El malestar del Gobierno de la Generalitat con Adif y Renfe ha estallado tras el último episodio de caos de Rodalies vivido esta mañana. Fuentes del Govern han manifestado que “exigen” que, “de manera inmediata se asuman responsabilidades en Adif y Renfe”. Ante esta posibilidad, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández, ha asegurado: “No nos han pedido dimisiones, pero, además, no es el momento. Cuando se acabe la crisis resolveremos”. Los problemas siguen sucediéndose en Rodalies tras una mañana caótica en Cataluña. La circulación de la R8 ha quedado interrumpida a mediodía en Rubí-Can Vallhonrat (Barcelona), igual que la circulación de la R11 entre Caldes de Malavella (Girona). A primera hora de la mañana, el servicio de Rodalies ha sufrido dos parones totales. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado de que Adif no descarta que puedan haber ocurrido por un ciberataque. Además, una rotura en la vía de la línea de AVE entre Barcelona y Madrid ha obligado a Adif a limitar la velocidad a 80 kilómetros en el Camp de Tarragona. El caos ferroviario se ha trasladado también a las carreteras, especialmente en las vías de acceso a Barcelona, con retenciones importantes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene comparecerá en el Congreso el 11 de febrero; mientras que Puente lo hará en el Senado este jueves 29 de enero.
El experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha puesto a las claras que todas las sospechas de los técnicos sobre la causa del siniestro de Adamuz (Córdoba) se centran en la rotura de la soldadura de un carril en uso, con fecha de producción en 1989, con otro de nueva factura datado en 2023. El colapso de esa junta habría motivado el descarrilamiento del tren Iryo el pasado domingo. Esa, al menos, es la hipótesis central y cobra cada vez más fuerza.
El Ayuntamiento de València ampliará hasta los 45 años —10 años más que ahora— el límite de edad para optar al acceso prioritario a un alquiler asequible en la ciudad y establecerá un periodo mínimo de 7 años de arraigo, de empadronamiento, para poder solicitarlo. La alcaldesa María José Catalá, que ha presentado hoy una ampliación de su plan de vivienda para este mandato, propone además dividir pisos grandes para aumentar el número de viviendas y destinar a solares de uso educativo para hacer residencias.
Madrugada de jaleo en el río Guadalquivir. Cinco narcolanchas suben río arriba, así que una patrullera de la Guardia Civil inicia una persecución contra una de ellas. Chocan, la goma escapa y se interna en los caños de Doñana, donde acaba embarrancada. Huyen dos ocupantes, pero en el interior queda un tercero tan malherido que muere poco después. Ocurrió en noviembre de 2024 y podría haber sido un accidente más de la especialmente luctuosa lista de ese año —saldado con dos guardias civiles y cuatro ocupantes de narcolanchas fallecidos— si no fuese porque un poderoso capo de la cocaína ofreció 12 millones de euros a la familia del difunto como “pago de silencio”.
En un día de julio de 2023, Nuno Pardal Ribeiro, por entonces vicepresidente en Lisboa de la formación ultraderechista Chega, diputado municipal y presidente de la Asociación Nacional de Toreros, recogió a un joven de 15 años en una estación de tren. El encuentro había sido acordado por WhatsApp, tras varios intercambios de mensajes que habían comenzado en la aplicación de contactos Grindr. Pardal aparcó su coche junto a un pinar y ambos tuvieron sexo oral. Al finalizar, el político le pagó 20 euros al adolescente y, en días posteriores, trató de repetir el encuentro. El juicio contra Pardal por dos delitos de prostitución de menores (uno consumado y otro en tentativa) ha comenzado este lunes en Cascais. La pena máxima para estos delitos es de tres años de cárcel.
La Comisión Europea da un nuevo paso en su batalla para que las grandes tecnológicas cumplan con las leyes europeas. Acaba de lanzar una investigación sobre Grok, la herramienta de inteligencia artificial de la red social X, a cuenta de la función que permite imágenes sexualizadas de menores y otros contenidos ilegales, “incluido el contenido que pueda constituir material de abuso sexual infantil”, según ha anunciado el Ejecutivo de la UE.