Y ahora, a escrutar currículos. La conversación pública en España se ha centrado en las últimas 48 horas en verificar al milímetro las biografías académicas de los políticos, sobre todo en redes sociales, donde liderar la opinión generalizada es una cuestión prioritaria para cualquier partido. La dimisión de Noelia Núñez —diputada y alto cargo de Alberto Núñez Feijóo en la dirección nacional hasta este miércoles— por falsear y presumir de unos títulos universitarios que no tenía, ha provocado un toque de corneta generalizado entre PP y PSOE. Sobre todo entre los populares, donde existía una fuerte división entre Génova y el PP madrileño de Isabel Díaz Ayuso —que no era muy partidario de exigir la renuncia de Núñez—, ya que pertenecía a sus filas y donde era considerada como “la Ayuso de Fuenlabrada” por el empuje que la presidenta madrileña había dado a su carrera política. “Lo hemos considerado un error que no puede suponer la muerte civil de una persona”, explicaban fuentes del partido regional horas antes de su renuncia.

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Daniel Arcuri Rivas viaja ya con su padre hacia Italia, una vez que se ha reunido con él a primera hora de la mañana en un procedimiento mucho más íntimo y sin la sobreexposición a la prensa que ocurrió en el primer intento, el martes pasado. La amplia acción judicial y extrajudicial desplegada tanto por los abogados de la familia como por los dos hermanos no ha sido finalmente útil para que el menor permanezca en España con su madre y Gabriel, su hermano.

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Reconozcámoslo: el rechazo esta semana en el Congreso del decreto antiapagones no es sólo un obstáculo más en la transición energética, es una pérdida de oportunidad vergonzosa, desalentadora y un síntoma de la lejanía actual de la clase política frente a las necesidades y preocupaciones reales de la ciudadanía, que asiste perpleja a un debate energético donde no parece haber soluciones ni esperanza posibles.

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