El Gobierno ha aprobado 50 nuevas plazas de jueces especializados en violencia contra la mujer para evitar la sobrecarga en esos juzgados. Sin embargo, persiste la duda sobre si los jueces tienen suficiente formación en género, especialmente cada vez que un caso relacionado con la violencia contra las mujeres se vuelve mediático. Pasó con el de Iñigo Errejón o se cuestionó con el de Dani Alves. Pero la judicatura la componen más de 5.000 magistrados desde instrucción hasta el Tribunal Supremo. En enero ingresaron 137 nuevos; y a la vez, más de 1.000 rondan la edad de jubilarse. El 60%, son mujeres. El 5%, tiene familiares del gremio.
Ana Ribera
Nacho Taboada
Jorge Magaz
Gobierno, sindicatos y empresarios aguardaban con expectación en diciembre del año pasado a que el Tribunal Supremo fijase doctrina sobre las indemnizaciones adicionales por despido improcedente. El tribunal falló contra este tipo de compensaciones, superiores al máximo que establece el estatuto de los trabajadores (33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades), pero dejó una puerta entreabierta al subrayar que no tomaba en cuenta en su decisión la ratificación de la Carta Social Europea por parte de España. Según establece una providencia emitida el viernes 6 de junio, la Sala de lo Social del Supremo se pronunciará al respecto el 16 de julio, lo que terminará de cerrar el debate en los tribunales.
El viento del Báltico sopla fuerte y el cielo ennegrecido amenaza tormenta. La marcha militar Warszawskie dzieci (Niños de Varsovia) a todo volumen evoca el levantamiento de la capital polaca frente al ejército alemán en 1944. La música envuelve de épica la 43ª Base de la Fuerza Aérea Naval de Gdynia —a aproximadamente 70 kilómetros de la frontera rusa de Kaliningrado y a 25 de la península de Westerplatte, donde comenzó la Segunda Guerra Mundial—. “Es para motivarlos. Al principio están un poco asustados”, explica el teniente coronel Maciej Hulisz señalando a unos grupos dispersos en una enorme pradera. Son 200 civiles, de entre 15 y 53 años, que han decidido pasar el último sábado de mayo entrenando con el ejército.
Una casa cualquiera de un pueblito cualquiera del entorno del frente de Pokrovsk (región de Donetsk, en el este de Ucrania) se ha convertido en un centro de adaptación de drones para el combate. Imposible adivinar a simple vista desde fuera qué se cuece dentro. Instalaciones de este tipo crecen como champiñones para abastecer las crecientes necesidades del ejército ucranio, especialmente de las cinco unidades especializadas en armamento aéreo no tripulado que conforman una línea defensiva de cientos de kilómetros de largo que trata de ser de nuevo parapeto frente a la ofensiva del invasor ruso.
Donald Trump acudió la noche del sábado a una pelea de la UFC en Nueva Jersey. El presidente de Estados Unidos lanzó desde allí un golpe a uno de sus objetivos predilectos: California, el gran bastión demócrata del país, que lleva dos días siendo el centro de las protestas contra las redadas migratorias de la Administración. “El incompetente gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han sido muy lentos y permitieron el desastre”, escribió al filo de la medianoche el mandatario en Truth Social. “Gran trabajo de la Guardia Nacional tras dos días de violencia, choques y malestar social”, aseguró el mandatario, a pesar de que los soldados de la fuerza militar aún no habían llegado a las calles angelinas. La dispersión de los manifestantes se explica por la actuación de la policía de Los Ángeles. La presencia de la Guardia Nacional, armada con rifles y equipo antidisturbios, se notó la mañana del domingo en la ciudad.
Los grupos yihadistas que operan en el Sahel han lanzado en el último mes una sucesión de ataques terroristas contra bases militares y ciudades de Malí, Níger y Burkina Faso que han provocado al menos 300 muertos, mayoritariamente soldados. La ofensiva revela la capacidad de estos grupos armados de organizar ataques de envergadura, después de varios años en los que han sufrido pérdidas severas, y desafía el relato de las juntas militares que gobiernan estos tres países de que están ganando la guerra contra el terrorismo.
Unas 20 personas están sentadas en círculo en un templete de madera con forma de pagoda. Forman una extraña mezcla. Hay mujeres jóvenes muy concentradas, también ancianas con la mirada perdida, dos curadores de arte, una doctora en Literatura Inglesa y un profesor estadounidense especializado en resolución de conflictos. Algunos sostienen un libro, otros, unas fotocopias. Tocados por el sol de la tarde, leen en voz alta el capítulo seis de la novela Actos humanos (Random House, 2024) de la escritora surcoreana Han Kang, última ganadora del Nobel de Literatura. Es un relato desgarrador.
El taller de la sombrerera Ana Lamata (44 años, Santander) en Madrid está repleto de piezas de colección. No solo de los sombreros que ella misma elabora, sino de los que ha ido coleccionando a lo largo de su vida, todos ellos piezas datadas entre 1860 y 1960 que evidencian la evolución de este accesorio universal. Fue el coleccionismo lo que la llevó a dar un paso más allá y profundizar no solo en la historia de este complemento, sino también en los secretos de sus materiales y técnicas de fabricación. Un viaje que le ha llevado a convertirse hoy en una de las últimas artesanas de los sombreros que fabrica siempre a mano, a medida y por encargo, con materiales y tintes naturales con los que experimenta para obtener el tono adecuado. Sombreros que, además de cubrir la cabeza de sus propietarios, incluso han sido expuestos en el Museo del Prado como una pieza de arte más.
Leire Díez, la exconcejal socialista que se ha dado de baja en el partido tras destaparse sus gestiones con abogados e imputados buscando información contra la UCO de la Guardia Civil o el fiscal anticorrupción José Grinda, entregó la semana pasada en la sede central del PSOE un pendrive con abundante información sobre las cloacas del ministerio del Interior en la etapa de Gobierno del PP (2012-2018). El PSOE remitió esa documentación a la Fiscalía General del Estado, dónde aún no han decidido qué hacer con ese material. El expediente Leire incluye cientos de audios grabados por el comisario José Manuel Villarejo a lo largo de 20 años y que acreditan un sinfín de operaciones ilegales durante la etapa de Gobierno del PP (2012-2018).
