, considera que como sociedad hemos fallado a niños y adolescentes al permitir que estén rodeados de alimentos ultraprocesados y poco saludables donde viven, estudian y juegan. “Creo que estamos ante un problema muy serio”, mantiene en una entrevista con EL PAÍS en Madrid, donde participa en la Cumbre Mundial sobre Obesidad, que del 26 al 28 de octubre reúne a gobiernos, personas con obesidad, jóvenes y representantes de la sociedad civil para evaluar los progresos y acordar prioridades en la lucha contra esta enfermedad crónica de aquí a 2030. Para ella, el aumento de los niños con sobrepeso y obesidad va más allá de ser un asunto sanitario, sino que “es el resultado de un fracaso de los sistemas y los entornos alimentarios en los que crecen los niños”, que, además, tiene un alto coste económico para los Estados. “La prevención es mucho más barata que el tratamiento”, explica Matji, que apuesta por una combinación de medidas, que pasan por facilitar el acceso a dietas saludables, educación y una mayor regulación.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado de “inexplicable” que el centro de control de Adif autorizara al tren de alta velocidad de Renfe a reanudar la marcha con normalidad cuando el convoy de Iryo seguía detenido en la vía. Aunque todavía no está claro por qué se dio esa orden ni cómo pudo producirse el choque en esas circunstancias, la versión oficial apunta a que al menos un maquinista de otro tren advirtió al centro de control de que, tras el fallo del sistema de seguridad y de comunicación que se produjo en torno a las 8:30 horas, no se podía circular con normalidad y era necesario avanzar a marcha vista, es decir, con el maquinista avanzando a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y preparado para detenerse ante cualquier obstáculo.