Hace dos años Valencia se sintió desprotegida la tarde y la noche de la dana, cuando la alarma sonó con el agua ya dentro de las casas. También se sintió así en los días siguientes, mientras miles de voluntarios llegaban a pie donde los poderes públicos aún no lo habían hecho.
La disputa en torno al Tribunal Constitucional en Polonia ha devuelto el foco a la extrema polarización del país. Los insólitos acontecimientos ilustran la lucha entre dos bloques políticos irreconciliables. Por un lado, un Gobierno de coalición liberal capitaneado por Donald Tusk que decide hacerse por sorpresa y con mano dura con el control del alto tribunal, politizado y deslegitimado. Por otro, una derecha ultraconservadora que se aferra a las cuotas de poder que capturó con maniobras contrarias al Estado de derecho y un jefe de Estado capaz de abrirse paso por la fuerza en la institución que vela por el orden constitucional.
La Unión Europea se enfrenta a ocho semanas de negociación de vértigo. A la gran batalla por el presupuesto plurianual (MFF) de casi dos billones de euros se suma ahora, con la salida anticipada de la francesa Christine Lagarde, la contienda por el reparto de la presidencia del Banco Central Europeo y otros dos sillones del Comité Ejecutivo de la institución económica que, entre otras cosas, fija los tipos de interés de los 21 países de la zona euro. Y aunque las reglas son distintas para los dos elementos, lo que limita el canje formal, fuentes diplomáticas y comunitarias reconocen que el equilibrio y el juego político vinculan las dos cuestiones. Sobre todo porque ningún candidato a encabezar el BCE ha prosperado nunca sin el apoyo de Alemania y Francia. Como favoritos para suceder a Lagarde suenan el español Pablo Hernández de Cos, que fue gobernador del Banco de España y hoy dirige el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), y el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del banco central de Países Bajos.
Raquel Catalá trabaja como una hormiguita desde hace cuatro años en el juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid. Desde que llegó, con una energía que no le pasa desapercibida a nadie, puso el contador prácticamente a cero en esa plaza judicial, en la que los asuntos se acumulan en torres de carpetas, y llevando a todo el personal del juzgado a su ritmo, tan frenético como la rapidez con la que piensa su cabeza. Su talón de Aquiles han sido casi siempre los desahucios. Desde hace más de tres años, en sus autos, suele rechazar la ejecución de esa desgarradora medida, que consiste en expulsar a la gente de sus casas, por entender que se deja a los inquilinos, “sea cual sea su naturaleza y siendo okupas la mayor parte de las veces”, en situación de calle. Según la interpretación que hace esta magistrada valenciana de las leyes, no se puede echar a ninguna familia vulnerable (sin recursos económicos o con menores al cargo) sin ofrecerle al mismo tiempo una alternativa habitacional estable". Esa es la idea que atraviesa sus decisiones judiciales a este respecto, para las que se lee la letra más pequeña y realiza una aproximación integral a la problemática, incluyendo factores sociales y de género para delimitar competencias y responsabilidades de todas las partes implicadas.
Todos los termómetros en Ceuta lo certifican: las temperaturas se han desplomado. Más allá de las evidentes, las que marca el mercurio decretando chaquetas y chubasqueros, el clima de tensión social ha bajado muchos grados tres meses después de la entrada masiva de migrantes. Cuando se cumple un trimestre de aquello la ciudad ya es otra, transita una nueva fase que comenzó con el desalojo de los asentamientos de las playas y continuó con la expulsión de migrantes a Marruecos, un flujo diario que ya ha sacado a casi 14.000 personas por la frontera. Otras 7.000 continúan en los centros de acogimiento, y el Ejecutivo de Juan Jesús Vivas calcula que 4.000 más quedan sin identificar.
