Una escapada romántica, regalo de las hijas. Una visita a los padres. Un viaje para conocer al nuevo sobrino. Un favor: acompañar a unos amigos a un evento. Una charla en la universidad para hablar con admiradores de la pasión de una compositora: la música… Casi tantos motivos como pasajeros. Por segunda vez en apenas nueve meses, esa actividad cotidiana, coger un tren de Madrid a Sevilla, ha supuesto perder la vida. En enero fallecieron 46 personas en el accidente de Adamuz (Córdoba); en el siniestro de este miércoles en Urda (Toledo) la cifra de víctimas mortales asciende a 69. Más de 110 muertos en menos de un año en la misma línea, la primera en estrenar, en 1992, la alta velocidad, durante un tiempo, la joya de la corona de ese concepto conocido como Marca España.
La mañana del miércoles España despertó con un soleado día de otoño que, en cuestión de minutos, quedaría ensombrecido por una gigantesca tragedia. Poco después del amanecer, 147 personas se apresuraban en la estación madrileña de Atocha para coger un tren Iryo que salía a las 7.54 horas hacia Sevilla. La joven atleta Julieta Gallego, que había llegado desde Berlín para disfrutar de unos días de vacaciones en Córdoba con sus abuelos; la podóloga argentina de 32 años, Ana María Conte, que regresaba a su lugar de residencia junto a su hermano Zacarías; el revisor portugués de 49 años Nelson Bernardino, que atendía con su uniforme a los pasajeros; o la exministra Fátima Báñez, de 59 años y actual presidenta de la Fundación CEOE, que acudía a los actos por el Día de la Empresa en Andalucía.
El ministro del Club de la Lucha está contra las cuerdas, pero se niega a arrojar la toalla. Óscar Puente (Valladolid, 57 años), al igual que la película noventera de David Fincher con la que se identifica por su desacomplejada pelea diaria con la derecha y los socialistas críticos con Pedro Sánchez, sigue sin dejar a nadie indiferente. Y menos ahora, en su noche más oscura por los 69 fallecidos en Urda (Toledo), la segunda tragedia de la alta velocidad en nueve meses tras la de Adamuz (Córdoba), con 46 muertos: no solo la derecha sino el Frente Amplio y Comisiones Obreras piden su cese o dimisión. Mientras, el PSOE guarda silencio dividido sobre la idoneidad de la continuidad de su enfant terrible a menos de un mes de las elecciones generales. “Mis causas son mas importantes que mi vida. No tomo decisiones pensando en mí, sino en si son útiles. Y el que manda ha considerado que soy útil”, compartió Puente el viernes en un corrillo informal con periodistas tras “dar la cara” en una rueda de prensa de dos horas sin límite de preguntas ni medios vetados. Se mostró entero. Solo incómodo en una de las ocasiones, cuando se le espetó por enésima vez que debía marcharse y sin honor alguno. El martes le espera otra sesión que puede precipitar su futuro, en la Diputación Permanente del Congreso.
Francisco José Garzón (Monforte de Lemos, 65 años) responde al teléfono al quinto tono. No es fácil hablar con él, tampoco cuando descuelga. Hay ruido de fondo, su voz suena tranquila pero evasiva. “Yo te pido, por favor, que hables antes con mi abogado. Todo lo que diga tiene que contar con su permiso”, dice al periodista.
Mägo de Oz es la banda más grande del heavy metal español. También la más conflictiva. Algunos pensarán: ¿y Barón Rojo, qué? Otros: ¿y Obús? Pero los números avalan a Mägo de Oz: los miles de asistentes a sus conciertos en España y Latinoamérica durante tres décadas son imbatibles. También en ventas de discos supera a cualquier otro grupo del género duro. Este año, por ejemplo, su nuevo álbum, Malicia: la noche de las brujas (2025), compite en los Grammy Latinos como mejor disco de rock. El juicio resulta menos concluyente cuando se atiende a la calidad musical y al peso histórico del repertorio. Incluso los propios integrantes de Mägo de Oz reconocerían, acaso en privado, el impacto y la trascendencia de las canciones de Barón Rojo, claramente superior al suyo.
Acabadas las elecciones en Israel, los ingredientes están claros, pero queda lo más difícil: ligar la salsa. Los resultados definitivos de los comicios, difundidos el viernes, apenas varían el dibujo que se venía esbozando: el Likud, el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu, cae de 32 a 27 escaños, pero sigue como primera fuerza. Su coalición, sin embargo, pierde la mayoría parlamentaria, al quedarse en solo 53 escaños de los 120 que tiene la Kneset. En otro país, la conclusión sería que ha ganado la oposición. Pero los 67 escaños restantes se dividen entre 48 para los cuatro partidos judíos —que van desde, sobre todo, la derecha hasta la izquierda secular—y en 19 para las dos listas que representan a los palestinos con pasaporte israelí: un 20% de la población estigmatizada y tratada como ciudadanos de segunda. Y si algo han mostrado los primeros días de contactos es justamente cuánto costará en el Israel de 2026 que los partidos judíos integren a los árabes. Tanto que se habla más ya de nuevas elecciones que de nuevo Gobierno.
El mundo se adentra en una nueva época en la cual, pese a los grandes avances y promesas de la ciencia y la tecnología, abundan riesgos catastróficos y vectores de involución. Los conflictos armados aumentan, las instituciones internacionales se tambalean, la calidad democrática global se erosiona, el cambio climático avanza desbocado, el precio de la energía fomenta malestares sociales. Si a ello se añade el auge de fuerzas nacionalistas y el galope descontrolado de la inteligencia artificial (IA), el cuadro de conjunto es una navegación en aguas desconocidas repletas de rocas peligrosas y con corrientes de reflujo.
Francia atraviesa uno de los periodos más convulsos de las últimas décadas. Tras diez años de macronismo, el país se asoma a un fin de reinado donde convergen una crisis económica, social, cultural e identitaria. El presidente de la República fue elegido en 2017 para frenar a los extremos y crear un gran espacio de centro. Una década después, a las puertas de unos comicios cruciales la próxima primavera, la ultraderecha está más cerca que nunca del Palacio del Elíseo y ese espacio de moderación ha perdido todo su sex appeal político. La música de fondo señala desde hace meses a una sola persona capaz de encarnar el antídoto al veneno populista.
Tener abierta una cuenta en el banco que apenas se usa puede salir muy caro. La banca española llega a cobrar hasta 276 euros al año por el mantenimiento de una cuenta corriente y una tarjeta de débito a los clientes menos vinculados. Es el precio más elevado de entre las once entidades analizadas para el supuesto de un cliente que no cumple con ninguna de las condiciones que exigen las entidades para librarse de las comisiones que figuran en la letra del contrato al abrir una cuenta.
España no puede ser un país donde dé miedo subirse a un tren. La tragedia de Urda es el segundo accidente con decenas de muertos en la alta velocidad en menos de un año. Esa circunstancia desacredita cualquier argumento sobre su carácter excepcional, aunque contenga elementos azarosos como cualquier accidente. “Hay una confianza quebrada en el sistema de alta velocidad”, reconoció el viernes Pedro Sánchez. Que el presidente del Gobierno haga una afirmación de este calibre da una idea de la gravedad de la crisis. Ciertamente, la quiebra de la confianza es sistémica. Y la respuesta merece estar a la altura de ese diagnóstico.