Acude a la entrevista vestida con un pantalón vaquero y un jersey amplio. Maquillada y con un piercing en la nariz, cubre la cabeza con un hiyab negro, el velo que deja solo a la vista el óvalo del rostro. A sus 22 años, Yasmine —nombre ficticio que pide que se use para preservar su verdadera identidad— tiene el aspecto de las jóvenes musulmanas que siguen los preceptos del Islam sobre la vestimenta, pero no el de una yihadista. Y, sin embargo, en mayo de 2025 la Policía Nacional la detuvo en Alcorcón (Madrid, 173.600 habitantes) junto a su hermana más pequeña, acusadas de crear en redes sociales una “academia de la yihad dirigida a mujeres” con canales en WhatsApp y Telegram con la que supuestamente “inoculaban la ideología proyihadista del Estado Islámico hacia otras fieles musulmanas”. Pasó 56 días en prisión provisional. El pasado 15 de octubre, 17 meses después de su arresto, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña acordó el sobreseimiento provisional de las acusaciones contra ella y el archivo de la causa al concluir que ni difundían el ideario terrorista ni se estaban capacitando para cometer atentados. “Aún me pregunto por qué me detuvo la Policía”, afirma solo unos días después de que el magistrado haya eliminado de su horizonte vital una posible acusación por adoctrinar a otras personas, castigada con hasta cinco años de cárcel.
“Hacemos protestas pacíficas para llamar la atención de la emergencia climática, pero nos tratan como si fuéramos terroristas”. Alba del Río, de 25 años, se quejaba amargamente el pasado miércoles antes de entrar a uno de los juicios a los que se enfrenta por su activismo radical en Futuro Vegetal, una organización ambiental de desobediencia civil. Del Río se pegó al marco de una maja de Goya en el Museo del Prado y protestó en la tribuna del Congreso, aunque el proceso de esta semana es por colarse en las pistas del aeropuerto de Barajas. Se pegaron al asfalto y se los detuvo por delitos de desórdenes públicos, daños y contra la seguridad aérea. El juez ha absuelto a los tres imputados (dos activistas y un periodista), que todavía tienen pendiente una posible multa administrativa de 90.000 euros, mientras la policía mantiene la investigación al colectivo como organización criminal.
Cuando, en enero de 2025, José Manuel Almudí tomó posesión como decano de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la afluencia de invitados fue tal que tuvieron que celebrar el acto en la Facultad de Odontología. Allí Almudí, que está lejos de ser un exaltado izquierdista, no se cortó delante de lo más granado de la conservadora esfera judicial: “Me sume en una honda preocupación el austericidio que injustamente afecta al presente y al futuro de la educación universitaria pública, materializado en un recorte del 35% de los gastos de la facultad [desde julio de 2024]”.
El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes un real decreto que trata de garantizar una alimentación saludable en hospitales, centros residenciales y escuelas infantiles de 0 a 3 años, tanto de titularidad pública como privada, así como en bibliotecas, universidades y museos públicos. El texto, impulsado por Consumo, limita la presencia de frituras y alimentos precocinados en las comidas que se sirven en estos centros, y establece una mayor presencia de frutas y verduras de temporada y ecológicas. En el caso de niños y adolescentes va más allá: prohíbe que hospitales y escuelas infantiles sirvan alimentos muy grasientos, azucarados o salados. Además, las máquinas expendedoras de todos estos espacios deberán incluir un 70% de productos sanos y ponerlos en las filas con mayor visibilidad.
La Ley de niños (o Kids Act) presentada por la Comisión Europea el pasado septiembre está diseñada para amortiguar los daños que puedan generar las redes sociales, los videojuegos en línea, o la inteligencia artificial a través de chatbots como ChatGPT, Claude o Gemini. Algunas de sus propuestas son prohibir por completo a los más pequeños el acceso, por debajo de los 13 años; una entrada gradual a ese mundo virtual; o un tiempo máximo de exposición a las pantallas de una hora al día hasta los 15. Sin embargo, nada en esa normativa, que ahora está pendiente de ser aprobada, está pensado para cambiar las condiciones de mercado que hacen posible su funcionamiento actual; algo que cree imprescindible un grupo de think tanks vinculados a los partidos socialistas de cinco países europeos, entre ellos España.